El presidente Abelardo de la Espriella cumplió una de sus promesas de campaña más polémicas y cuestionadas: levantar la suspensión de los permisos para portar armas en Colombia. En la mañana de este 8 de septiembre, el mandatario firmó el Decreto 1368 con el que si bien no da vía libre al porte, sí beneficia a quienes tengan el permiso vigente.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
El jefe de Estado defendió la decisión con el argumento de que “no hay derecho que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Aunque eso no significa que cualquier ciudadano pueda salir armado a la calle, analistas de seguridad y conflicto señalan los impactos y las implicaciones de este decreto clave en un momento como el que atraviesa el país en materia de seguridad.
Hasta ahora, en Colombia existía una suspensión general de los permisos para portar armas. Esto significaba que una persona podía tener un permiso individual vigente y, aun así, no estaba autorizada automáticamente para llevar el arma consigo en espacios públicos. Para hacerlo necesitaba obtener una autorización especial adicional. El Decreto 1368 elimina esa suspensión general en todo el país.
Lea también: Las claves para entender el decreto que levanta la suspensión de porte de armas en Colombia
En términos sencillos, quienes ya tengan un permiso de porte vigente podrán volver a utilizarlo sin solicitar la autorización especial que se exigía mientras estuvo vigente la restricción. Las autoridades militares deberán adoptar las medidas necesarias para reactivar esos permisos. Según el presidente De la Espriella, esa política restringía a los ciudadanos que cumplían la ley, mientras los delincuentes continuaban accediendo ilegalmente a las armas.
Uno de los principales cuestionamientos de investigadores y analistas es precisamente si más armas de fuego disponibles se traduce en más seguridad para la población. Para Andrés Celis, politólogo de la Universidad del Rosario e investigador del crimen organizado y conflicto armado, esa premisa resulta incorrecta.
“Hay estudios internacionales que demuestran una correlación entre armas de fuego y aumento de la violencia. Más armas no significa más seguridad. En el caso de Colombia, un país donde los homicidios son por riñas e intolerancia, esto puede aumentar. Hay que tener en cuenta que las armas que usan los grupos armados o estructuras criminales son armas que principalmente provienen del mercado negro. Hay terceros que tienen armas de corte legal y terminan en los grupos armados. Esto puede generar que el crimen sea más violento y aumente su capacidad de armamento”, señaló.
Le puede interesar: Imputan a exfuncionarios del Mindefensa por presunta corrupción en contrato de helicópteros
En eso coincide Jorge Mantilla, experto en crimen, seguridad y conflicto, al señalar que en Colombia la intolerancia y las riñas provocan casi tantos homicidios como el crimen organizado. Y los ejemplos están incluso en ciudades capitales como Bogotá, donde las muertes violentas por hechos de intolerancia, riñas y violencia intrafamiliar son cada vez más frecuentes. Según datos de la Policía, con corte al 8 de junio de este año, en la capital se registraron 177 homicidios por casos de riñas, 124 por venganza y 88 por microtráfico.
Sobre este escenario, el decreto elimina una prohibición general, pero no les entrega a todos los ciudadanos el derecho de portar armas. Solo podrán hacerlo quienes cuenten con un permiso de porte vigente, expedido por la autoridad militar competente. La diferencia es importante: una cosa es levantar la suspensión de los permisos existentes y otra muy distinta autorizar a toda la población a llevar armas.
El decreto no crea nuevos permisos ni elimina los requisitos para obtenerlos. Tampoco modifica el monopolio estatal sobre las armas, es decir, la facultad exclusiva del Estado para regular su fabricación, ingreso al país, comercialización, posesión y porte.
En ese sentido, para el investigador Celis es importante cuestionar la decisión. “No hay ningún sustento que indique que a mayor libertad de poseer armas de fuego hará sentir más seguridad a la población. El gobierno debería pensar en si no es más fácil que el Estado termine de ostentar el monopolio de las armas y no entregarle la seguridad a sus ciudadanos”.
Para Javier Flórez, director de seguridad y conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Colombia tiene un problema mucho más amplio de disponibilidad y circulación de armas, especialmente por fuera del mercado regulado. Según las cifras más actualizadas, en Colombia hay aproximadamente 5 millones de armas de fuego en manos de civiles y solamente un poco más de 700.000 tienen algún tipo de salvoconducto.
“El mercado ilegal y la circulación de estas armas va mucho más allá del mercado regulado. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la capacidad del Estado para controlar todo el ciclo de las armas. Eso supone mantener requisitos exigentes para otorgar permisos, pero también tener un mejor sistema de seguimiento de las armas legales, impedir su pérdida, hurto o desvío. Al mismo tiempo, concentrar capacidades de inteligencia e investigación sobre el tráfico transnacional, las redes de abastecimiento del crimen organizado y los millones de armas que potencialmente están por fuera de los registros estatales”, señaló.
El investigador Mantilla destacó en redes sociales otro punto que pone en evidencia las implicaciones de poner a andar el nuevo decreto como el tipo de armas que usan las estructuras criminales y “la posibilidad de generar incentivos para que el crimen sea más violento y aumente su poder de fuego”, señaló.
Mantilla agregó en su publicación que la medida “supone una mayor carga para la policía en un contexto de déficit de pie de fuerza, pues ahora tendrán que hacer controles de quienes tienen permiso y quiénes de todas esas armas tienen permiso y quienes no, lo que repercute negativamente en la seguridad”. Para Celis eso también abre el debate de la carga para la Policía Nacional que tendrá que hacerle seguimiento a los permisos. En efecto, la expedición de los permisos continuará siendo excepcional. Además, la autoridad militar conservará la facultad de decidir si los concede, los renueva, los suspende o los revoca. Por lo tanto, una persona que no tenga permiso no podrá portar un arma amparándose únicamente en el nuevo decreto.
Desde las Fuerzas Militares señalaron: “Esta medida no constituye una autorización general para el porte de armas. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán los controles para verificar la vigencia y legalidad de los permisos y adoptar las medidas correspondientes frente a cualquier incumplimiento”.
Otro de los riesgos que señalan los investigadores es el posible aumento de feminicidios. Desde la Ong Temblores advierten sobre la disponibilidad de armas en contextos de violencia intrafamiliar que podría incrementar significativamente el riesgo de feminicidio. En Colombia, durante 2025, se registraron 472 feminicidios según la Defensoría del Pueblo. “En una sociedad atravesada por el machismo, más armas pueden significar más poder para amenazar, controlar y matar”, agregaron.
En resumen, el decreto no autoriza el libre porte de armas. El cambio consiste en que las personas que ya tengan un permiso de porte vigente no necesitarán tramitar una autorización especial adicional. Todos los demás requisitos, controles y facultades de vigilancia del Estado continuarán vigentes. El investigador Flórez, de la FIP, agregó que no hay pensar que esta decisión implica una autorización para el porte indiscriminado de armas en Colombia, ni creer que la flexibilización del porte a través del levantamiento de la suspensión general va a traernos mayor seguridad.
El reto estará ahora en contener esas implicaciones y riesgos que desde ya se han empezado a alertar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
