En la tarde de este jueves 2 de octubre que conoció una carta del recién posesionado magistrado Carlos Camargo, quien ahora ocupa una silla en la Sala Plena de la Corte Constitucional. En la misiva se declaró impedido para participar en la revisión de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese es, tal vez, el expediente más importante que esa alta corte tiene en este momento en sus manos y que hace parte de su agenda.
El magistrado Camargo argumentó que no podrá hacer parte de la revisión de la Ley 2831 de 2024, por medio de la cual el Congreso de la República aprobó la reforma pensional del Ejecutivo, porque fue esa misma corporación la que el pasado 3 de septiembre votó para elegirlo magistrado. La reforma, cuya revisión está en manos de la Corte Constitucional, fue demandada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
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“Debo informar a la Sala que la accionante en el expediente de la referencia participó en la votación realizada el pasado 3 de septiembre de 2025 en el Senado de la República, en la cual fui elegido como magistrado de la Corte Constitucional. Por esto, en aras de garantizar la imparcialidad en la decisión de este expediente, manifiesto el impedimento para pronunciarme sobre los tres proyectos de auto en mención”, reza la carta del magistrado Camargo.
Sin embargo, el impedimento presentado por el togado no es suficiente para que sea apartado del estudio del expediente. La Sala Plena tendrá que votar para definir si lo acepta o lo rechaza. La carta del magistrado Camargo se conoce cuando apenas empieza gestiones en su nuevo despacho. El pasado miércoles 1 de octubre tomó posesión en el cargo en el que, si nada extraordinario ocurre, estará hasta el año 2033.
En contexto: Carlos Camargo se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional
Camargo llegó a la Corte Constitucional en un momento clave de sus discusiones, con importantes expedientes como el de la reforma pensional, cuyo ponente es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de ese alto tribunal. Sin embargo, el estudio de la reforma aún avanza a pasos lentes, pues apenas el pasado 23 de septiembre recibieron las actas que habían pedido al Congreso para avanzar en el análisis de posibles vicios de trámite durante su paso por el Legislativo.
Desde el pasado 17 de junio, el alto tribunal advirtió errores en la iniciativa presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde ese momento se le puso freno a su entrada en vigencia, mientras que el Congreso remitía las actas correspondientes a las sesiones en las que se discutió y aprobó el proyecto. En tres ocasiones, el magistrado Ibáñez le pidió públicamente al Legislativo agilizar el trámite, que tardó tres meses en ser resuelto.
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