Magistrado Gustavo Malo, a la cárcel mientras es investigado por cartel de la toga

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el suspendido magistrado Gustavo Malo podría ser un riesgo para el avance del proceso, por lo que resolvió ordenar su detención preventiva en una cárcel mientras sigue todo el juicio en su contra por el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga. Malo es investigado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión, cohecho propio y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

A esta decisión llegaron los magistrados al negar una petición de nulidad que interpuso la defensa de Malo este martes, en el inicio de la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se llevó a cabo en la Corte Suprema, en la misma sala de audiencias en la que el exmagistrado acudió durante varios años como magistrado titular. Malo llegó al lugar desde antes de las 8 de la mañana, en compañía de su abogado, el exfiscal Antonio Luis González, quien es recordado por ser el primer fiscal del caso Colmenares. 

(Lea aquí: Cartel de la toga: Gustavo Malo es llamado a juicio en la Corte Suprema).

Tras conocerse la decisión de la Corte de enviar a la cárcel a Malo, la sala suspendió la audiencia hasta la tarde de este miércoles para que la defensa, en ese momento, presente un recurso de reposición contra la medida. "Él ha comparecido a todos los llamados y, además, él no va a interrumpir las labores. Por su condición de aforado, no puede ir una cárcel común, pues él administró justicia y no se le puede indignificar de esa manera. Ya le leyeron los derechos del capturado", dijo González al término de la audiencia.

Cabe recordar que Malo fue acusado por el Congreso de la República por, supuestamente, hacer parte del cartel de la toga, que acudía a congresistas y otros aforados que eran investigados para “favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero” .

Entre quienes habrían pagado, estarían el exsenador Musa Abraham Besaile, que habría dado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra y el exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas.

(También: Gustavo Malo irá a juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia).

Aunque la defensa de Malo argumentó que el magistrado no suponía un riesgo para el proceso por haber sido desaforado por el Congreso y que, además, tiene su arraigo en Bogotá, la Corte Suprema consideró que sí era necesario enviarlo a la cárcel , por la información de los procesos a la que tuvo acceso. En ese sentido, la sala también añadió que los actos en los que habría incurrido Malo “afectaron la administración de justicia y, por esta vía, las bases del estado de derecho".

"Los actos de corrupción lo fueron durante el tiempo que desempeñó la máxima magistratura de la jurisdicción ordinaria, pervirtiendo el ejercicio de tan alta dignidad para favorecer a quienes tuvieran la capacidad de pagar. Se trata de comportamientos sumamente lesivos (…) que afectaron a la justicia y generaron una crisis institucional”,agregó la Sala de Primera Instancia.

Sobre el riesgo de que Malo pudiera continuar con la actividad delictiva, la sala afirmó: “El propósito criminal consistía en manipular actuaciones judiciales de quienes eran objeto de persecución penal. Si bien se encuentra suspendido de su cargo y la sala plena lo relevó de sus funciones, hasta esta fecha tuvo acceso a información condicional de los procesos a su cargo. Así, el pronóstico no lo favorece, pues nada impediría que haga uso de esa información”.

(Le puede interesar: El panorama del cartel de la toga en 2019).

Por último, la sala indicó que, a pesar de que Malo se había presentado a las diligencias a las que había sido llamado de manera voluntaria, “para la sala, la gravedad y modalidad de los delitos en los que se procede son indicativas de las gravosas indicaciones jurídicas”. Y añadió que la detención debe ser intramural, pues la detención domiciliaria es “más permisiva”.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el suspendido magistrado Gustavo Malo podría ser un riesgo para el avance del proceso, por lo que resolvió ordenar su detención preventiva en una cárcel mientras sigue todo el juicio en su contra por el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga. Malo es investigado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión, cohecho propio y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

A esta decisión llegaron los magistrados al negar una petición de nulidad que interpuso la defensa de Malo este martes, en el inicio de la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se llevó a cabo en la Corte Suprema, en la misma sala de audiencias en la que el exmagistrado acudió durante varios años como magistrado titular. Malo llegó al lugar desde antes de las 8 de la mañana, en compañía de su abogado, el exfiscal Antonio Luis González, quien es recordado por ser el primer fiscal del caso Colmenares. 

(Lea aquí: Cartel de la toga: Gustavo Malo es llamado a juicio en la Corte Suprema).

Tras conocerse la decisión de la Corte de enviar a la cárcel a Malo, la sala suspendió la audiencia hasta la tarde de este miércoles para que la defensa, en ese momento, presente un recurso de reposición contra la medida. "Él ha comparecido a todos los llamados y, además, él no va a interrumpir las labores. Por su condición de aforado, no puede ir una cárcel común, pues él administró justicia y no se le puede indignificar de esa manera. Ya le leyeron los derechos del capturado", dijo González al término de la audiencia.

Cabe recordar que Malo fue acusado por el Congreso de la República por, supuestamente, hacer parte del cartel de la toga, que acudía a congresistas y otros aforados que eran investigados para “favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero” .

Entre quienes habrían pagado, estarían el exsenador Musa Abraham Besaile, que habría dado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra y el exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas.

(También: Gustavo Malo irá a juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia).

Aunque la defensa de Malo argumentó que el magistrado no suponía un riesgo para el proceso por haber sido desaforado por el Congreso y que, además, tiene su arraigo en Bogotá, la Corte Suprema consideró que sí era necesario enviarlo a la cárcel , por la información de los procesos a la que tuvo acceso. En ese sentido, la sala también añadió que los actos en los que habría incurrido Malo “afectaron la administración de justicia y, por esta vía, las bases del estado de derecho".

"Los actos de corrupción lo fueron durante el tiempo que desempeñó la máxima magistratura de la jurisdicción ordinaria, pervirtiendo el ejercicio de tan alta dignidad para favorecer a quienes tuvieran la capacidad de pagar. Se trata de comportamientos sumamente lesivos (…) que afectaron a la justicia y generaron una crisis institucional”,agregó la Sala de Primera Instancia.

Sobre el riesgo de que Malo pudiera continuar con la actividad delictiva, la sala afirmó: “El propósito criminal consistía en manipular actuaciones judiciales de quienes eran objeto de persecución penal. Si bien se encuentra suspendido de su cargo y la sala plena lo relevó de sus funciones, hasta esta fecha tuvo acceso a información condicional de los procesos a su cargo. Así, el pronóstico no lo favorece, pues nada impediría que haga uso de esa información”.

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Por último, la sala indicó que, a pesar de que Malo se había presentado a las diligencias a las que había sido llamado de manera voluntaria, “para la sala, la gravedad y modalidad de los delitos en los que se procede son indicativas de las gravosas indicaciones jurídicas”. Y añadió que la detención debe ser intramural, pues la detención domiciliaria es “más permisiva”.