Entre juzgados y tribunales de arbitramento en Colombia y en el exterior, el Estado enfrenta demandas que le representan miles de millones de pesos. Empresas de hidrocarburos, minería y del sector hotelero han emprendido acciones legales a raíz de decisiones judiciales que han modificado sus permisos para trabajar. Por mencionar unas cuantas, tres empresas canadienses que tenían proyectos en el páramo de Santurbán demandaron por US$1.078 millones luego de una modificación a sus licencias ambientales. Tobie Mining, que explotaba la tierra en el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis, demandó por US$16.500 millones cuando le fue expropiado su título minero.
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Que las empresas afectadas por las decisiones judiciales tengan derecho o no a una indemnización es un debate jurídico de alta importancia para Colombia. Y un expediente en estudio en el Consejo de Estado podría ser clave para determinar si estas empresas deben recibir una compensación cuando el Estado modifica los permisos y eso termina afectando su producción. Vale aclarar que se trata de casos en los que las licencias o títulos fueron entregados de manera legal, pero, en aras de proteger el medio ambiente, diferentes autoridades han modificado las reglas iniciales. El caso en concreto tiene que ver con un ecohotel que la empresa Reserva Los Ciruelos quería construir en el Parque Tayrona.
El ambicioso proyecto de llevar este turismo alternativo a la sierra quedó en unos cuantos pozos de agua en el terreno y unos planos en donde los diseñadores plasmaron el croquis de unas sofisticadas cabañas sobre los claros de los bosques. Pese a que en 2011 iniciaron el proyecto con las licencias ambientales requeridas y el permiso de entrar a la zona, sin el aval de las comunidades indígenas que allí han habitado durante cientos de años, en 2012 todo empezó a echarse para atrás. En julio de ese año, a manos de los expertos en licencias ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) llegó un concepto técnico elaborado por científicos de Parques Nacionales.
Los técnicos explicaron que, según hallazgos del Instituto Humboldt y la Universidad Icesi de Cali, se debían revisar las obras aprobadas en el Parque Tayrona pues allí había un ecosistema conocido como bosque tropical seco que había que proteger de manera urgente. Y les hicieron una advertencia categórica: si el ecohotel de Los Ciruelos continuaba su construcción, se generaría un daño irreversible y el bosque se vería afectado irremediablemente. Ante la urgencia elevada por los científicos, la ANLA modificó la licencia y con esto frenó de totazo las obras. La empresa constructora, al ver perdido su proyecto, decidió encaminar sus esfuerzos en el plano legal.
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Por lo menos en Colombia emprendieron dos vías: una de reparación directa y otra de nulidad y restablecimiento del derecho. Entre los dos recursos jurídicos, Los Ciruelos busca que el Estado les pague más de $6.320 millones, pues, en el papel, la empresa tenía todos los permisos legales para realizar la obra y en ninguno de ellos las autoridades colombianas advirtieron que en donde querían trabajar había un ecosistema que no se podía tocar. Entre las autorizaciones que tenían estaba la licencia ambiental y por eso, explicaron, tenían el derecho de seguir con su trabajo. El expediente que más ha avanzado y que ya tiene un fallo del Tribunal de Cundinamarca es el más jugoso ($6.000 millones).
Y es ese el que precisamente está en estudio en el alto tribunal, en donde, además de revisar todas las pruebas del caso, existe ya un precedente fundamental: el Tribunal de Cundinamarca explicó en primera instancia que el Estado no tiene por qué responder económicamente a la empresa, pues, primero, por encima de los derechos de una constructora de adelantar proyectos está el de la protección del medio ambiente. Segundo, porque una licencia ambiental en ningún momento puede ser entendida como un derecho irrevocable. Y tercero, porque en el caso de Los Ciruelos nunca se realizó una consulta previa para preguntarles a los indígenas de la región si estaban de acuerdo con el proyecto.
La decisión del tribunal se conoció en abril del año pasado. La empresa apeló el fallo y el caso llegó al Consejo de Estado. En su defensa, Los Ciruelos insistió en que la modificación de la licencia había violado su derecho adquirido, pues, en su opinión, desde mucho antes de iniciar las obras ya se sabía que allí había un bosque tropical seco y nadie se opuso. Agregó que nunca se tuvo la certeza de que el ecohotel iba a afectar el ecosistema y que los informes técnicos no eran adecuados. Recordó también que antes de que se modificara la licencia, la directora de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (Uaespnn) había dejado clara su postura de detener el proyecto.
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Los demandantes recordaron que por la época en la que se suspendieron definitivamente todas las obras, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, había hecho pública su desaprobación del proyecto en el Parque Tayrona. En su cuenta personal de Twitter, el primer mandatario escribió que el bosque tropical seco no se podía afectar y en el programa Hora 20 de Caracol Radio explicó que la licencia autorizada a la empresa en 2009 se había otorgado cuando no había suficiente información para determinar que, en efecto, allí había un ecosistema que debía protegerse y que, en consecuencia, no se podía desarrollar ningún proyecto que pudiera afectarlo.
A la voz de protesta del presidente se sumaron las intervenciones de la propia directora de la Uaespnn, Julia Miranda, del ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y de varios políticos, exministros. Precisamente, por esos mismos meses, el país no dejaba hablar de otro proyecto, el de Six Senses, que también tenía la intención de construir un ecohotel de siete estrellas en ese lugar. Este, a diferencia de Los Ciruelos, no alcanzó a tener una licencia ambiental para construir. “Ante la presión mediática provocada por los pronunciamientos del presidente”, arguyó la empresa envuelta en este lío judicial, la ANLA suspendió las obras en el parque.
Asimismo, Los Ciruelos señaló que sí trató de hacer la consulta previa con los indígenas. Pero, como les explicaron a los magistrados, esos esfuerzos se frustraron cuando los cabildos le exigieron $452 millones a cambio de su aval para organizarla. Para Los Ciruelos es claro que el costo de diseñar el proyecto, de contratar metodologías y tecnologías internacionales, adecuadas para realizar la obra ecológica, y la contratación de arquitectos, paisajistas y conceptos técnicos, debe ser retribuido por el Estado colombiano, pues es él, asegura la empresa, el culpable de que todos esos esfuerzos, tanto económicos como de mano de obra, terminaran en ceros.
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La magistrada del Consejo de Estado Marta Nubia Velásquez ya empezó a recibir los últimos alegatos para así pasar a escribir el proyecto de fallo que presentará a la sección tercera. Mientras se conoce la decisión de fondo, en el Tribunal de Cundinamarca siguen las audiencias por el otro proceso judicial. En diciembre del año pasado, el magistrado del caso escuchó el testimonio de Brigitte Baptiste, la directora del Instituto Alexander von Humboldt y miembro del panel mundial de biodiversidad de Naciones Unidas. Le preguntó sobre el plan que tenía Los Ciruelos de “solo” talar 200 árboles para construir 12 cabañas y ella contestó, sin dudarlo, que la tala de un solo árbol del Parque Tayrona resulta ser un daño irreparable para el bosque.
Al debate en el tribunal todavía le falta un largo trecho de testimonios y audiencias para tomar una decisión. Mientras tanto, el Consejo de Estado se apresta a tomar la decisión clave del debate jurídico sobre los derechos de las empresas en Colombia. Allí ya empezaron a llegar los alegatos finales y se espera que en poco más de un mes se conozca el sentido del fallo.
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Por El Espectador
