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15 Aug 2020 - 8:22 p. m.

Magistrada Lombana no le ocultó a nadie su condición de Juez Militar: Corte Suprema

En una decisión de tan solo 35 páginas, la Sala Plena del alto tribunal declaró que no tenía por qué investigar ni sancionar si la togada Cristina Lombana estaba impedida para ejercer el cargo pues, cuando fue elegida, todavía estaba vinculada al Ejército. Aquí, detalles de la decisión.
Lombana es magistrada de la Sala de Instrucción 1 del alto tribunal desde hace dos años. / Ejército
Lombana es magistrada de la Sala de Instrucción 1 del alto tribunal desde hace dos años. / Ejército

Desde que Cristina Lombana fue elegida como magistrada de la Sala de Instrucción 1 de la Corte Suprema de Justicia, en septiembre de 2018, no le dejan de caer recusaciones, demandas, y tampoco se ha salvado de los escándalos mediáticos. Para muchos, el hecho de que gran parte de su carrera estuviera relacionada con la Justicia Penal Militar, la inhabilita para ser magistrada del alto tribunal. Hasta sus propios compañeros de Sala le han dicho de frente que no es un lugar para ella. Tan fue así que hasta la Sala Plena del alto tribunal llegó una petición para sacarla del cargo. Y, por ahora, ni por esa vía han logrado removerla de su despacho.

En el documento en el que la Corte Suprema resolvió cerrar un proceso que la misma Sala Plena abrió el año pasado, los magistrados consignaron las razones por las que era ilegal que ellos mismos la sacaran de su cargo. El togado ponente del caso, Eugenio Fernández Carlier, expuso uno a uno los hechos que llevaron a que sus compañeros iniciaran esta actuación administrativa, primera en la historia de este alto tribunal. En una votación unánime, la Sala Plena estableció que Lombana no le ocultó a la Corte Suprema de Justicia ni a la Presidencia su condición de juez penal militar activa, y nunca quiso posesionarse como magistrada de la Corte y seguir fungiendo en su condición de militar.

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Además, dice la providencia, ella misma hizo la solicitud a su supervisor de que le certificara lo que en el mundo militar se conoce como una “comisión de servicios permanente”, lo que le permitía trabajar en el alto tribunal sin ningún problema. El permiso quedó firmado el 28 de septiembre de 2018, antes de su posesión como magistrada el 8 de octubre de 2018. “A juicio de la Sala, la prueba y la conducta de la doctora Lombana evidencian una convicción inequívoca de querer actuar dentro del ordenamiento jurídico y con prudencia realizó los actos requeridos para ello, obteniendo la confirmación de la Corte y la comisión de servicios por parte del Ministerio de Defensa”, explica el fallo.

Aunque en el documento queda claro que la magistrada no ocultó información y la Sala Plena no era la instancia habilitada para sancionarla o sacarla de la Corte, allí también quedó en evidencia el cambio de posición que tuvo la Corte Suprema en este caso. Cuando arrancó la actuación administrativa, el propio alto tribunal señaló que los compañeros de Lombana, y otros magistrados, le expresaron al entonces presidente de la corporación, Eyder Patiño, que consideraban “insostenible” la presencia de la magistrada en el alto tribunal. Para ese momento, el magistrado de la Sala Laboral, Gerardo Botero, también había mostrado su desacuerdo con la presencia de Lombana en la Corte.

En varias reuniones de la Sala Plena entre abril y mayo de 2019, el magistrado puso en la mesa de discusión el tema de la togada pues por la época se divulgaron publicaciones en medios de comunicación sobre la relación entre Lombana y el Ejército, lo que para Botero, “podría generar una incompatibilidad en el cargo que ostentaba en la Corporación”. Fue él quien solicitó a sus compañeros que “estudiaran y sometieran a consideración una revocatoria del nombramiento” de Lombana. Meses después, la Corte decidió iniciar el proceso, no sin discutir cómo se debía manejar el caso entre ellos pues era la primera vez que un tema de esta clase se aprobaba en la Corte Suprema.

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Definieron tratarlo como cualquier otro expediente. Hicieron un reparto entre los magistrados de la Sala Plena y notificaron a Lombana, y a la Procuraduría, de la apertura del caso. A ella le dieron un plazo para defenderse y así lo hizo. Lombana señaló que ningún magistrado de la Corte Suprema estaba habilitado para investigar si ella podía estar o no en su despacho y les advirtió que se trataba de un proceso que debía atenerse a las leyes del derecho electoral, y no a las áreas de experticia del alto tribunal (lo penal, civil y laboral). La magistrada reiteró que nunca ocultó su pasado y que los mismos togados que ahora la estaban investigando, fueron los que la eligieron sabiendo que era juez militar.

Por esta razón, su defensa planteó una nueva situación que llamó la atención de los magistrados: si ellos sabían de su condición de militar, y de todas maneras participaron de su elección, ¿podrían también ellos haber cometido una falta? Lombana fue más allá y expresó que, si su pasado en el Ejército resultaba ser un cuestionamiento a su integridad e imparcialidad, ¿por qué la eligieron? La magistrada insistió en el hecho de que la Sala Plena no estaba habilitada para investigarla y les recordó a los magistrados que “si un funcionario se arroga competencias por fuera de las previstas, podría incurrir en faltas disciplinarias que lo hagan ser objeto de la imposición de una sanción”.

En su decisión, la Corte le dio razón a Lombana y aclaró que, de ninguna manera, podían investigarla, ni sancionarla, y mucho menos sacarla de la Corte. Aunque recordaron que en el Consejo de Estado sí hay un proceso en su contra, reiteraron que la Suprema no podía hacer nada al respecto, y que sus colegas en el Consejo sí podían. Además, los propios magistrados que promovieron la actuación administrativa, aclararon que Lombana ni les ocultó información ni está inhabilitada para seguir siendo su colega. Aunque hasta ahora la magistrada les va ganando las peleas a sus compañeros de trabajo, en la Sala de Instrucción en donde trabaja, los roces llevaron a que la apartaran de casos claves.

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Los togados han alegado que su doble condición, en ese entonces de militar (ya está retirada del Ejército) y magistrada, reñía “con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución”. Este fue el argumento que utilizaron para separarla del proceso en contra del senador Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno (el mismo que terminó hace unas semanas en una medida de aseguramiento en contra del expresidente). Además de este caso, pasó lo mismo con una indagación de forma preliminar al exmandatario por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como otra por supuesta conformación de grupos paramilitares.

Por esta situación, Lombana ya perdió en el Consejo de Estado. El 7 de junio de 2019, el alto tribunal negó una tutela que ella misma presentó en contra de sus compañeros de la Sala de Instrucción, luego de que la apartaran de los casos en estudio. La magistrada consideró que la decisión de marginarla de los procesos vulnera varios de sus derechos fundamentales. Para los togados que estudiaron el caso, “la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no vulneró los derechos, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal”.

Aunque sin estos casos en su despacho, una demanda en el Consejo de Estado en su contra (que todavía no ha sido admitida), y con una lluvia de críticas por su supuesta imparcialidad y falta de integridad, la magistrada Lombana, por ahora, seguirá en la Corte Suprema.

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