Lucio Rubio, director de Codensa y Emgesa, tiene un objetivo claro ante el Juzgado 19 Civil de Circuito de Bogotá: lograr que la empresa BRG Consulting Colombia lo indemnice por el sonado caso de chuzadas desde la Fiscalía. Se trata de un entramado de espionaje empresarial en el cual, desde la Sala Diamante del ente investigador, al parecer la organización demandada tramitó servicios de interceptaciones ilegales. ¿El objetivo? Usar los recursos de inteligencia del Estado para el beneficio de terceros en pleitos millonarios entre empresas.
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Lucio Rubio, Codensa y Emgesa presentaron una demanda contra la empresa BRG Consulting Colombia. La organización hasta hace poco tenía en la dirección de inteligencia, investigaciones, prevención de riesgos y consultoría estrategia a Laude José Fernández, exdirector de contrainteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La hipótesis de la Fiscalía General, con la cual negocia un preacuerdo al exfiscal Fabio Martínez Lugo, señalado de “chuzar” a Rubio, es que BRG interceptó las comunicaciones de Lucio Rubio, para favorecer al Grupo Energía Bogotá (GEB). La razón sería que esta última sociedad ha promovido pleitos en la justicia contra Codensa y Emgesa. Por su parte el GEB se ha declarado ajeno de acciones ilegales.
“Desde diciembre de 2017, GEB y Enel Américas se encuentran envueltos en un litigio por el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos de accionistas existentes entre ellos; en particular, en relación con la distribución de utilidades al interior de las Sociedades; la realización de operaciones con partes vinculadas; la implementación de la marca Enel, entre otros”, referencia Rubio en su demanda. Tal sería el pleito que GEB reclama perjuicios por casi US$ 570 millones.
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Amparado en investigaciones de la Fiscalía, Rubio sostiene que GEB contrató los servicios de inteligencia de BRG Consulting para escarbar datos, de manera ilegal, suyos y de las empresas que representa. Para el demandante resulta muy sospechoso que para la fecha en que GEB inició los pleitos contra Emgesa y Codensa, fue el mismo tiempo en que el grupo y BRG firmaron una relación comercial de “investigaciones corporativas”, en febrero 2018. Luego, en junio de ese año, GEB y BRG celebraron un contrato de Consultoría para servicios de inteligencia corporativa.
Entre los negocios firmados entre GEB y BRG, al parecer se realizó un due diligence (búsqueda de información) de dos personas naturales, entre ellas Lucio Rubio. El proyecto se firmó, según la demanda, para que fuese “más exhaustivo de lo habitual, ya que se realizarán consultas de un mayor número de fuentes confidenciales cuyo acceso es mucho más especializado”. De acuerdo con la Fiscalía General, esas “fuentes” serían el exfiscal Martínez Lugo y el excoordinador de la sala de escucha diamante, Luis Carlos Gómez Góngora.
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“La Fiscalía encontró que BRG y, en especial, Laude Fernández, hacen parte de una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales, para satisfacer intereses de particulares. En el año 2018, al realizarse los controles de legalidad de distintas interceptaciones de comunicaciones, la Fiscalía evidenció numerosas irregularidades, encontrando que personas, como el señor Lucio Rubio, sin ninguna relación con investigaciones penales, habían sido interceptadas, sin existir ningún fundamento para ello”, se señala en la demanda.
Por tanto, Rubio y las empresas que representa esperan que el juzgado declare civilmente responsable a BRG Consoulting por las interceptaciones ilegales. Por daño moral solicitaron $100 millones, por daño en vida de relación $150 millones y por daño a otros bienes jurídicos, como el bueno nombre y la privacidad, un total de $100 millones. Asimismo, Rubio espera que BRG le cancele a Codensa los gatos de seguridad adicionales que ha tenido que asumir para su protección física, entre mayo y septiembre de 2019. Lo mismo para la empresa Emgesa.
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En la demanda, Rubio referencia que la misma Fiscalía ha procesado a más de ocho personas por el caso de chuzadas desde el ente investigador, entre ellos Laude Fernández, quien fue director del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Según conoció el demandante, al parecer el Grupo Energía Bogotá (GEB) pagó a BRG Consoulting por los servicios en “apoyo a litigios” la suma de $3.100 millones. Le llama la atención a Rubio, por otro lado, que GEB y BRG firmaron un acta de terminación anticipada de mutuo acuerdo del “contrato de consultoría” en marzo de 2019, cuando Laude Fernández estaba a punto de ser imputado.
“En esencia, el modus operandi consistía en que el señor Laude Fernández, como representante de BRG, le indicaba al fiscal Martínez Lugo las personas que serían interceptadas. Este elevaba la solicitud de interceptación, señalando que se trataba de una medida de investigación para un caso que no tenía movimiento desde hacía años. El coordinador de la Sala Diamante (la sala de interceptaciones de la Fiscalía), el señor Gómez Góngora, recibía la solicitud y elaboraba un informe recomendando la interceptación y, finalmente, se procedía con esta”, concluye la demanda.
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La defensa de BRG Consoulting, por su parte, ha sido insistente en declarar la nulidad de lo actuado ante el juzgado. De acuerdo con el abogado Jonathan Alexander Sánchez, el proceso está viciado por violación al debido proceso, dada una indebida notificación del documento en el cual el juzgado admitió la demanda. Entre tanto, este 2021 será recordado por Martínez Lugo y Gómez Góngora como el periodo en el cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les negó la entrada a su jurisdicción. Ambos han avisado que tienen crucial información del exfiscal Néstor Humberto Martínez y que no la van a entregar hasta que cuenten con garantías en la justicia.
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