Fiscal Barbosa dice que Salvatore Mancuso no quedará libre tras ser gestor de paz

El fiscal general, Francisco Barbosa, se pronunció respecto al nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz. La designación del exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la hizo el presidente Gustavo Petro este fin de semana y, un día después, el exjefe paramilitar, condenado en una cárcel de Estados Unidos, dijo estar listo y a la espera de que el gobierno nacional le indique la ruta para cumplir las tareas asignadas. Según el fiscal Barbosa, estas serían las implicaciones judiciales de este nombramiento.

Lea también: Salvatore Mancuso: su designación como gestor de paz y los pendientes con la justicia

Ante estos hechos, se despertaron varias dudas, una de ellas es si el exjefe de las AUC seguirá pagando su condena en el país al que fue extraditado o quedará en libertad en caso de ser trasladado a Colombia. Además, porque también estaba buscando no ser deportado a Colombia, sino ser enviado hasta Italia, ya que cuenta con esa ciudadanía.

La situación jurídica tras el nombramiento y el posible regreso de Mancuso al país siguen sin ser claras, ya que en marzo de este año, una jueza de Justicia y Paz le dio libertad condicional por cumplir una pena de ocho años de prisión. Con esa decisión, quedaría libre apenas regrese a Colombia. Sin embargo, en 2020, la Corte Suprema de Justicia señaló que Mancuso tendría que llegar de Estados Unidos a rendir cuentas en un proceso de lavado de activos en el que también es procesada la condenada empresaria del chance, Enilce López, alias la Gata.

“El presidente ha venido nombrando gestores de paz, pero esos gestores de paz no pueden lograr la libertad”, detalló el fiscal al respecto. Con esto se refiere a que si los gestores pertenecen a organizaciones sin carácter político como lo son las AUC, deben seguir con su proceso ante la justicia ordinaria con total regularidad. Al respecto, el fiscal Barbosa también añadió que, debido a que no existe una normativa que le permita al presidente, mediante un decreto, solicitar la libertad de presos de grupos a los que no se les reconoce un carácter político, como por ejemplo, el ELN, “hace que el señor Mancuso no pudiera salir de prisión”.

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El exjefe de las AUC afirmó que seguirá aportando a la justicia, tras 19 años de su sometimiento a Justicia y Paz. El fiscal Barbosa dijo que a Mancuso se le han imputado más de 38.000 delitos y que esto significa que el exjefe paramilitar sí ha respondido a la justicia colombiana y que la justicia colombiana sí le ha respondido al país frente a los hechos cometidos por ese antiguo grupo armado.

Asimismo, el fiscal Barbosa explicó que cuando se le dice a Mancuso que ayude al país a saber qué pasó, es insistir en lo que ya Mancuso lleva haciendo 17 años hablando de esa verdad, incluso ante su solicitud de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que el 52% de esos hechos delictivos que cometió el excomandante ya se los ha imputado la fiscalía actual. Finalmente, detalló que el nombramiento como gestor de paz es una decisión que, aunque le compete al presidente, tiene unos límites dentro del punto de vista judicial en el país.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El fiscal general, Francisco Barbosa, se pronunció respecto al nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz. La designación del exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la hizo el presidente Gustavo Petro este fin de semana y, un día después, el exjefe paramilitar, condenado en una cárcel de Estados Unidos, dijo estar listo y a la espera de que el gobierno nacional le indique la ruta para cumplir las tareas asignadas. Según el fiscal Barbosa, estas serían las implicaciones judiciales de este nombramiento.

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Ante estos hechos, se despertaron varias dudas, una de ellas es si el exjefe de las AUC seguirá pagando su condena en el país al que fue extraditado o quedará en libertad en caso de ser trasladado a Colombia. Además, porque también estaba buscando no ser deportado a Colombia, sino ser enviado hasta Italia, ya que cuenta con esa ciudadanía.

La situación jurídica tras el nombramiento y el posible regreso de Mancuso al país siguen sin ser claras, ya que en marzo de este año, una jueza de Justicia y Paz le dio libertad condicional por cumplir una pena de ocho años de prisión. Con esa decisión, quedaría libre apenas regrese a Colombia. Sin embargo, en 2020, la Corte Suprema de Justicia señaló que Mancuso tendría que llegar de Estados Unidos a rendir cuentas en un proceso de lavado de activos en el que también es procesada la condenada empresaria del chance, Enilce López, alias la Gata.

“El presidente ha venido nombrando gestores de paz, pero esos gestores de paz no pueden lograr la libertad”, detalló el fiscal al respecto. Con esto se refiere a que si los gestores pertenecen a organizaciones sin carácter político como lo son las AUC, deben seguir con su proceso ante la justicia ordinaria con total regularidad. Al respecto, el fiscal Barbosa también añadió que, debido a que no existe una normativa que le permita al presidente, mediante un decreto, solicitar la libertad de presos de grupos a los que no se les reconoce un carácter político, como por ejemplo, el ELN, “hace que el señor Mancuso no pudiera salir de prisión”.

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El exjefe de las AUC afirmó que seguirá aportando a la justicia, tras 19 años de su sometimiento a Justicia y Paz. El fiscal Barbosa dijo que a Mancuso se le han imputado más de 38.000 delitos y que esto significa que el exjefe paramilitar sí ha respondido a la justicia colombiana y que la justicia colombiana sí le ha respondido al país frente a los hechos cometidos por ese antiguo grupo armado.

Asimismo, el fiscal Barbosa explicó que cuando se le dice a Mancuso que ayude al país a saber qué pasó, es insistir en lo que ya Mancuso lleva haciendo 17 años hablando de esa verdad, incluso ante su solicitud de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que el 52% de esos hechos delictivos que cometió el excomandante ya se los ha imputado la fiscalía actual. Finalmente, detalló que el nombramiento como gestor de paz es una decisión que, aunque le compete al presidente, tiene unos límites dentro del punto de vista judicial en el país.

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