Los detalles del caso contra la secretaria del director del CTI por lavado de activos

 

El Espectador conoció el fallo que, en mayo pasado, emitió el Consejo de Estado dándole la razón a Carreño Daza. El alto tribunal ordenó otorgarle el pago de 100 salarios mínimos (es decir, $64’400.000) a Carreño y a cada uno de sus dos hijos, concluyendo que el Estado sí había sido el responsable de la muerte de Carlos Julio Ballesteros, ocurrida el 10 de junio del año 2000 como consecuencia de una herida de bala que una semana antes había recibido por parte de un patrullero de la Policía. 

 

Según la narración de los hechos que se lee en el documento, la muerte fue producto de un malentendido: Ballesteros despertó sospechas en el policía Alberto Rivera, quien pretendía requisarlo, pero al ver que Ballesteros tenía la mano en la chaqueta desenfundó su arma de dotación y le disparó al funcionario del DAS. Éste, a su vez, le disparó a Rivera en un pie como defensa, y el policía respondió nuevamente, ocasionándole a Ballesteros una herida en el abdomen por la que falleció después de diez días en cuidados intensivos.

 

Carmen Sofía Carreño Daza interpuso la primera demanda en contra de la Policía en  2002, pero después de analizar el caso, su solicitud fue negada en el 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que consideró que “la conducta del policial (Alberto Rivera) se encontraba justificada por la necesidad de defender su propia vida, pues fue objeto de una amenaza injusta e inminente de quien resultó muerto como consecuencia de los hechos”. Carreño apeló la decisión y, tras una década de espera, se reconoció la responsabilidad del Estado y la indemnización le fue concedida.

 

 Hoy, sin embargo, su panorama frente a la justicia es uno completamente distinto: Carreño, secretaria privada del director del CTI y su esposo actual, Luis Enrique Rodríguez, funcionario de la Dijín,  intentaron ingresar al país, en malestas doble fondo, más de US$200.000 cada uno el pasado miércoles. Con ellos también fue detenida la hija de 20 años de Carreño, María del Pilar Ballesteros Carreño, quien junto a su hermano también recibió una indemnización de 100 salarios mínimos cada uno por los hechos relacionados con la muerte de su papá. 

 

Fuentes de la Policía le dijeron a este diario que, en el momento de su captura en el aeropuerto El Dorado, Carreño explicó que su hija no tenía conocimiento de que en las maletas venía el dinero. Sin embargo, a la joven se le imputaron  los mismos delitos que a las demás personas: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Cargos suficientes para enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión.  Los otros dos detenidos e imputados fueron Myriam Alicia Galicia y David Díaz Galia. 

 

Según la Policía Fiscal y Aduanera, unas 30 personas han sido capturadas este año por intentar ingresar dinero al país sin declararlo, más del doble de las personas que fueron detenidas el año pasado (ocho). Y aunque los casos siempre llaman la atención porque suelen tener nexos con organizaciones narcotraficantes o contrabandistas, las detenciones del pasado miércoles se robaron toda la atención por el estatus de los detenidos.

 

Aunque ninguno de los procesados aceptó su participación en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, la Jueza Cuarta de Garantías les impuso medida de aseguramiento a los cinco implicados. Los dos hombres amanecieron  recluidos en la Picota y las tres mujeres en el Buen Pastor. La Fiscalía argumentó que dicha medida es necesaria porque podrían huir, toda vez que cuando la imputada Carmen Sofìa Carreño fue detenida llegando de un viaje desde República Dominicana se encontraba supuestamente en Boyacá, o era precisamente eso lo que había dicho al solicitar el permiso en su lugar de trabajo. El fiscal sustentó que “bajo esas condiciones representa una evidente obstrucción de la justicia porque no es sincera en sus actuaciones, pidió permiso para ir a su región de origen y terminó en la costa Caribe para traer activos”. Y añadió: “Nos podemos estar encontrando frente a una organización delictiva que viene enriqueciéndose producto del delito”. 

 

El Espectador conoció el fallo que, en mayo pasado, emitió el Consejo de Estado dándole la razón a Carreño Daza. El alto tribunal ordenó otorgarle el pago de 100 salarios mínimos (es decir, $64’400.000) a Carreño y a cada uno de sus dos hijos, concluyendo que el Estado sí había sido el responsable de la muerte de Carlos Julio Ballesteros, ocurrida el 10 de junio del año 2000 como consecuencia de una herida de bala que una semana antes había recibido por parte de un patrullero de la Policía. 

 

Según la narración de los hechos que se lee en el documento, la muerte fue producto de un malentendido: Ballesteros despertó sospechas en el policía Alberto Rivera, quien pretendía requisarlo, pero al ver que Ballesteros tenía la mano en la chaqueta desenfundó su arma de dotación y le disparó al funcionario del DAS. Éste, a su vez, le disparó a Rivera en un pie como defensa, y el policía respondió nuevamente, ocasionándole a Ballesteros una herida en el abdomen por la que falleció después de diez días en cuidados intensivos.

 

Carmen Sofía Carreño Daza interpuso la primera demanda en contra de la Policía en  2002, pero después de analizar el caso, su solicitud fue negada en el 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que consideró que “la conducta del policial (Alberto Rivera) se encontraba justificada por la necesidad de defender su propia vida, pues fue objeto de una amenaza injusta e inminente de quien resultó muerto como consecuencia de los hechos”. Carreño apeló la decisión y, tras una década de espera, se reconoció la responsabilidad del Estado y la indemnización le fue concedida.

 

 Hoy, sin embargo, su panorama frente a la justicia es uno completamente distinto: Carreño, secretaria privada del director del CTI y su esposo actual, Luis Enrique Rodríguez, funcionario de la Dijín,  intentaron ingresar al país, en malestas doble fondo, más de US$200.000 cada uno el pasado miércoles. Con ellos también fue detenida la hija de 20 años de Carreño, María del Pilar Ballesteros Carreño, quien junto a su hermano también recibió una indemnización de 100 salarios mínimos cada uno por los hechos relacionados con la muerte de su papá. 

 

Fuentes de la Policía le dijeron a este diario que, en el momento de su captura en el aeropuerto El Dorado, Carreño explicó que su hija no tenía conocimiento de que en las maletas venía el dinero. Sin embargo, a la joven se le imputaron  los mismos delitos que a las demás personas: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Cargos suficientes para enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión.  Los otros dos detenidos e imputados fueron Myriam Alicia Galicia y David Díaz Galia. 

 

Según la Policía Fiscal y Aduanera, unas 30 personas han sido capturadas este año por intentar ingresar dinero al país sin declararlo, más del doble de las personas que fueron detenidas el año pasado (ocho). Y aunque los casos siempre llaman la atención porque suelen tener nexos con organizaciones narcotraficantes o contrabandistas, las detenciones del pasado miércoles se robaron toda la atención por el estatus de los detenidos.

 

Aunque ninguno de los procesados aceptó su participación en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, la Jueza Cuarta de Garantías les impuso medida de aseguramiento a los cinco implicados. Los dos hombres amanecieron  recluidos en la Picota y las tres mujeres en el Buen Pastor. La Fiscalía argumentó que dicha medida es necesaria porque podrían huir, toda vez que cuando la imputada Carmen Sofìa Carreño fue detenida llegando de un viaje desde República Dominicana se encontraba supuestamente en Boyacá, o era precisamente eso lo que había dicho al solicitar el permiso en su lugar de trabajo. El fiscal sustentó que “bajo esas condiciones representa una evidente obstrucción de la justicia porque no es sincera en sus actuaciones, pidió permiso para ir a su región de origen y terminó en la costa Caribe para traer activos”. Y añadió: “Nos podemos estar encontrando frente a una organización delictiva que viene enriqueciéndose producto del delito”.