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La Procuraduría está atenta a cómo avanzan las investigaciones por dos hechos de violencia sexual que sucedieron en la cárcel El Pedregal de Medellín y uno de uso excesivo de la fuerza. Por eso, en las últimas horas sostuvo una reunión de alto nivel con representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Defensoría del Pueblo.
El objetivo de ese encuentro fue verificar el estado de las investigaciones contra directivos y otros miembros de la entidad encargada de la vigilancia y protección de la población carcelaria. En enero de este año, trascendió la denuncia de una mujer presa que aseguró haber sido violada por miembros del Inpec y luego forzada a abortar.
Aquí puede leer el testimonio completo de esta mujer.
La víctima, y otra mujer que también habría sido accedida sexualmente por un dragoneante, fue trasladada a “otros centros penitenciarios donde se encuentran protegidas mientras se adelantan las investigaciones”, explicó la Procuraduría, que agregó que el Inpec tomó otras medidas provisionales, mientras avanzan las investigaciones.
Por ejemplo, ordenó la destitución del subdirector del penal, que para la época de los hechos se desempeñaba como director encargado, y el traslado del director en propiedad a un cargo similar en la cárcel de Yarumal (Antioquia). El primero sería Carlos Arturo Yepes, y el segundo, Pablo Yamid Ramírez.
En medio de las denuncias por abuso sexual, el pasado 24 de febrero se registró un enfrentamiento entre las mujeres presas y los guardianes. Al parecer, la guardia del penal habría respondido el ataque de las internas con un exceso de fuerza que dejó al menos 20 mujeres heridas, algunas de gravedad.
Lo que explicó la Procuraduría es que las mujeres fueron afectadas por el uso de gases lacrimógenos y golpes. “Entre los hallazgos están que algunas de ellas, con heridas graves, no han sido remitidas aún a instituciones de salud y que las labores de custodia y vigilancia las ejercen hombres”, señaló el Ministerio Público.
Además, la Procuraduría evidenció que, al parecer, la Policía Judicial del Inpec no tomó las denuncias de las privadas de la libertad, a pesar de que fue requerida su presencia tras los hechos ocurridos. Por eso, el Inpec, la Procuraduría y la Defensoría llegaron al compromiso de que las mujeres heridas serán trasladadas de inmediato a centros de salud.
Además, la Policía Judicial tomará las denuncias de las presas sin más demoras y el Inpec trasladará de inmediato a 40 guardianas para custodiar el pabellón de mujeres de El Pedregal.
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