Dos voluminosos cuadernos que suman más de 500 páginas. Así de extensa es la investigación que tiene la Fiscalía General contra un excapo narcotraficante que durante las últimas semanas volvió a sonar por sus cuestionadas relaciones con altos funcionarios de la Fiscalía y la Policía. Se trata de Carlos Ramón Zapata, alias Anestesia o el Médico, quien, según el ente investigador, participó en una interceptación ilegal ordenada por la exfiscal Ana Catalina Noguera (que ya aceptó cargos) y ejecutada por el coronel de la Policía Ricardo Alberto Durán. Sin embargo, desde el búnker de la Fiscalía tienen serias sospechas de que esta fue apenas una pequeña muestra de que este antiguo miembro de la mafia colombiana seguiría en malos pasos.
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Desde julio de 2021, el fiscal Mario Burgos, uno de los funcionarios judiciales más importantes de la administración de Francisco Barbosa, le sigue el rastro a Carlos Ramón Zapata, exmiembro del cartel de Medellín que en los últimos años fungió como intermediario entre narcotraficantes colombianos y la agencia estadounidense antidrogas DEA. En la investigación queda claro cómo, en su labor de intermediario, tenía acceso a información privilegiada y cómo se reunía con antiguos capos de la mafia que aún tienen cuentas pendientes con las autoridades colombianas en procesos de extinción de dominio o que, inexplicablemente, nunca fueron tocados por la justiy mantienen sus fortunas producto del narcotráfico.
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Los narcos “invisibles”
Un testigo protegido de la Fiscalía y varias interceptaciones hechas al celular de Zapata dan cuenta que este tenía una extensa lista de presuntos narcotraficantes que estaban en la mira del ente investigador y que podía “incidir” para que no fueran “tocados”. Entre los mencionados en la investigación, denominados por el propio Zapata como narcos “invisibles”, está un ganadero del Urabá antioqueño J.A Muñoz y que habría sido testaferro de alias Rogelio, antiguo jefe de la Oficina de Envigado, estructura criminal fundada en los años ochenta por Pablo Escobar en Medellín.
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El testigo protegido, quien aparentemente es un abogado de la mafia, le indicó a la Fiscalía que tuvo conocimiento de ese listado “porque varias de las personas que nos pidieron acompañarlos a reuniones con Zapata eran personas que él estaba identificando como ‘invisibles‘, aduciendo que eran personas que habían colaborado con las autoridades de los Estados Unidos y no le habían adelantado procesos de extinción de dominio, hechos que coincidieron con el caso de alias Memo Fantasma (un señalado narcoparamilitar que posaba como un empresario colombo español y actualmente es procesado penalmente)”.
De acuerdo con el expediente, en la lista de Zapata estaban viejos conocidos de los archivos judiciales como Rodolfo Ospina Baraya, alias Chapulin, nieto del expresidente Mariano Ospina que desde los años noventa fue señalado de ser miembro de la mafia colombiana y de entregarle información a las autoridades de Estados Unidos para capturar a Pablo Escobar. Otro de los pesos pesados anotado en la lista de Zapata es el esmeraldero Hernando Sánchez del que durante años se ha dicho colabora con la DEA y mencionado como uno de los últimos enemigos de alias Otoniel, el antiguo líder del Clan del Golfo. Sin embargo, judicialmente nunca se ha podido comprobar su nexo con la mafia.
Uno de los informes del CTI de la Fiscalía que analiza audios entregados por una abogada indica que algunos no tienen buena calidad de sonido, pero que en algunos tramos se alcanza a entender lo que habla Carlos Ramón Zapata con esa penalista. Se trata de Ruth García Rojas, abogada de narcotraficantes y hermana de Maracuyá, alias de otro capo narcotraficante de la extensa lista de mafiosos que tuvieron negocios con la Oficina de Envigado y el cartel del Norte del Valle.
En esos audios, que no se sabe cuándo fueron grabados, se escucha a Zapata decir que en el listado de “invisibles” hay narcotraficantes de Bogotá, Valle del Cauca “de la costa, de todo lado. El flaco Helder (supuesto sicario de Jose Byron Piedrahita), Dagoberto Pérez (alias Percherón)” y miembros del clan mafioso Ochoa. En los audios, Zapata le indicó a la abogada García que él tenía la capacidad de influir en las decisiones de los procesos de extinción de dominio, que se movía en una “zona gris” y que le podría arreglar una reunión con la exfiscal Ana Catalina Noguera, quien a su vez estaba buscando información sobre graves hechos de corrupción en la Fiscalía.
Viejos lazos
El expediente contra Zapata señala que pasaba largas temporadas en el hotel Dann Carlton en Bogotá y que allí recibe a varios capos que requierían su asesoría y a otras personas que lo mantenían al tanto sobre los grandes movimientos del narcotráfico en Colombia. El testigo protegido vio, en 2020, a Zapata reunido con Ignacio Álvarez Meyendorff -otro viejo capo narcotraficante y testaferro del cartel del norte del Valle- y a Julio Lozano Pirateque, un antiguo capo narcotraficante que también fue extraditado a Estados Unidos y ha sido relacionado en los últimos meses con una vendetta mafiosa en Bogotá.
Carlos Ramón Zapata, dice la investigación de la Fiscalía, también mantuvo reuniones con otro viejo miembro del crimen organizado en la capital del país: Enrique Báez del clan mafioso que fue extraditado a Estados Unidos y que conserva gran poderío en el San Andresito de la 38 en el centro de Bogotá. “También manejaba casos del Clan Villa Cifuentes (principal eslabón del capo narcotraficante mexicano el Chapo Guzmán con la mafia colombiana) y Juan Gabriel Úsuga (hermano de su expareja y exnarcotraficante que se refugió varios años en Panamá para no ser extraditado a Estados Unidos)”, señaló el testigo protegido.
Estos movimientos son algunos de los que figuran en la extensa investigación de la Fiscalía. El ente investigador también tiene pruebas en donde se narran los vínculos de la política con la designación de importantes fiscales, procesos abiertos contra senadores y una guerra interna que había en la Fiscalía entre altos funcionarios relacionados, aparentemente, con el narcotráfico. Por ahora, Zapata solo ha sido procesado por su participación en una interceptación ilegal y se desconoce si este informe será usado para procesarlo por otros hechos que tienen a más de un funcionario público con los pelos de punta.
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