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6 Jul 2022 - 2:25 a. m.

JEP: Los peros de víctimas a posibles sanciones de implicados en falsos positivos

Luego de que reconocieran que asesinaron a inocentes para hacerlos pasar por bajas en combate, los militares implicados en falsos positivos en el Catatumbo le plantearon a la JEP sus propuestas de sanciones. Sin embargo, las víctimas no están muy de acuerdo con ellas. Estas son las propuestas.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista Judicial
Los 10 militares que reconocieron ante las víctimas su rol en falsos positivos en el Catatumbo. / Óscar Pérez
Los 10 militares que reconocieron ante las víctimas su rol en falsos positivos en el Catatumbo. / Óscar Pérez
Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Un documental, un libro, la recuperación de infraestructura y una escultura de un bocachico que nada tiene que ver con el caso y hasta cátedras de paz. Así es como 10 hombres que aceptaron haber cometido falsos positivos quieren reparar a sus víctimas y contribuir a la no repetición de la guerra. El Espectador conoció las propuestas que le hicieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre cómo quisieran ser sancionados los 10 exmiembros del Ejército y el civil que reconocieron haber participado del asesinato de inocentes, para luego hacerlos pasar como bajas en combate en el Catatumbo. Un paso previo a la sentencia, pero que ya tiene los primeros reparos por parte de las víctimas.

(En contexto: Falsos Positivos en Catatumbo: ¿Quiénes son los 10 militares imputados en la JEP?)

Se trata de los mismos militares que, a finales de abril, reconocieron en Ocaña (Norte de Santander) y Soacha (Cundinamarca), ante las víctimas y el país, su participación en la macabra práctica de los falsos positivos, que entre 2005 y 2007 cobró la vida de 120 personas. El caso en su contra es uno de los más avanzados en la justicia especial y, siguiendo el procedimiento, la magistrada que lleva la investigación, Catalina Díaz, les pidió a los exmiembros del Ejército que enviaran sus propuestas de trabajos u obras para reparar a las víctimas. Esto fue lo que le plantearon a la JEP y las respuestas que recibieron de los familiares de los jóvenes asesinados.

El libro del general

Junto al mayor (r) Daladier Rivera y al teniente coronel (r) Gabriel Rincón, el general Coronado -el militar de más alto rango en aceptar su responsabilidad en falsos positivos, aunque solo por omisión- quiere escribir un libro, para “restablecer el buen nombre de las personas asesinadas”. Según le dijeron a la Sala de Reconocimiento, quieren ir a terreno y entrevistar a los familiares de las víctimas, recaudar fotografías y contar sus vidas. En el documento aseguraron: “El libro será escrito con las palabras y de la mano de las víctimas indirectas de este conflicto, con el fin de menguar los daños psicológicos, angustias, revictimizaciones y estigmatizaciones que les causamos”.

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El libro tendría por nombre Las personas asesinadas por miembros del Ejército en Ocaña- no eran combatientes ni delincuentes y tendría un capítulo de antecedentes históricos que tomarían del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Además de contar las vidas de las 111 personas que fueron presentadas como bajas por sus unidades militares entre, 2007 y 2008, quieren identificar a las 10 personas asesinadas bajo la misma práctica que aún no han sido identificadas. Finalmente, quieren presentar su obra en Catatumbo y Soacha, de donde eran las víctimas, y así “restablecer la honra del tejido social de esas regiones, fracturado por la estigmatización de sus pobladores”.

La Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, organizaciones que defienden a las 120 víctimas identificadas en este subcaso, contestaron de manera conjunta a las propuestas. Sobre el libro de Coronado, les preocupa que estos comparecientes tendrían que acceder a sus entornos privados y que la difusión del libro podría quedarse en círculos muy reducidos. Pero consideraron que, por ser los implicados de mayor rango, sí podrían romper el “pacto de silencio” y escribir cómo se gestó la política de falsos positivos y cómo se degradó la guerra hasta este punto.

Cátedras a militares

“Sabemos, por fuente propia y directa, todas las maniobras, tácticas y estrategias realizadas para ‘ganar la guerra a como diera lugar’, esto es pasando por encima de la vida de quienes incluso no eran parte ‘del enemigo’”, advirtieron cinco militares más en la propuesta que le enviaron a la JEP. Por eso, con “la metodología de las lecciones aprendidas”, quieren dar cátedra en los principales centros de formación del Ejército y así “enseñar a las nuevas generaciones de oficiales, suboficiales y soldados profesionales ese capítulo oscuro, que nunca se ha abierto completamente, de la realidad de la degradación del conflicto colombiano donde nosotros fuimos partícipes”.

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Los coroneles retirados Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, y los tenientes coronel Álvaro Tamayo, Gabriel Rincón y Juan Carlos Chaparro reconocen que no tienen una formación en derecho internacional humanitario. Pero en el documento agregan que sí tienen “el conocimiento empírico acerca de cómo, en el conflicto armado con las Farc-EP, nos apartamos completamente de esos derechos”. Además, advierten que las clases aún deben ser coordinadas con centros a los que quieren llegar: la Escuela de cadetes General José M. Córdova, la de Suboficiales en Tolemaida; la de Soldados Profesionales en Nilo (Cundinamarca) y el Centro de Educación Militar (Cemil).

En este caso, las víctimas contestaron que “no es su deseo ver que los comparecientes se posicionen como catedráticos de paz”, pues hasta la fecha solo han dado “relatos incompletos, parcializados y, en muchas ocasiones, justificatorios de las conductas criminales”. En su lugar, las víctimas proponen que sean los familiares de los jóvenes asesinados como falsos positivos quienes den clases y cuenten sus experiencias sobre este fenómeno en escuelas militares. Los militares, en ese caso, podrían dedicarse a labores “de tipo administrativo o de consecución de recursos que se requieran para que las víctimas puedan llevar a cabo estas cátedras”.

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Infraestructura social

Para “mejorar la calidad de vida de las víctimas y las comunidades afectadas”, el teniente coronel (r) Chaparro, junto con los cabos (r) Néstor Gutiérrez y Sandro Pérez, propusieron un proyecto de “infraestructura social” en los territorios de los que eran los jóvenes asesinados. Así, por ejemplo, plantean la recuperación del monumento “Testigo en silencio”, escultura de un pez bocachico que fue instalada en el barrio Brisas del Polaco, Ocaña, en 2010, para recordar a las víctimas de los paramilitares que fueron arrojadas al río Magdalena. También se comprometen a mejorar las vías de acceso a ese barrio y recuperar la capilla de un corregimiento cercano.

Para las víctimas, sin embargo, la propuesta es problemática por muchas razones: no se sienten representadas en ese monumento, muchas de ellas ni siquiera habitaron el barrio Brisas del Polaco y no todas profesan la fe católica. La propuesta para reparar a las madres de Soacha tampoco estuvo exenta de críticas: los militares dicen que contribuirían a la construcción de un mausoleo para sus hijos asesinados. No obstante, las víctimas vienen luchando por un espacio así, ellas solas, desde 2017. “Genera descontento en las víctimas que los comparecientes quieran apropiar como suya una iniciativa que las familias vienen impulsando desde hace varios años”, les contestaron.

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Un documental

Herrera, Castro, Tamayo y Chaparro propusieron una forma adicional de reparación: elaborar un documental sobre la estigmatización de la Fuerza Pública hacia la región del Catatumbo y sus pobladores, lo que, según ellos, fue determinante para que el fenómeno de los falsos positivos se desarrollara de una manera tan masiva allí. Por eso, quieren reivindicar a sus víctimas, y a “la historia, tradiciones, fama y reputación de la región del Catatumbo, a través de un documental fílmico”, según escribieron en un documento enviado a la Sala de Reconocimiento. Aseguran que han llegado a estas conclusiones al dialogar con las víctimas.

Así las cosas, los militares quieren que las víctimas participen en la producción para contar, en la pieza audiovisual, los 11 bloques temáticos que escogieron: desde un contexto sobre el conflicto armado en esta subregión del nordeste del país, hasta los sistemas de creencias establecidos en el Ejército, la comisión de los falsos positivos y los “procesos de sanación y reconciliación” posteriores. Al documental lo quieren nombrar Las verdades del Catatumbo. Sin embargo, las víctimas contestaron que no se sentirían cómodas recibiendo a sus victimarios en sus entornos más privados y, por el lado de las víctimas de Soacha, a ellas les parece que la propuesta las deja por fuera.

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Finalmente, el único civil procesado en este caso, Alexander Carretero, también presentó una forma de reparación a las víctimas. Él aceptó que reclutó a jóvenes de Soacha con falsas promesas para que fueran asesinados en Catatumbo y ahora quiere hacer una campaña en ese municipio en la que,  con siluetas humanas elaboradas en metal, se recreen conversaciones como las que él tuvo con quienes fueron sus reclutados, para que crímenes así no se repitan. Las víctimas resaltaron en su respuesta que Carretero ha adelantado gestiones para recibir apoyo económico y sugirieron que esta campaña podría ser exhibida en el Centro de Memoria.

Lo que quieren las víctimas

En su respuesta, las víctimas le expresaron a la Sala de Reconocimiento que ellas mismas han construido consensos de cómo les gustaría ser reparadas. Tienen un anhelo común: “Tener un espacio físico para la congregación de diferentes familias que también fueron víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como bajas en combate”. Quieren que el lugar se vuelva un “laboratorio de creación” para el desarrollo de proyectos productivos para sus familias. En su sentir, tendría que construirse un lugar así en Soacha y otro en Ocaña, y el aporte de los militares sería en la consecución de los recursos para financiar el proyecto.

La Sala de Reconocimiento tendrá que evaluar estas propuestas y determinar si cumplen con los requisitos pactados en el Acuerdo de Paz. La Procuraduría también puede hacer comentarios. Cuando la magistrada Díaz elabore lo que la JEP llama resolución de conclusiones, debe incluir este componente, los trabajos, las obras y actividades restaurativas (TOAR) que harán los implicados en los falsos positivos del Catatumbo, que pueden o no incluir estas cuatro propuestas. Como este es unos de los casos más avanzados, sobre los 11 implicados en esta práctica criminal podría recaer la primera sanción propia en la justicia especial. Pero todavía hay mucho por definir.

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