Publicidad
26 Feb 2022 - 10:56 p. m.

Los no nacidos quedaron desprotegidos contra abortos arbitrarios: Unisabana

La Clínica Jurídica de Universidad de la Sabana reaccionó a despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Consideró que la sentencia le resta valor a la vida, que era trabajo del Congreso y dijo que los abortos de cinco meses van y seguirán en aumento. “En 2019 llegaron a ser 639″, argumentó su directora, Juana Acosta.
Manifestaciones de grupos a favor y en contra del aborto, realizado a las afueras del Palacio de Justicia en apoyo a sus movimientos, mientras se lleva a cabo el debate en la Corte Constitucional, en 2020.
Manifestaciones de grupos a favor y en contra del aborto, realizado a las afueras del Palacio de Justicia en apoyo a sus movimientos, mientras se lleva a cabo el debate en la Corte Constitucional, en 2020.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esta semana la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: luego de una votación de cinco contra cuatro, la Sala Plena despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Por tanto, toda persecución judicial del Estado iniciará luego de ese periodo, pues el delito de aborto no fue derrumbado en su totalidad del Código Penal. Una de las instituciones que entregó su concepto durante el debate fue la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de la Sábana. Hablamos con su directora, Juana Acosta, quien entrega sus consideraciones de lo que se conoce del fallo. Abogó por una decisión distinta.

En contexto: ¿Qué es despenalizar el aborto? Las claves del fallo que cambió reglas en Colombia

En Colombia, el aborto ya no será punible hasta la semana 24 de gestación ¿qué dudas le deja la decisión antes de conocerse el fallo en su integridad?

El fallo deja muchísimas dudas, pero por el espacio me voy a concentrar en tres. La primera es que la Corte con esta sentencia está, en mi opinión, extralimitando sus competencias. Primero, porque ya en 2006 la Corte había estudiado si el delito de aborto es o no compatible con la Constitución y esa sentencia es definitiva y hace tránsito a cosa juzgada; y la verdad es que no encuentro (al menos del comunicado) que existieran razones para desconocer la sentencia anterior. Segundo, porque la política criminal es un asunto que corresponde deliberar al Congreso de la República, por tratarse de un debate eminentemente democrático. Esto de hecho ha sido sostenido en múltiples oportunidades por la propia Corte.

Con esta decisión la Corte está sustituyendo al Congreso, violando la separación de poderes, que es fundamental en un Estado de Derecho. Como lo afirman los votos disidentes e incluso lo sugiere el voto del conjuez Ossa, el sentido de la decisión no le deja un margen de configuración al Congreso. Esto es verdad: la Corte supuestamente exhorta a legislar al Congreso, pero en realidad esto es retórico, porque le impone exactamente cómo legislar. Habrá que leer el fallo y esperar que la Corte realmente le permita al Congreso legislar, especialmente ahora que se hace más urgente para proteger al que está por nacer que quedó por completo desprotegido.

Lea también: El principio de favorabilidad que obliga a cesar la persecución penal por aborto

La segunda gran duda son las consecuencias que genera este fallo en relación con el acceso al aborto. En esto hay que ser claros: del comunicado de prensa no puede derivarse -como algunos parecen sugerir- un derecho fundamental al aborto hasta la semana 24, que pueda ser exigido y deba ser garantizado de forma libre y gratuita. La única consecuencia que podría derivarse de este fallo es que no se puede perseguir penalmente a quienes participen en estos abortos, pero los demás asuntos sobre el acceso, los requisitos y los procedimientos son cuestiones que deben ser decididas por el Congreso de la República en virtud de una política pública de prevención del aborto, protección del no nacido y de la mujer gestante.

La tercera es que aún quedan dudas realmente muy grandes acerca de la validez de esta sentencia. Primero, porque aunque formalmente el conjuez Ossa votó a favor, al revisar el comunicado, se indica que en su aclaración de voto el conjuez no solo afirma expresamente que se apartó de la deliberación de quienes apoyaban la ponencia respecto del margen de configuración que se deja al Congreso, sino que además señala expresamente que “es inconstitucional que se sancione con pena privativa de la libertad a la mujer que aborta en las primeras 13 semanas del embarazo”, lo cual difiere del propio resuelve de la sentencia que despenaliza hasta la semana 24. Esto implica que no existe congruencia entre su motivación y el supuesto voto favorable, y por lo tanto que esta no fue una decisión mayoritaria de la Corte, pues no se alcanzaron los 5 votos requeridos para que la ponencia fuera aprobada. Esto hace que la sentencia deba ser declarada nula, y seguramente será una discusión que tendrá que darse con mucha seriedad. Si ya de por sí es problemático que haya sido un conjuez que no tiene representación democrática alguna el que termine zanjando una discusión tan profundamente complicada como la del aborto, mucho más problemático es que este voto haya dejado tantas ambigüedades. Esto es impresentable.

Le puede interesar: Por qué el delito de aborto discriminaba a las mujeres

De acuerdo con la última comunicación, la semana 24 fue escogida dado que después de ese momento hay una probabilidad cercana al 50% de que la vida del feto ya no dependa de la persona gestante. ¿Qué efectos podría tener esa determinación?

Sobre este asunto hay dos consideraciones muy importantes. La primera, la determinación de la viabilidad o “autonomía” como lo señala el comunicado no es un asunto mágico que determine con certeza que un ser humano no podrá o podrá sobrevivir autónomamente fuera del vientre materno, pues hay muchos otros factores a considerar. De hecho, hay estudios que han encontrado tasas de supervivencia de hasta un 60% de bebés que nacen a las 22 semanas de gestación. Además, no se tomaron en consideración otros factores, como las discusiones sobre el dolor fetal, del que hay evidencias científicas que inicia en etapas mucho más tempranas de la gestación. Esto se suma a que para los abortos de estas etapas avanzadas se usa un procedimiento (según la OMS a partir de la semana 20), que consiste en inyectar cloruro de potasio al no nacido, sustancia que ha sido prohibida incluso en animales por el “insoportable” dolor que genera ¿esta no es una consideración que debió analizase? ¿Está bien que la Corte avale, libremente, el uso de procedimientos que pueden constituir torturas en seres humanos?

En segundo lugar, si la Corte está considerando este criterio de autonomía de las 24 semanas de gestación, es absolutamente impresentable que siga el esquema de causales para los embarazos en etapas más avanzadas. Y es que, según la Corte, si el ser humano por nacer ya tiene una alta posibilidad de sobrevivir autónomamente fuera del vientre materno, no hay ninguna justificación para quitarle la vida, utilizando la medida más lesiva posible para sus derechos: la eliminación de su existencia mediante un aborto. Esto pone en evidencia no solo la absoluta deshumanización e invisibilización del ser humano que está por nacer en esta decisión de la Corte Constitucional sino la poca fuerza que tuvo el análisis argumentativo. En especial, si se tiene en cuenta la flexibilización que hoy existe de las causales.

La Corte prevé que el sistema de plazos, incluir la semana 24 en el contexto del aborto, permitirá que la práctica de aborto consentido no sea una conducta común. A raíz de las estadísticas internacionales que dejaron plasmada en su intervención, ¿cree lo mismo?

Yo la verdad, lo dudo mucho. Por supuesto esto es una especulación porque ni en la demanda ni en el comunicado de prensa de la Corte se incluyen cifras serias que sustenten esta afirmación. Y es que no hay que decirnos mentiras. No es un secreto para nadie que después de la sentencia C-355/06 que despenalizó el aborto en tres causales que la propia sentencia denominó como “extremas”, en la práctica, especialmente por la amplísima interpretación de la causal de salud, en Colombia tenemos aborto libre.

Lea también: Despenalización del aborto: cristianos denuncian a magistrados que votaron “sí”

Esto no lo digo yo. Lo dijeron expresamente las “Viejas Verdes” (“en Colombia todo embarazo no deseado se puede interrumpir legalmente por causal de salud mental”); lo dijo expresamente el director Médico de Profamilia en 2020 (“si me dice que desde que está embarazada ha tenido sentimientos de desesperanza, ahí está, con que escriba eso en la historia es suficiente, y con eso hago el certificado”); lo dice la propia página de Profamilia (“recuerda que el aborto es un derecho y es legal en Colombia”) ¿Y entonces? Si esta es la realidad, ¿por qué no revisar de una vez las cifras? ¿Esta liberalización sí ha traído la reducción de abortos en Colombia? La respuesta es contundente: ¡No! ¡Todo lo contrario! Revisando las cifras e informes de gestión de Profamilia y Oriéntame (dos de las muchas IPS en el país que realizan abortos), el incremento en los últimos años del aborto ha sido de más del 100%.

Además, según el DANE, entre 2008 y 2020 se realizaron más de 2000 interrupciones voluntarias del embarazo por encima de la semana 22 de gestación, y si uno revisa el reporte año a año se encuentra que en 2008 fueron apenas 8, en 2014 fueron 123 y en 2019 llegaron a ser 639 IVEs de más de 22 semanas. Y entonces si se ha venido liberalizando cada vez más ¿por qué no disminuyen sino que aumentan exponencialmente los abortos en etapas gestacionales avanzadas? Creo que esto es un indicio de lo que ocurrirá y es que seguirán aumentando en más de un 100% los abortos de seres humanos de incluso 6 meses de gestación.

La Corte exhortó al Congreso a regular la práctica, de nuevo, propuesta que ustedes apoyaron como clínica ¿Cree que ese exhorto hubiese sido suficiente para resolver las demandas pro-despenalización?

El asunto aquí es quién es el competente para discutir la política pública y la política criminal en materia de aborto en Colombia. Y, con toda contundencia le digo que es el Congreso de la República, y es que nuevamente la Corte solo debe analizar un delito en tanto su compatibilidad con la Constitución Política, y no en relación con su conveniencia o eficacia, estos dos asuntos se encuentran por fuera del ámbito de competencia de la Corte. Y si usted se fija los argumentos de la Corte no son de constitucionalidad sino de eficacia o conveniencia del delito.

Lea también: Aborto: Procuraduría respeta despenalización parcial y deja ver sus primeras dudas

Ahora bien, el exhorto realizado por la Corte está lejos de ser respetuoso de la separación de poderes del Estado. Como lo señaló el conjuez Ossa en su voto, los considerandos y órdenes incluidas en la ponencia que fue votada dejan muy poco margen al Congreso para legislar. El Magistrado Ibañez también señaló que el exhorto para proteger al que está por nacer se vuelve retórico, cuando realmente la ponencia le resta todo valor a la vida, y le da un valor absoluto a la decisión de las mujeres. En ese sentido, pareciera que con esta decisión no se exhorta al Congreso, sino que se lo sustituye en sus tareas: debe legislar, pero a la manera que lo impone la Corte ¿qué tipo de democracia es esa?

¿Usted también enviaría un llamado de atención al Congreso?

Yo sí considero importante que en el Congreso de la República se delibere el asunto del aborto, de manera integral, con un acercamiento a políticas públicas de prevención del aborto y de acompañamiento a la mujer embarazada. Estoy convencida que el Congreso, como órgano representativo, es el llamado a dar estas importantes discusiones que además son de su competencia. El Congreso debe legislar sobre este tema y mirar todas las otras aristas que no se han revisado y que son centrales a la discusión: política pública de prevención, objeción de conciencia, consentimiento informado, acompañamiento post-aborto a las mujeres, alternativas de tratamientos a las enfermedades de salud mental, educación sexual responsable, apoyo a la maternidad, entre otros.

Lea: Aborto en Colombia: ¿El Código Penal todavía considera que el aborto es un delito?

Y por eso, creo que en Colombia nos debemos un debate amplio y democrático sobre el asunto, deuda que de ninguna manera se subsana con una discusión de nueve magistrados, sin representación democrática, y de los que solo cuatro de ellos parece que estuvieron de acuerdo con la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Así que el llamado de atención más bien debe hacerse a la Corte y al necesario respeto de su competencia y del principio de separación de poderes.

Mire usted: en el fondo todos queremos promover la autonomía y la libertad de las mujeres pero ¿libertad para qué? Si la salida que le damos a todos los problemas a una mujer que se enfrenta a una situación difícil ante un embarazo en crisis es el aborto ¿no hemos fracasado como sociedad? Si no hay alternativas menos lesivas para todos ¿entonces esto es verdadera libertad? La cifra actual anual de abortos en el mundo es de 73 millones ¿no le parece a usted esto escandaloso, si se tiene en cuenta que esta no es una cifra en la que estemos contando cosas, sino que se trata de la eliminación de seres humanos? ¿de verdad podemos llamarle a esto uno de los logros más importantes de la humanidad?

La Clínica buscaba que se declarara la cosa juzgada constitucional, propuesta que fue acogida por cuatro de los nueve votantes. ¿Cómo podría sintetizar esos argumentos allegados a la Corte que al final no representaron la mayoría?

Así como la Clínica Jurídica, los cuatro magistrados que salvaron el voto en la sentencia C-055 de 2022 consideraron que aquí ocurre el fenómeno de cosa juzgada. Y los argumentos son básicamente dos. En primer lugar, aunque la demanda de Causa Justa parece incluir nuevos argumentos de inconstitucionalidad, realmente como lo dijo la Magistrada Ortiz los argumentos admitidos por la Corte en esta ocasión corresponden con los ya analizados en el año 2006, supuestas vulneraciones a los derechos a la igualdad, la salud y la autonomía de las mujeres.

Y, en segundo lugar, no se dan los elementos para que se flexibilice esa cosa juzgada. Lo anterior en tanto, diferente a lo señalado por el comunicado de prensa, no ha habido un cambio en el significado material de la Constitución ni en el parámetro normativo. El cambio en el significado material requiere profundos cambios socioculturales que resignifiquen las disposiciones de la Constitución Política. En Colombia, según las encuestas más recientes y representativas, al menos el 65% de los colombianos no están de acuerdo con una liberalización total del aborto, ósea la percepción de la sociedad colombiana no ha cambiado de tal manera que implique una modificación material de la Constitución. Respecto del parámetro normativo, contrario a lo que se ha señalado en distintos escenarios, no hay una sola fuente jurídica nacional o internacional que obligue al Estado a despenalizar el aborto más allá de las causales que ya habían sido establecidas. Al contrario, lo que existen son obligaciones jurídicas vinculantes que obligan a Colombia a proteger al que está por nacer.

Lea: ¿Confundido aún con las 24 semanas para abortar? Le ayudamos a resolver las dudas

Lo cierto es que no hay ninguna razón para que la Corte se volviera a pronunciar sobre el delito de aborto. Hay que recordar que la pregunta que tenía que responder la Corte Constitucional era si el delito de aborto consentido es o no contrario a la Constitución. Esta pregunta ya había sido resuelta en 2006, analizando argumentos materialmente iguales a los que analizó en esta ocasión. Este tipo de decisiones dejan serias dudas sobre la seguridad jurídica de nuestro sistema judicial.

La Corte al final decidió que el artículo demandado afecta “intensamente el derecho a la salud y los derechos reproductivos”. Los cuatro magistrados que salvaron voto explicaron que la vida está por encima de todo derecho ¿Qué opinión le merece un debate tan ajustado?

Hay que aclarar varios puntos. La posición de los salvamentos de voto no puede reducirse a esta consideración. Recuerde que el argumento central de estos salvamentos es que existe cosa juzgada. Ahora bien, en relación con la vida del que está por nacer, no es cierto que las magistradas y magistrado dijeran que la vida del no nacido está por encima de todos los derechos como parece implicar su pregunta, sino que se requiere un adecuado y real balance de derechos.

El magistrado Ibañez en su salvamento lo dice claramente, la decisión tomada por la Corte le da total prevalencia a los derechos de la mujer y deja por completo desprotegido al no nacido, a quien el Estado está obligado a proteger de manera efectiva en virtud del derecho nacional e internacional. El propio comunicado de prensa al menos en cuatro ocasiones señala que la vida del que está por nacer debe ser protegida como un fin imperioso del Estado. Yo soy de la misma posición: estoy convencida que la salud sexual y reproductiva debe ser protegida, pero el alcance que le está dando la Corte implica la anulación del derecho a la vida de los no nacidos, que quedaron en un escenario de absoluta desprotección contra abortos arbitrarios hasta la semana 24 de gestación. Lo que realmente implica esta sentencia es que los seres humanos menores a la semana 24 de gestación han sido excluidos de la protección constitucional. Esto no es balance de derechos ni protección incremental de la vida, como parece sugerir el comunicado de prensa, sino un uso arbitrario del derecho.

El Movimiento Causa Justa fue enfático en que el aborto es el único “delito de género”, idea que fue rechazada por la magistrada Paola Andrea Meneses. Con el artículo aún en pie en el Código Penal, ¿considera que la persecución judicial después de la semana 24 se ajustará a la demanda social de los movimientos feministas?

Mire esta pregunta que usted me hace es muy buena porque permite evidenciar la incongruencia que hay en esta sentencia de la Corte. No solo Causa Justa, sino la propia Corte dice que el delito de aborto genera un trato diferenciado respecto de las mujeres, y le pregunto yo: si este es el argumento, y el delito sigue persiguiendo los abortos que se practican las mujeres después de la semana 24 ¿cómo es que despenalizar hasta esa semana resuelve este supuesto problema de inconstitucionalidad?

Antecedentes: “No hay sustento jurídico para afirmar que el aborto es derecho fundamental”: Unisabana

Esto solo demuestra que esta sentencia de la Corte no se falló en derecho, con fundamento en los argumentos jurídicos debatidos, sino que es la respuesta a una agenda de liberalización del aborto. Con esta decisión pareciera que los escenarios de discusión de la Corte se convirtieron fue en negociaciones de cómo se conseguía una despenalización cada vez mayor, y no en una verdadera revisión constitucional del delito de aborto. A mí esto me genera muchas dudas sobre el papel de los jueces constitucionales, y sobre la seriedad con la que se están tomando estas decisiones que tienen tan profundos impactos en los derechos de todos los seres humanos.

Pero segundo, las investigaciones y condenas por el delito de aborto reflejan una realidad distinta. No solo se investiga a las mujeres, sino también a los hombres. De hecho, contrario a los argumentos sobre que este delito está dirigido solo a las mujeres, las cifras del Inpec muestran que al día de hoy hay privados de la libertad por el delito de aborto 10 hombres y 1 mujer; pero además por el delito de aborto también son investigadas las clínicas ilegales, cuestión que debe ser revisada con mucho cuidado pues seguramente estas clínicas serán las primeras en pedir que se cierren las investigaciones a raíz de esta sentencia.

Por último, me impacta muchísimo que se diga que este es el logro más importante para las mujeres después del derecho al voto. Me duele como mujer que la discusión sobre los derechos de las mujeres se haya reducido a la liberalización del aborto, cuando en realidad siguen existiendo tantas luchas tan distintas de las mujeres por alcanzar la igualdad. Me parece por demás que con independencia de las posturas (todas legítimas) sobre la mejor política criminal, se celebre tanto en torno a una conducta que anualmente causa la pérdida de millones y millones de vidas. Y lo último: que se nos intente callar a las mujeres, incluso a las magistradas que fallaron en derecho, como si les correspondiera más bien responder a una agenda política ¿No lucha el feminismo justamente porque las mujeres podamos alzar nuestra voz y decir lo que pensamos? La agencia moral de las mujeres es el fin, ¿siempre y cuando piensen todas igual? Me niego a vivir en esa sociedad y por eso no dejaré de alzar mi voz a favor de lo que yo creo que es el mayor logro de los derechos humanos: garantizar la dignidad de todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo.

¿Cuáles son esas luchas, especialmente en Colombia?

Varias académicas, académicos, e incluso jueces extranjeros, han argumentado que el derecho al aborto es necesario para alcanzar la igualdad de la mujer, en una sociedad en que, sin la posibilidad de abortar, las mujeres no pueden desarrollar autónomamente sus potencialidades como ciudadanas, empresarias, profesionales debido a que tienen que poner en pausa su proyecto de vida profesional por la maternidad. Daphne Clair de Jong, fundadora de “Feminists for life” en Nueva Zelanda respondía a este argumento en 1978 con las siguientes palabras que encuentro no solo pertinentes sino poderosas, y permítame citarlas:

“Si las mujeres deben someterse al aborto para preservar su estilo de vida o carrera; su situación económica o social, están complaciendo a un sistema ideado y dirigido por hombres para la conveniencia masculina. La política del sexismo se perpetúa acomodándose a estructuras societarias que decretan que la maternidad es incompatible con otras actividades, y que los niños son responsabilidad exclusiva de su madre. La demanda del aborto [como una necesidad para tener autonomía o agencia en la sociedad] es una venta de valores masculinos y una capitulación a estilos de vida masculinos, en lugar de un intento radical de renegociar los términos por los cuales las mujeres y los hombres pueden vivir en el mundo como personas con igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Aceptar la “necesidad” del aborto es aceptar que las embarazadas, las mujeres y las madres no pueden funcionar como personas en esta sociedad. Indica una voluntad de ajustarse al estado. Esto es una (…) pérdida de la visión revolucionaria . . .”

La lucha por la igualdad en Colombia requiere de más mujeres revolucionarias: revolucionarias porque luchan por tener voz y voto en las grandes empresas, en la política, en la justicia, en el servicio público, en las universidades; revolucionarias también porque luchen por cerrar la brecha salarial, por terminar con prácticas como la ablación genital -que sí, aún se practica en nuestro país-, por promover paternidades responsables. La lucha por la igualdad requiere de cantos, manifestaciones en las plazas públicas y acciones jurídicas de mujeres que se oponen a la violencia intrafamiliar, a la discriminación laboral y en ámbitos educativos respecto de las mujeres madres, a la censura de los liderazgos femeninos en nuestras regiones.

Aún más, la propia demanda de Causa Justa refleja, por ejemplo, las dificultades de las mujeres migrantes y más vulnerables que están en condiciones de pobreza y de marginación. Esas condiciones son las que muchas veces las llevan a tomar la decisión de abortar. La lucha por la verdadera igualdad debería estar en atacar las causas, y no en dar soluciones falsas que no resuelven estas condiciones de vida. En mi consideración, la razón central de la lucha por la igualdad de las mujeres sigue intacta, debemos ser tratadas como lo que somos: ciudadanas libres, dignas y valiosas, y en esto no se avanzó ni un milímetro con la sentencia de la Corte Constitucional del pasado lunes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.