La discusión sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el Estado entrega anualmente para la atención de cada afiliado al sistema de salud en Colombia, no solo tiene en apuros al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. También preocupa a organismos de control y autoridades como la Fiscalía General de la Nación, que advierten la existencia de posibles delitos relacionados con un mal manejo de los recursos de la salud.
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Durante una sesión técnica citada el pasado 13 de abril por la Corte Constitucional, un delegado del ente investigador alertó que hay hallazgos sobre la posible apropiación, desviación y uso irregular de los dineros de la salud. La diligencia, en la que participaron los magistrados Carlos Camargo, Miguel Polo y Vladimir Fernández, fue citada por el alto tribunal para que el ministro Jaramillo diera cuenta de si ha cumplido o no las órdenes impartidas en 2025, cuando le abrieron un desacato relacionado con el ajuste de la UPC.
El fiscal delegado ante jueces especializados del circuito, Jairo Alberto Giraldo Rojas, expuso que la Fiscalía ha reunido durante los últimos años pistas sobre una posible “defraudación” al sistema de salud. “Hace cerca de 10 años, la Fiscalía emprendió esfuerzos para conformar un grupo especializado, no solo de fiscales, sino también de investigadores y personal asistencial, con el fin de entender el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señaló.
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Según el funcionario judicial, el fraude ocurre en parte a través de los recursos parafiscales que son otorgados a cada una de las empresas promotoras de salud. “Se ha podido identificar, durante el transcurso de estos 10 años, que las EPS no han realizado los reportes de sus usuarios o afiliados que han fallecido, lo que les ha permitido recibir también recursos de la parafiscalidad”, explicó.
También agregó que han evidenciado graves alteraciones de la información de los usuarios afiliados al sistema de salud, cuyo objetivo sería obtener mayores recursos que luego no es claro a dónde van a parar. “Por un solo afiliado se pueden recibir, en un mismo momento o en una misma vigencia, varios recursos”, expuso el funcionario del búnker.
El fiscal Giraldo Rojas aseguró que el ente investigador ha podido establecer que las irregularidades no solo estarían ocurriendo en las EPS, sino también en los entes territoriales, como las secretarías de Salud. Señaló que han evidenciado casos de recobros por medicamentos, servicios, insumos o procedimientos que no estaban contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que no hacen parte del plan básico de servicios.
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El investigador también enfatizó los hallazgos sobre engaños al sistema de salud por medio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Según él, han encontrado reclamaciones relacionadas con “ciudadanos inexistentes o personas que no tuvieron ningún accidente”. A eso se suman los altos costos en las contrataciones administrativas y en los servicios de salud, así como contrataciones “sobredimensionadas para los mismos servicios en las mismas zonas geográficas”.
Agregó que han visto casos en los cuales “se han presentado inversiones con recursos de la salud que no tienen conectividad con esta”. Es decir, que los recursos del sistema en algunas ocasiones se estarían yendo a cosas que no tienen nada que ver con la atención de los pacientes y el cubrimiento de sus necesidades en materia de citas, medicamentos y procedimientos.
La Fiscalía también ha identificado alteraciones de la información contable, al parecer, para evitar intervenciones o sanciones, mantener márgenes de solvencia y continuar operando en el Sistema de Salud. “Se ha podido identificar, dentro de la experticia del grupo de salud, la constitución de EPS fachada, construyendo lo que se ha denominado como ‘el carrusel de la contratación de las EPS’, para acudir ante la aseguradora de los recursos en la vía de reclamaciones”, dijo el fiscal.
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“Se han identificado conductas que han generado una apropiación, una desviación o un uso irregular de la UPC y que las investigaciones, sin lugar a duda, impactan ostensiblemente en la disponibilidad real de los recursos destinados a la prestación de servicios de salud”, dijo el fiscal. Pero aclaró que no se puede afirmar que ese impacto en los recursos pueda entenderse como una insuficiencia de la UPC, pues los controles al Sistema de Salud son insuficientes.
A las advertencias de la Fiscalía se sumaron también la Procuraduría y la Contraloría. Dijeron, entre otras cosas, que hay “problemáticas que comprometen la sostenibilidad del flujo de recursos y la confianza entre sus actores”, además de incumplimientos financieros por parte de las EPS que alcanzan el 89%. Ahora la Corte deberá decidir si levanta o mantiene el desacato contra el ministro Jaramillo. Una decisión compleja que, incluso, podría activar sanciones más graves, como su privación de la libertad.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
