Lupa a clubes de fútbol

El escándalo que vive el fútbol mundial no deja de repercutir en Colombia. Ayer, la Fiscalía General de la Nación, admitió que siete equipos profesionales han sido sometidos a indagaciones preliminares, por presuntos hechos relacionados con el manejo de dineros de dudosa procedencia. La lista la encabeza el Envigado F.C. y la completan Cortuluá, Boyacá Chicó, Valledupar F.C., Depor F.C., Unión Magdalena e Itagüí Ditaires, hoy conocido como Águilas. Según informó el ente investigador, tres de los procesos hacen parte del antiguo sistema penal, mientras el resto de las indagaciones se tramitan dentro del nuevo sistema penal acusatorio, o Ley 906 de 2004.

Sobre el Envigado F.C., la Fiscalía reveló que las investigaciones tienen que ver con la supuesta relación del equipo con dineros del narcotráfico, específicamente de la Oficina de Cobro de Envigado y del clan Úsuga. Desde noviembre de 2014, este club de la primera división del fútbol profesional, fue incluido en la llamada Lista Clinton, a través de la cual el gobierno de Estados Unidos bloquea la posibilidad de que las empresas o personas reportadas tengan vínculos económicos con compañías legales. En la misma lista fue incluido su socio mayoritario, Juan Pablo Upegui, hijo del asesinado Gustavo Upegui, un hombre que siempre estuvo señalado de ser socio de la Oficina de Envigado.

De igual modo, la Fiscalía reportó que el Cortuluá es investigado por el supuesto ingreso de dineros ilícitos a parte de sus finanzas. No hace mucho tiempo, este equipo del departamento del Valle, también estuvo incluido en la Lista Clinton y quien fuera uno de sus dirigentes, Ignacio Martán, tuvo la misma suerte. En 2012, el equipo y su expresidente fueron excluidos de la lista, pero la Fiscalía, en su reporte de ayer, insistió en que todavía quedan hechos por averiguar. La jefa de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón, dijo que si se logra constatar los ilícitos, se harán las imputaciones correspondientes.

En cuanto a tres de los equipos de la segunda división, Valledupar, Depor y Unión Magdalena, las autoridades informaron que el elemento común es la eventual presencia de dineros ilícitos. Sobre el equipo del departamento del Cesar, se indaga la posible inyección de dineros procedentes de grupos paramilitares. Incluso, en el reporte se dice que habrían sido recursos del extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40. Respecto al Depor F.C., las sospechas giran alrededor de reportes de dudosas operaciones financieras, razón por la cual se requiere aclarar los patrimonios de algunos de sus socios y esos movimientos irregulares.

El Unión Magdalena sigue estando relacionando con Eduardo Dávila, una persona procesada por tráfico de estupefacientes. Además, dijo a la Fiscalía, se indaga si hay conexiones entre antiguos socios del club y empresas y personajes vinculados a un presunto lavado de activos. Desde los años 80, cuando comenzaron las primeras averiguaciones de la justicia colombiana contra los clubes de fútbol por vínculos con el tráfico de estupefacientes, el equipo de Santa Marta apareció reseñado como una de las primeras instituciones que permitieron el ingreso de dineros calientes. En esa época, sin embargo, no hubo pesquisas.

El reporte de la Fiscalía concluyó con dos equipos que juegan en el campeonato profesional: el Boyacá Chicó y el Itagüí Ditaires. Sobre el primer caso precisó que se investiga un eventual lavado de activos por transacciones correspondientes a la venta de jugadores en el exterior, tal como lo había dicho El Espectador en mayo de 2013. Sobre el Itagüí se indaga la supuesta relación del club con una empresa ganadera que, al parecer, era una fachada para facilitar el ingreso de dineros ilícitos. El ente investigador agregó que esos recursos podrían tener nexos con el extinto cartel de Medellín.

Equipos en reestructuración

A los equipos profesionales del fútbol colombiano mencionados en el reporte de la Fiscalía se suman aquellos clubes que hoy afrontan procesos de reorganización empresarial, porque sus acreencias superan su posibilidad de desarrollarse como empresas. Esa lista la encabeza el Deportivo Pereira, contra el cual, incluso, existe una orden de liquidación por el incumplimiento de sus obligaciones posacuerdo. Se estima que sus pasivos acumulados superan los $13.000 millones. Aun así, participa en el torneo de la categoría B y, según fuentes consultadas, cuenta con reconocimiento deportivo.

En esta lista está también el América de Cali, que desde agosto de 2011, por sentencia de un juzgado civil del circuito, está en reorganización empresarial. Un año después, en julio de 2012, la Superintendencia de Sociedades tomó el caso. Además, el club escarlata sigue teniendo problemas en sus obligaciones pendientes con la DIAN. Sus pasivos están por encima de los $14.000 millones y, como si fuera poco, ha perdido algunos pleitos laborales, lo cual ha venido incrementando sus pasivos. El América juega hoy en la B, ya estuvo y salió de la Lista Clinton y en su pasado se lo vinculó al cartel de Cali.

Otro equipo en líos económicos es el Cúcuta, admitido para reorganización empresarial en 2012. Hace más de un año se le otorgó un plazo para que pagara casi $5.000 millones, como quedó acordado, y sus directivos tratan de llegar a acuerdos con sus acreedores con la expectativa de que el equipo puede ser liquidado. Ha sido varias veces requerido por incumplir obligaciones posacuerdo, sin mayores consecuencias. Fuentes consultadas añadieron que no se les han pagado a los jugadores los premios ofrecidos por ganar su ascenso a la primera división y que, además, hay deudas con el anterior cuerpo técnico.

La lista de los clubes profesionales de fútbol en acuerdos de reorganización empresarial la cierran el Once Caldas y el Real Cartagena. Del primero se sabe que el proceso está suspendido, porque el equipo no ha cancelado obligaciones con la DIAN derivadas de una sentencia del Consejo de Estado. Además, debe presentar certificación de que no adeuda obligaciones por temas de seguridad social. En cuanto al Real Cartagena, desde junio de 2013 está conminado a ordenar sus finanzas. El proceso ha sido suspendido tres veces y el último inconveniente surgió a raíz de una multa que está en firme desde mayo.

Si a ellos se suman multas por eludir obligaciones de aportes parafiscales y de seguridad social, según comentó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, salta a la vista que la informalidad sigue siendo uno de los vacíos constantes en los equipos colombianos. Por lo pronto, tanto la Fiscalía como los organismos de control tienen claro que, justo ahora que el fútbol mundial vive la crisis más aguda de su historia, es buen momento para sanear los clubes profesionales, algunos de los cuales, al parecer, siguen permitiendo poca claridad en cuanto a la procedencia de sus recursos.

El escándalo que vive el fútbol mundial no deja de repercutir en Colombia. Ayer, la Fiscalía General de la Nación, admitió que siete equipos profesionales han sido sometidos a indagaciones preliminares, por presuntos hechos relacionados con el manejo de dineros de dudosa procedencia. La lista la encabeza el Envigado F.C. y la completan Cortuluá, Boyacá Chicó, Valledupar F.C., Depor F.C., Unión Magdalena e Itagüí Ditaires, hoy conocido como Águilas. Según informó el ente investigador, tres de los procesos hacen parte del antiguo sistema penal, mientras el resto de las indagaciones se tramitan dentro del nuevo sistema penal acusatorio, o Ley 906 de 2004.

Sobre el Envigado F.C., la Fiscalía reveló que las investigaciones tienen que ver con la supuesta relación del equipo con dineros del narcotráfico, específicamente de la Oficina de Cobro de Envigado y del clan Úsuga. Desde noviembre de 2014, este club de la primera división del fútbol profesional, fue incluido en la llamada Lista Clinton, a través de la cual el gobierno de Estados Unidos bloquea la posibilidad de que las empresas o personas reportadas tengan vínculos económicos con compañías legales. En la misma lista fue incluido su socio mayoritario, Juan Pablo Upegui, hijo del asesinado Gustavo Upegui, un hombre que siempre estuvo señalado de ser socio de la Oficina de Envigado.

De igual modo, la Fiscalía reportó que el Cortuluá es investigado por el supuesto ingreso de dineros ilícitos a parte de sus finanzas. No hace mucho tiempo, este equipo del departamento del Valle, también estuvo incluido en la Lista Clinton y quien fuera uno de sus dirigentes, Ignacio Martán, tuvo la misma suerte. En 2012, el equipo y su expresidente fueron excluidos de la lista, pero la Fiscalía, en su reporte de ayer, insistió en que todavía quedan hechos por averiguar. La jefa de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón, dijo que si se logra constatar los ilícitos, se harán las imputaciones correspondientes.

En cuanto a tres de los equipos de la segunda división, Valledupar, Depor y Unión Magdalena, las autoridades informaron que el elemento común es la eventual presencia de dineros ilícitos. Sobre el equipo del departamento del Cesar, se indaga la posible inyección de dineros procedentes de grupos paramilitares. Incluso, en el reporte se dice que habrían sido recursos del extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40. Respecto al Depor F.C., las sospechas giran alrededor de reportes de dudosas operaciones financieras, razón por la cual se requiere aclarar los patrimonios de algunos de sus socios y esos movimientos irregulares.

El Unión Magdalena sigue estando relacionando con Eduardo Dávila, una persona procesada por tráfico de estupefacientes. Además, dijo a la Fiscalía, se indaga si hay conexiones entre antiguos socios del club y empresas y personajes vinculados a un presunto lavado de activos. Desde los años 80, cuando comenzaron las primeras averiguaciones de la justicia colombiana contra los clubes de fútbol por vínculos con el tráfico de estupefacientes, el equipo de Santa Marta apareció reseñado como una de las primeras instituciones que permitieron el ingreso de dineros calientes. En esa época, sin embargo, no hubo pesquisas.

El reporte de la Fiscalía concluyó con dos equipos que juegan en el campeonato profesional: el Boyacá Chicó y el Itagüí Ditaires. Sobre el primer caso precisó que se investiga un eventual lavado de activos por transacciones correspondientes a la venta de jugadores en el exterior, tal como lo había dicho El Espectador en mayo de 2013. Sobre el Itagüí se indaga la supuesta relación del club con una empresa ganadera que, al parecer, era una fachada para facilitar el ingreso de dineros ilícitos. El ente investigador agregó que esos recursos podrían tener nexos con el extinto cartel de Medellín.

Equipos en reestructuración

A los equipos profesionales del fútbol colombiano mencionados en el reporte de la Fiscalía se suman aquellos clubes que hoy afrontan procesos de reorganización empresarial, porque sus acreencias superan su posibilidad de desarrollarse como empresas. Esa lista la encabeza el Deportivo Pereira, contra el cual, incluso, existe una orden de liquidación por el incumplimiento de sus obligaciones posacuerdo. Se estima que sus pasivos acumulados superan los $13.000 millones. Aun así, participa en el torneo de la categoría B y, según fuentes consultadas, cuenta con reconocimiento deportivo.

En esta lista está también el América de Cali, que desde agosto de 2011, por sentencia de un juzgado civil del circuito, está en reorganización empresarial. Un año después, en julio de 2012, la Superintendencia de Sociedades tomó el caso. Además, el club escarlata sigue teniendo problemas en sus obligaciones pendientes con la DIAN. Sus pasivos están por encima de los $14.000 millones y, como si fuera poco, ha perdido algunos pleitos laborales, lo cual ha venido incrementando sus pasivos. El América juega hoy en la B, ya estuvo y salió de la Lista Clinton y en su pasado se lo vinculó al cartel de Cali.

Otro equipo en líos económicos es el Cúcuta, admitido para reorganización empresarial en 2012. Hace más de un año se le otorgó un plazo para que pagara casi $5.000 millones, como quedó acordado, y sus directivos tratan de llegar a acuerdos con sus acreedores con la expectativa de que el equipo puede ser liquidado. Ha sido varias veces requerido por incumplir obligaciones posacuerdo, sin mayores consecuencias. Fuentes consultadas añadieron que no se les han pagado a los jugadores los premios ofrecidos por ganar su ascenso a la primera división y que, además, hay deudas con el anterior cuerpo técnico.

La lista de los clubes profesionales de fútbol en acuerdos de reorganización empresarial la cierran el Once Caldas y el Real Cartagena. Del primero se sabe que el proceso está suspendido, porque el equipo no ha cancelado obligaciones con la DIAN derivadas de una sentencia del Consejo de Estado. Además, debe presentar certificación de que no adeuda obligaciones por temas de seguridad social. En cuanto al Real Cartagena, desde junio de 2013 está conminado a ordenar sus finanzas. El proceso ha sido suspendido tres veces y el último inconveniente surgió a raíz de una multa que está en firme desde mayo.

Si a ellos se suman multas por eludir obligaciones de aportes parafiscales y de seguridad social, según comentó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, salta a la vista que la informalidad sigue siendo uno de los vacíos constantes en los equipos colombianos. Por lo pronto, tanto la Fiscalía como los organismos de control tienen claro que, justo ahora que el fútbol mundial vive la crisis más aguda de su historia, es buen momento para sanear los clubes profesionales, algunos de los cuales, al parecer, siguen permitiendo poca claridad en cuanto a la procedencia de sus recursos.