Magistrada Cristina Lombana no conocerá más procesos contra senador Álvaro Uribe

La magistrada Lombana es la primera oficial activa que llega a una alta corte. / Ejército

Por su condición de integrante activa de las Fuerzas Militares, pues es mayor del Ejército, Cristina Lombana no podrá seguir conociendo los expedientes que hay en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe.  "Unánimemente la Sala Especial concluyó que su condición simultánea de miembro activo de la Fuerza Pública y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política", expresó el presidente de esta instancia, magistrado Héctor Alarcón.

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En un escueto comunicado en el que resumió la decisión de la Sala, el magistrado Alarcón hizo referencia a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual, desde 1996, indica que "el ejercicio de cargos en la Rama Judicial es incompatible con [...] la condición de miembro activo de la fuerza pública". En este caso, a raíz de una recusación que presentó el senador Iván Cepeda, Lombana fue separada de dos procesos que tienen que ver con el jefe natural del partido Centro Democrático. No obstante, es previsible que, mientras Lombana siga siendo mayor del Ejército, podrá seguir siendo recusada en los expedientes en que pueda tomar decisiones.

Por ahora, Lombana tendrá que apartarse de los procesos 52240 y 52601, sobre los cuales la recusó el senador Cepeda en abril pasado. Entre sus argumentos, Cepeda señaló que la magistrada sostuvo una relación subordinada con Álvaro Uribe mientras él era presidente de la República y ella, oficial del Ejército. Indicó que era un hecho conocido que Lombana, incluso, buscó posesionarse en su uniforme castrense, y que, en vez de renunciar para llegar a la Corte Suprema, solicitó permiso para una comisión que le fue aceptado, a pesar de que proceder así -aseguró Cepeda- mantenía su vínculo institucional con el Ejército.

El expediente 52240, el cual encabezaba la magistrada Lombana, es el que se abrió por fraude procesal y soborno en contra de Álvaro Uribe Vélez, luego de que él hubiera denunciado al congresista Cepeda por manipulación de abogados. La Corte Suprema de Justicia concluyó el año pasado que Cepeda no había cometido delitos -Uribe lo acusó de buscar testigos falsos en las cárceles en su contra- y que, al contrario, había indicios de que quien estaba buscando manipular testigos era el expresidente Uribe, quien lo ha negado rotundamente.

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Igualmente, el caso 52601, en el que Lombana también figuraba como magistrada ponente, es el relacionado con el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Prada, a quien también le abrieron una investigación por los mismos delitos: fraude procesal y soborno. La Corte indaga si tanto él como Uribe trataron de ejercer influencia indebida en testigos como Juan Guillermo Monsalve, quien ha relacionado a Uribe con grupos paramilitares -lo cual el expresidente también niega-. “No he cometido nunca ningún delito", dijo Prada el año pasado, cuando fue llamado a indagatoria.

Fuentes de la Corte han sustentado que Lombana está dispuesta a garantizar imparcialidad porque no está sujeta al mando. Dicen que, por eso mismo, la eligieron -pasando por alto, demuestra hoy el comunicado de la Sala Especial de Instrucción, la inhabilidad que las leyes nacionales advertían para una situación así-. El congresista Cepeda, sin embargo, manifestó ante los colegas de la magistrada Lombana que esa intención no era suficiente y que el único camino que ella podía tomar para que la incompatibilidad cesara era retirarse de las Fuerzas Armadas.

En el escrito que Cepeda envió al alto tribunal, recalcó que la presencia de militares en los tribunales era inadecuda, pues la separación de poderes es fundamental para los estados democráticos. Separación que, en el caso de Lombana, podía no cumplirse, pues al ser militar activa, sigue sujeta a una cadena de mando en la cual el jefe máximo es el presidente de la República. Los jueces, en cambio, no tienen jefes. Tienen instancias superiores que pueden cambiar determinaciones, pero no jefes en el sentido en que se ven, por ejemplo, en el Ejército. Cepeda insistió en que la justicia tiene el deber no solo de ser imparcial, sino de aparentar serlo.

Otro argumento esgrimido por el congresista del Polo Democrático para apartar a la magistrada Lombana de los procesos contra el senador Uribe fue el de su trabajo con Jaime Granados, hoy defensor del expresidente. Hace más de 20 años, reveló hace poco el columnista Daniel Coronell, Cristina Lombana trabajó unos meses en la firma de abogados de Granados. Ella, día después de la revelación, aseguró públicamente que la Corte Suprema ya conocía de ese antecedente laboral. Al final, la Sala Especial de Instrucción no tuvo en cuenta este punto. Lo importante para los magistrados era la incompatibilidad latente entre ser juez y ser militar.