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Una sentencia proferida el 22 de julio por la Corte Constitucional elimina el requisito de padecer de una enfermedad terminal para poder acceder a la eutanasia. El fallo, que modifica la decisión que tomó ese mismo tribunal hace 24 años, fue votado favorablemente por seis magistrados, pero los tres miembros restantes de la Sala Plena no estuvieron de acuerdo en ampliar el derecho a morir dignamente. Los magistrados que votaron en contra y salvaron su voto son Cristina Pardo, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez.
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La magistrada Cristina Pardo salvó su voto al considerar que la demanda que pedía ampliar la eutanasia no tenía la sustentación suficiente para que existiera un debate de fondo y, a su parecer, el fallo debió ser inhibitorio. Es decir: pedía dejar el tema tal como estaba. Para Pardo, la Corte debía determinar si era constitucional limitar la justificación del homicidio por piedad a los casos de los enfermos terminales, discusión que, a su parecer, ya estaba clara en la Sentencia C-239 de 1997.
En dicha sentencia, la Corte analizó si el delito de homicidio por piedad era constitucional y concluyó que sí, pero, con una gran aclaración: “en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada”. Para Pardo, en 1997 sí hubo un debate sobre la eutanasia y una decisión de fondo, por lo cual la magistrada pedía mantenerse en que la enfermedad terminal si debería mantenerse como requisito.
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Así mismo, la magistrada Pardo rechazó la posibilidad del consentimiento del paciente, porque, para ella, hay una minusvaloración de la vida de las personas más frágiles y se desconoce el conflicto de intereses presente en los familiares y cuidadores de personas con enfermedades difíciles de atender. Igualmente, según dijo, la aceptación de la propia eutanasia no es del todo consistente con la defensa de la autonomía, porque se suele dar en circunstancias que dificultan la libertad del consentimiento. Finalmente, para la magistrada, la razón por la que no es posible entender que la acción eutanásica sea lícita consiste fundamentalmente en que tal acción está naturalmente e inmediatamente dirigida a la terminación de la vida.
El segundo magistrado en oponerse a ampliar la eutanasia fue Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien se apartó de la decisión mayoritaria ya que, para él, no era posible emitir un fallo por la demanda en cuestión, pues el tema había sido debatido y juzgado hace 24 años. Es decir, ya era lo que los abogados llaman cosa juzgada. En sus argumentos afirmó que el fallo proferido por la Corte desconoció que no se puede demandar sobre un tema del que ya se tenía una decisión.
Igualmente, basado en la legislatura nacional, considera que no existe un derecho fundamental a morir dignamente, sino que este es de construcción jurisprudencial y legal. Para Ibáñez, por el contrario, la Constitución es clara al indicar que el derecho fundamental que se protege es el de la vida. Con ello, manifestó, comparte la construcción sobre la dignidad en relación con el derecho a morir dignamente, pero, para él, ello no se puede confundir con el carácter de fundamental.
Por último, la magistrada Paola Andrea Meneses salvó parcialmente su voto. Para ella, la demanda que pedía ampliar la eutanasia no era apta y, por lo tanto, según ella, la Corte debió haberse declarado inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo. En el mismo sentido que Ibáñez y Pardo, dijo que debió haber operado el efecto de la cosa juzgada respecto de la sentencia proferida por el mismo tribunal en 1997.
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Para Paola Meneses, los argumentos de los demandantes no satisfacían las cargas de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. Según la magistrada, los argumentos no eran claros, porque no era posible identificar cuál era la norma que los accionantes demandaban. Por otra parte, aseguró que la demanda carecía de certeza, puesto que la acusación de los demandantes no recaía sobre una proposición jurídica real y existente. Y, a su juicio, los demandantes no demostraron que fuera necesario levantar la cosa juzgada de 1997.
A pesar de las oposiciones de estos tres magistrados, para la Corte Constitucional, “los límites que los derechos fundamentales imponen a la potestad de configuración legislativa en materia penal implican que la asistencia prestada por un profesional de la salud, en el sentido de dar soporte a quien libremente decidió poner fin a intensos sufrimientos, no puede ser sancionada penalmente, siempre que se cumplan las circunstancias previamente descritas”. Es decir, si una persona decide bajo su voluntad acceder a la muerte digna, la justicia no debería castigar al profesional que lo asiste.
