Los números de la Procuraduría sobre contratos irregulares para mitigar el COVID-19
El Espectador conoció el total de las investigaciones que la Procuraduría ha manejado por contratos públicos mitigar el Covid-19. El alcalde de Anapoima, por ejemplo, fue sancionado por aprobar el gasto de $20 millones en 25 mil plegables y 16 mil manillas de colores, que salieron defectuosas, entre otros elementos. Hay ocho procesos activos en medio del naciente Plan Nacional de Vacunación.
El primer caso por COVID-19 en Colombia se registró el 6 de marzo de 2020, hace un año y tres semanas. Desde entonces, autoridades departamentales y municipales activaron, acatando las resoluciones del Ministerio de Salud, las disposiciones regionales para mitigar los efectos de la pandemia, la cual ya registra más de 63 mil muertos según el Instituto Nacional de Salud. La Procuraduría les puso la lupa a los diferentes contratos y encontró, tras un año de emergencia sanitaria, que en 596 acuerdos pudo presentarse irregularidades.
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En el Ministerio Público le respondió a El Espectador, por medio de un derecho de petición, que, de esos 596 expedientes, 367 siguen bajo investigación. Por ahora la entidad solo ha emitido una sanción en firme, cuyo doliente es el alcalde de Anapoima (Cundinamarca), Hugo Alexander Bermúdez Riveros. El pasado 4 de septiembre, la Procuraduría lo relegó del cargo durante seis meses por irregularidades y sobrecostos en contratación para atender la emergencia en su municipio.
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Girardot, Bermúdez adquirió “bienes y servicios que no era necesarios” para contener la pandemia. El alcalde aprobó el gasto de más de $20 millones en 25 mil plegables, 10 pasacalles, 10 pendones y 16 mil manillas de colores, que salieron de mala calidad, para sugerirle a la población mantenerse en casa, lavarse las manos constantemente, e identificar al miembro familiar que podría salir a hacer compras en los periodos de aislamiento.
Por hechos similares, de acuerdo con la institución, están en camino dos sanciones: una contra la Alcaldía de Armenia (Quindío) y otra contra la Alcaldía de Cúcuta (Norte de Santander). Si bien la Procuraduría no entregó detalles de los procesos, pues gozan de reserva legal, este diario constató que el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, fue suspendido durante tres meses, en decisión del 2 de junio de 2020, por posibles sobrecostos, irregularidades en la selección de contratistas, y vulneración de los principios de contratación en, al menos, cuatro acuerdos.
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Entre los 596 expedientes por contratos para mitigar el COVID-19, que presentaron posibles irregularidades, en total 175 están en indagación preliminar; 100 están en estudio preliminar; 74 están en etapa probatoria de investigación disciplinaria; 46 fueron remitidos a otra entidad; 12 están en evaluación; tres tienen a dos funcionarios en juicio disciplinario; y dos están siendo tramitadas para caer en manos de la Fiscalía. En contraste, 113 procesos ya fueron archivados y 13 resultaron en fallo absolutoria a favor de los funcionarios públicos.
De acuerdo con la Procuraduría, el departamento de Tolima ha sido el que presentó más casos de presuntos contratos irregulares, con un total de 56. Luego de esa región está Cundinamarca, con 52 expedientes en las carpetas de la entidad. En tercer lugar, se encuentra Antioquia, con 45 casos registrados. Llama la atención que los departamentos de Vaupés y Guainía solo tienen una investigación cada uno, ambas activas y en estudio preliminar.
Entre los procesos que están en curso en el departamento de Norte de Santander, por ejemplo, está el caso de ocho miembros de la Cámara de Comercio de Cúcuta: el director ejecutivo de la junta directiva Héctor Jesús Santaella Pérez; el presidente de la junta, Francisco Javier Pabón Martínez; el vicepresidente, Germán Enrique Hernández Gómez; y los integrantes de la junta directiva principal, Mario Alberto Latiff Gómez, Omar Gonzalo Quintero Torrado, Gonzalo Medina Valderrama, Fernando Del Corte Fajardo y Pedro Arnulfo García.
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De acuerdo con la Procuraduría Regional de Norte de Santander, los ocho investigados pudieron incurrir en una falta disciplinaria al, presuntamente, avalar un incremento salarial entre el 15% y el 125% para cerca de 30 empleados de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que habría sido escogido a criterio personal, en medio de la emergencia por el COVID-19. “Para el ente de control resulta cuestionable el que al parecer se favoreciera a los gerentes y directores con un aumento de $1.200 millones en el presupuesto público”, dijo la entidad.
Hablando de los procesos que están en proceso de traslado de competencia se encuentra la denuncia de un ciudadano de Puerto Boyacá (Boyacá) respecto el contrato N.234-2020, pues la alcaldía habría utilizado indebidamente más de $13 millones en contratos de publicidad, para mitigar el COVID-19. “No es justo que se gaste el dinero del erario público de esta forma cuando en emergencia hay gastos prioritarios. máxime que con quien hicieron el contrato es quien dirige y coordina la estación radial comunitaria Voz Claveriana”, expuso el denunciante.
El pasado 17 de febrero inició el Plan Nacional de Vacunación en Colombia, con la inoculación de Verónica Machado, enfermera jefa de la UCI del Hospital Universitario de Sincelejo (Sucre). Desde entonces, según el Ministerio de Salud, se han aplicado más de 1′7250.000 dosis. La Procuraduría, por su parte, ya inició ocho procesos disciplinarios, de los cuales siete están activos por posibles irregularidades presentadas por funcionarios públicos. Los casos se ubican en Caldas, Boyacá, Tolima, Antioquia, Casanare y Atlántico.
El primer caso por COVID-19 en Colombia se registró el 6 de marzo de 2020, hace un año y tres semanas. Desde entonces, autoridades departamentales y municipales activaron, acatando las resoluciones del Ministerio de Salud, las disposiciones regionales para mitigar los efectos de la pandemia, la cual ya registra más de 63 mil muertos según el Instituto Nacional de Salud. La Procuraduría les puso la lupa a los diferentes contratos y encontró, tras un año de emergencia sanitaria, que en 596 acuerdos pudo presentarse irregularidades.
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En el Ministerio Público le respondió a El Espectador, por medio de un derecho de petición, que, de esos 596 expedientes, 367 siguen bajo investigación. Por ahora la entidad solo ha emitido una sanción en firme, cuyo doliente es el alcalde de Anapoima (Cundinamarca), Hugo Alexander Bermúdez Riveros. El pasado 4 de septiembre, la Procuraduría lo relegó del cargo durante seis meses por irregularidades y sobrecostos en contratación para atender la emergencia en su municipio.
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Girardot, Bermúdez adquirió “bienes y servicios que no era necesarios” para contener la pandemia. El alcalde aprobó el gasto de más de $20 millones en 25 mil plegables, 10 pasacalles, 10 pendones y 16 mil manillas de colores, que salieron de mala calidad, para sugerirle a la población mantenerse en casa, lavarse las manos constantemente, e identificar al miembro familiar que podría salir a hacer compras en los periodos de aislamiento.
Por hechos similares, de acuerdo con la institución, están en camino dos sanciones: una contra la Alcaldía de Armenia (Quindío) y otra contra la Alcaldía de Cúcuta (Norte de Santander). Si bien la Procuraduría no entregó detalles de los procesos, pues gozan de reserva legal, este diario constató que el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, fue suspendido durante tres meses, en decisión del 2 de junio de 2020, por posibles sobrecostos, irregularidades en la selección de contratistas, y vulneración de los principios de contratación en, al menos, cuatro acuerdos.
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Entre los 596 expedientes por contratos para mitigar el COVID-19, que presentaron posibles irregularidades, en total 175 están en indagación preliminar; 100 están en estudio preliminar; 74 están en etapa probatoria de investigación disciplinaria; 46 fueron remitidos a otra entidad; 12 están en evaluación; tres tienen a dos funcionarios en juicio disciplinario; y dos están siendo tramitadas para caer en manos de la Fiscalía. En contraste, 113 procesos ya fueron archivados y 13 resultaron en fallo absolutoria a favor de los funcionarios públicos.
De acuerdo con la Procuraduría, el departamento de Tolima ha sido el que presentó más casos de presuntos contratos irregulares, con un total de 56. Luego de esa región está Cundinamarca, con 52 expedientes en las carpetas de la entidad. En tercer lugar, se encuentra Antioquia, con 45 casos registrados. Llama la atención que los departamentos de Vaupés y Guainía solo tienen una investigación cada uno, ambas activas y en estudio preliminar.
Entre los procesos que están en curso en el departamento de Norte de Santander, por ejemplo, está el caso de ocho miembros de la Cámara de Comercio de Cúcuta: el director ejecutivo de la junta directiva Héctor Jesús Santaella Pérez; el presidente de la junta, Francisco Javier Pabón Martínez; el vicepresidente, Germán Enrique Hernández Gómez; y los integrantes de la junta directiva principal, Mario Alberto Latiff Gómez, Omar Gonzalo Quintero Torrado, Gonzalo Medina Valderrama, Fernando Del Corte Fajardo y Pedro Arnulfo García.
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Hablando de los procesos que están en proceso de traslado de competencia se encuentra la denuncia de un ciudadano de Puerto Boyacá (Boyacá) respecto el contrato N.234-2020, pues la alcaldía habría utilizado indebidamente más de $13 millones en contratos de publicidad, para mitigar el COVID-19. “No es justo que se gaste el dinero del erario público de esta forma cuando en emergencia hay gastos prioritarios. máxime que con quien hicieron el contrato es quien dirige y coordina la estación radial comunitaria Voz Claveriana”, expuso el denunciante.
El pasado 17 de febrero inició el Plan Nacional de Vacunación en Colombia, con la inoculación de Verónica Machado, enfermera jefa de la UCI del Hospital Universitario de Sincelejo (Sucre). Desde entonces, según el Ministerio de Salud, se han aplicado más de 1′7250.000 dosis. La Procuraduría, por su parte, ya inició ocho procesos disciplinarios, de los cuales siete están activos por posibles irregularidades presentadas por funcionarios públicos. Los casos se ubican en Caldas, Boyacá, Tolima, Antioquia, Casanare y Atlántico.