Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Corte Suprema de Justicia le otorgó la libertad condicional al condenado exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Este hombre había sido sentenciado en 2021 a siete años y nueve meses de prisión por haberse asociado con grupos paramilitares entre 2000 y 2001. En ese momento el alto tribunal encontró probada su relación con las cabezas de los bloques Metro y Centauros, quienes aportaron dinero para sus campañas políticas, y con los hermanos Vicente y Carlos Castaño.
Le puede interesar: Los detalles de la condena a Luis Alfredo Ramos por parapolítica
La decisión del alto tribunal se da luego de echar para atrás el fallo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia de enero de este año, que le negó en primera instancia la libertad condicional a Ramos, argumentando que aunque había cumplido varios requisitos para quedar libre, su conducta había sido tan grave que no podía acceder a ese beneficio. Pero la Corte no estuvo de acuerdo, porque para tomar este tipo de decisiones no se puede desestimar los demás presupuestos legales que ordena la ley en este caso, es decir, el tiempo cumplido y la buena conducta.
Según la Corte Suprema, Ramos ya cumplió las 3/5 partes de su condena. “Desde la captura del condenado ocurrida el 29 de agosto de 2013, hasta la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva, esto es, el 23 de noviembre de 2016, sumó 38 meses y 26 días; cifra a la que se adiciona el tiempo transcurrido entre el 5 de julio de 2022 a la fecha, cumpliendo la pena, es decir, 20 meses y 5 días, para un total de 59 meses y 1 días. Lo que objetivamente demuestra que ha descontado más de las 3/5 partes de la pena impuesta, ya que ha sumado más de 57 meses que corresponden a la proporción mínima de pena a cumplir, lo que basta para dar por acreditado este requisito”, explicó la Corte.
Lea: Luis A. Ramos es acusado en la Corte Suprema por contratos irregulares en Hidroituango
Además, demostró buen comportamiento y ha estudiado dentro de la cárcel. “Durante su reclusión, el condenado ha realizado labores de estudio sobre creación literaria con calificación de sobresaliente. No existe el más mínimo llamado de atención de infracción a las reglas penitenciarias”.
Ramos fue condenado en 2021 luego de que la Corte Suprema de Justicia encontró probada su relación con las cabezas de los bloques Metro y Centauros, quienes aportaron dinero para sus campañas políticas, y con los hermanos Vicente y Carlos Castaño, al punto de describir al exsenador como “amigo” de los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Para el alto tribunal resultó incontrovertible que el exgobernador de Antioquia accedió a aliarse con varios comandantes de las Auc y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal. En palabras del alto tribunal, el exsenador se asoció “con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia” en el departamento y en todo el país.
Para llegar a esa conclusión, la Corte Suprema tuvo en cuenta los testimonios de exjefes paramilitares como alias Ernesto Báez, Don Berna y Alberto Guerrero, quienes señalaron que se reunieron con Ramos en 2005 en la finca la Bellanita, propiedad del condenado empresario Hugo Albeiro Quintero. La Corte señala que, de acuerdo con lo dicho por esos tres testigos, en esa reunión la idea era que los paramilitares, a través de la incidencia de Ramos que era senador en ese momento, pudiera influir en algunas modificaciones a la Ley de Justicia y Paz que se estaba tramitando en el Congreso, “ya que las AUC tenían ambiciones políticas y aspiraban a entrar al Congreso”, señaló el alto tribunal.
Lea también: Defensoría pide que la Corte Constitucional revise caso de Luis Alfredo Ramos
Pero este no es el único caso que la justicia tiene en contra del exgobernador de Antioquia. En octubre de 2023 fue acusado por supuestas irregularidades en la adjudicación de la megaobra para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, proyecto conocido como Hidroituango. En este caso, la Fiscalía delegada ante el alto tribunal lo acusa por, supuestamente, haber permitido que se pasara de una invitación internacional a una selección directa, con el propósito de favorecer a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y entregarles el proyecto. Además, valiéndose de su posición como gobernador del departamento, se encargó de que EPM quedara con el contrato de construcción y operación de la hidroeléctrica, según el ente investigador.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
