Un fallo puso en cintura a la Presidencia de la República y otras entidades del Gobierno Nacional que, por orden judicial, tendrán que tomarse en serio la protección de la Amazonía colombiana. Se trata de una decisión con la que esa instancia le dio la razón a una ciudadana que interpuso una demanda en contra del Ministerio de Ambiente, dos entidades más del Estado y dos corporaciones autónomas que tienen jurisdicción en el suroriente de Colombia.
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La sentencia pone de frente la urgencia de proteger a las comunidades de esa región clave para el mundo, afectadas también por una “colonización armada”, y obliga al Estado a cumplir con deberes que durante años ha omitido, como el de crear una Consejería Presidencial para el Amazonas.
La demanda fue interpuesta el 10 de abril de 2019 por Veruska Nieto, en representación de la fundación y movimiento ambiental Vivos, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además del Ministerio de Ambiente, el recurso fue contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Cormacarena y la Corporación CDA.
La líder ambiental argumentó que las entidades encargadas de proteger la Amazonía y a las comunidades que viven allí, especialmente pueblos indígenas, estaban pasando por alto la sentencia de abril de 2018 con la que la Corte Suprema de Justicia reconoció como sujeto de derechos a la Amazonía colombiana.
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En esa decisión, el alto tribunal dijo que las omisiones por parte de entidades del orden nacional y autoridades ambientales regionales estaban provocando una acelerada devastación de la Amazonía, que ponía en riesgo varios derechos, como el de la vida para las generaciones futuras. Además, la Corte Suprema de Justicia determinó que esa región es “titular de la protección, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran”.
No obstante, las acciones por parte del gobierno, según dijo el Tribunal en su fallo, y con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, no se han tomado en serio por las autoridades competentes y exigen “medidas inaplazables”, para ponerle freno a la crisis ambiental en el pulmón del mundo.
Justo ese era el objetivo de la demanda presentada por Vivos: que la justicia le diera un jalón de orejas a las entidades públicas por sus omisiones relacionadas con el cuidado de la Amazonía y la desatención a graves problemáticas como el aumento de la deforestación y la explotación de minerales e hidrocarburos con títulos irregulares.
Problemáticas que, según lo confirmó el Tribunal en su fallo, han vulnerado gravemente los derechos a un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al patrimonio cultural y a la integridad de los pueblos originarios. La principal razón de esas omisiones, dice el fallo, son los problemas de articulación estatal, que han sido la constante en varias de las carteras del gobierno actual.
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Una crisis “inaplazable”
Más de seis años tardó la justicia en tomar una decisión de primera instancia sobre la protección de los derechos de las comunidades de la Amazonía y la contención de la crisis ambiental en esa región clave para la sostenibilidad del planeta. Pese al tiempo que ha pasado, las cifras siguen demostrando que la crisis ecológica se ha agravado progresivamente.
Según datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la región de la Amazonía concentra el 68,2% de la deforestación en todo el país. El 62,5% de la deforestación se ha focalizado en zonas protegidas y otro 9% se ha registrado en zonas de Parques Nacionales Naturales, entre ellos, La Macarena, Chiribiquete y la Reserva Nukak en la Amazonía.
Según la demanda, el grave panorama de la Amazonía ha sido provocado por “la deforestación masiva y quema de bosques sistemática y permanente, el incremento desenfrenado en la extracción de minerales e hidrocarburos en zonas protegidas y con títulos mineros viciados, la desprotección de las comunidades indígenas y la devastadora ampliación de la frontera agropecuaria”.
También por las omisiones por parte del Estado: “Ausencia de planes de manejo, conservación e integración entre las zonas norte y sur de la Amazonía, la falta de protección a la fauna y flora, la construcción de un oleoducto en la zona que va desde el Amazonas hasta el océano Pacífico y la fragmentación de tierras y la construcción de vías en áreas protegidas”.
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Pese al llamado de atención por parte de organizaciones ambientales, comunidades de la Amazonía y de la propia Corte Suprema de Justicia, las entidades del Gobierno Nacional que deberían velar por su protección no han hecho lo suficiente. Incluso a pesar de que el cuidado del medio ambiente fue una de las principales banderas con las que el presidente Gustavo Petro llegó en 2022 a la Casa de Nariño, se vive una “preocupante e inaplazable problemática de la deforestación”, dice el fallo.
Agrega: “Sigue persistiendo una omisión incontrovertible por parte de los demandados y, consecuencialmente, la vulneración, agravio, amenaza y daño a los derechos colectivos, pese a la existencia de diferentes órdenes judiciales”.
De la información sustentada en informes de organizaciones ambientalistas y mecanismos de monitoreo nacionales e internacionales, como el informe anual del monitoreo de bosque y la deforestación del Ideam, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pudo corroborar que en zonas estratégicas como los parques Chiribiquete y La Macarena se perdieron más de 42.000 hectáreas de bosque, solo en el año 2018.
Además, que entre 2017 y 2021 la Reserva Natural Nukak perdió 2.845 hectáreas de bosques, por cuenta de factores como la praderización de selva virgen, la siembra de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la construcción de carreteras legales e ilegales y la ganadería extensiva.
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Los otros males de la Amazonía
Si bien la deforestación es uno de los principales problemas de la Amazonía, pues en 2024 se perdieron 107.000 hectáreas de bosques, según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, no es el único aspecto por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó acciones urgentes por parte del Estado.
Esa instancia judicial pudo corroborar que, como lo argumentaba la organización Vivos en su demanda, la contaminación de ríos con mercurio, usado en la minería ilegal, ha causado graves problemas de salud pública que han puesto en riesgo la vida de los habitantes de la Amazonía, especialmente de las comunidades indígenas en las que el acceso a agua potable es otra de las cuentas pendientes del Estado.
La presencia de dragas en los ríos Caquetá, Putumayo y Puré, señaló el Tribunal, ha agravado la crisis. Además, la vinculación de grupos al margen de la ley con el negocio de la minería ilegal tiene a las comunidades de cara a una “colonización armada”. El frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”, es una de las estructuras criminales con mayor influencia en esa región.
“El Tribunal ha identificado en las economías ilegales los principales motores de la deforestación, la minería ilegal y de cantera, la forma cómo resultan afectados los pueblos originarios en medio de grupos armados irregulares que hacen parte de tales economías o financian con ellas sus actividades”, se lee en el fallo.
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A la participación ilegal de grupos armados en la explotación de minerales se suman las omisiones por parte de los entes de control a quienes tienen títulos mineros o de explotación de hidrocarburos. “No se acreditó cómo las corporaciones autónomas regionales y la ANLA realizan seguimiento, control y vigilancia de las actividades mineras y petroleras con contratos vigentes y licencias ambientales otorgadas”, señaló el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su fallo.
Agregó que otros productos explotados en la Amazonía, de forma legal e ilegal, tampoco tienen la trazabilidad suficiente. Muestra de ello es la ley de trazabilidad ganadera, aprobada el 2 de octubre de este año, luego de múltiples trabas en el Congreso.
Pero también la trazabilidad de otros productos amazónicos y del oro, cuya explotación ilegal pone en riesgo la sostenibilidad ambiental. El Tribunal detalló en su sentencia que la minería ilegal de oro en Colombia genera unos USD 4.200 millones cada año.
“Destaca entre estos por su inexistencia el relacionado con la trazabilidad del oro, que debe ocupar un lugar prioritario por la magnitud que hoy representa dentro de la economía nacional, especialmente exportadora, la destrucción ambiental casi irreversible que implica y su relación, casi que determinante, con la economía de guerra de los irregulares asentados en la Amazonía”, se lee en el fallo.
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Las omisiones del Estado
En las 358 páginas que tiene el fallo, el Tribunal llamó la atención del Gobierno Nacional y de sus instituciones por las omisiones que, en su concepto, han agravado la situación. “La destrucción de un bioma como la Amazonía es una problemática que pondría en riesgo la existencia de la vida en el planeta, por lo que es un asunto que en estos tiempos ocupa la atención nacional e internacional”, reza la decisión.
Agrega que las entidades demandadas (Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Tierras, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Cormacarena y Corporación CDA) han vulnerado con sus omisiones los derechos colectivos de las comunidades de la Amazonía.
“Los daños ambientales pueden llegar a ser irreversibles como impacto planetario y, por ello, merecen la mayor atención, pues de su contención depende que las generaciones futuras puedan heredar condiciones de vida similares a las de la presente generación”, se lee en el fallo.
Agrega: “Considera este Tribunal que el avance limitado en la ejecución de tales iniciativas se debe a dificultades en la coordinación interinstitucional para el desarrollo de consensos y la ejecución de medidas mitigadoras del daño ambiental, considerando la convergencia de varios sectores administrativos”. A renglón seguido, emite una serie de órdenes con las que espera que el Estado, ahora sí, busque ponerle freno a la crisis ambiental.
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La más importante es, tal vez, la creación de una Consejería Presidencial para la Amazonía, que permita “ubicar la crisis que afronta dicha región de importancia mundial en el primer orden de las prioridades del jefe de Estado”. En otras palabras, que el tema adquiera importancia más allá del discurso del Presidente.
Además, el Gobierno Nacional tendrá que revisar sus proyectos que son, en principio, bien intencionados, pero que han causado efectos ambientales importantes. Uno de ellos es el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que compite con otros problemas importantes como la ampliación de la frontera agrícola y al cual se deben buscar salidas como los cultivos y actividades agropecuarias de bajo impacto ambiental.
De paso, el Tribunal ordenó tomar medidas de trazabilidad de los productos provenientes de la Amazonía, que se revise y regule la Frontera Agropecuaria Nacional, de forma que las actividades económicas relacionadas con el campo no pongan en peligro áreas protegidas o zonas de reserva natural.
También ordenó fortalecer el trabajo con países vecinos, enmarcado en el Tratado de Cooperación Amazónico, para frenar la deforestación y proteger a las comunidades indígenas, así como revisar los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de la Amazonía. Todas, órdenes que ya había dado la Corte Suprema en 2018, pero que, ante las graves omisiones del Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a más de 1.112 kilómetros de distancia de la Amazonía, le recordó a las autoridades y al país, como alerta de una tarea inaplazable.
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Por Gustavo Montes Arias
