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Ayer 2 de julio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió, en una reñida votación, que la alta corte es la competente para investigar al excongresista Álvaro Hernán Prada y no la Fiscalía bajo el sistema de la justicia ordinaria. Así lo exigió el antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático, tras renunciar a su curul el pasado 21 de abril. Tres magistrados le dieron la razón, pero resultaron derrotados ante la mayoría de los togados y conjueces.
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Prada es investigado desde 2019 por el mismo expediente que hoy tiene en imputación, y en solicitud de preclusión por la Fiscalía, al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según la Corte Suprema, Prada habría intentado torcer al testigo Juan Guillermo Monsalve, a través del exparamilitar Carlos Eduardo López, Caliche, para que se retractara de sus acusaciones contra el jefe del Centro Democrático: que fue clave en la creación del Bloque Metro de las Auc. Monsalve denunció, incluso, que Caliche -por orden de Prada- le habría exigido que dijera que el senador Iván Cepeda era un “guerrillero” que le habría ofrecido beneficios.
Según la Corte Suprema, alias Caliche pregonó ante Monsalve que era amigo íntimo de Prada, quien entonces era jefe del Centro Democrático del Huila. Al parecer le dijo que había hablado con “el viejo” y que esa persona, que sería Álvaro Uribe según la corte, había pedido la gestión. Un video de retractación desde la cárcel. En conclusión, la Sala de Instrucción aseguró que Prada habría utilizado su investidura para llegar con más fuerza a Monsalve. Alias Caliche, incluso, habría intentado convencer al testigo, explicando que Prada le podría conseguir un puesto en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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La Corte Suprema infiere que el político del Centro Democrático, quien se encontraba en campaña para la Cámara, buscaba robustecer su poder en el partido y contar con el visto bueno de su jefe: Álvaro Uribe Vélez. Así las cosas, la conducta que se le acusa a Prada estaría relacionada con su fuero como congresista por dos razones: la primera, con ella podría mostrar una promesa efectiva de beneficios judiciales. La segunda, tras la pensada retractación, podría aumentar su recorrido político en el partido y ante su electorado en el Huila. Por esa razón, no es competencia de la Fiscalía.
Sin embargo, no estuvieron cómodos con la decisión mayoritaria los magistrados Héctor Javier Alarcón, Javier Farfán Molina y Misael Fernando Rodríguez. Los togados explicaron que nunca hubo una ilicitud relacionada con las funciones de Prada como congresistas. Dejaron claro que, en realidad, hubo un abuso del cargo. Según los tres magistrados, el hecho de que una persona sea influyente en su región, en este caso como representante del Huila, no quiere decir automáticamente que cualquier gestión irregular esté vinculada a sus funciones como congresista.
Alarcón, Molina y Rodríguez explicaron, además, que Prada no intentó evadir la competencia de la Corte Suprema al renunciar al Congreso, decisión idéntica a la que tomó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La renuncia debió, en su concepto, ser valorada como una decisión autónoma y que obedecería a decisiones personales. Dijeron que, incluso, Prada podría haberse sentido más cómodo o con mayores garantías siendo juzgado bajo el nuevo sistema penal acusatorio y no bajo la Ley 600 del 2000, exclusiva para aforados como ministros, gobernadores y congresistas, entre otros.
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Por otro lado, los tres magistrados examinaron con lupa las causales para la investigación de congresistas bajo el fueron de la corte. Según ellos, Prada nunca intentó mantenerse en el cargo o lograr una nueva elección. Lo que sí habría hecho era afianzarse al interior del Centro Democrático y conseguir el visto bueno de Uribe Vélez, lo cual de por sí no sería una causal para mantener la competencia de la Corte Suprema. En su salvamento de voto, dijeron que Prada ya contaba con suficiente prestigio y respaldo para obtener una curul. Reiteraron, abuso del cargo y no de funciones.
Al final, los magistrados disidentes aseguraron que la decisión mayoritaria violó el principio de igualdad, relacionando el caso de Uribe Vélez con el del exrepresentante Prada. No entienden cómo las carpetas de Uribe aterrizaron en la Fiscalía y las de Prada no, siendo que ambos eran congresistas para febrero de 2018 -cuando se dio la supuesta presión a Monsalve-, ambos estaban en campaña electoral y cada uno renunció voluntariamente a su curul. De hecho, los tres togados cuestionan que Uribe Vélez incluso habría involucrado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), mientras que Prada habría actuado por su cuenta.