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El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter y en respuesta a un hilo de El Espectador sobre las alianzas entre políticos y paramilitares, anunció que Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar y uno de los hombres más cercanos a Carlos Castaño, será designado como gestor de paz. Sin embargo, hasta la noche de este domingo, esta antigua cabeza de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no sabía sobre la determinación del primer mandatario, pues, desde 2020, este se encuentra detenido e incomunicado en un centro de detención del gobierno de los Estados Unidos en la ciudad de Atlanta, Georgia. Jaime Paeres, abogado de Mancuso, le dijo a este diario que estaba esperando su llamada para comunicarle la trascendental noticia.
“Estoy esperando a que llame para discutir cuál será el siguiente paso, además, tampoco he podido conocer el decreto que deja la decisión en firme y saber qué implicaciones de fondo tendría esta designación”, le dijo el penalista a este diario, quien ha manejado durante más de una década los líos judiciales de Mancuso. El Espectador también se contactó con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero no hubo respuesta sobre qué papel jugará el exjefe paramilitar en la paz total, principal proyecto del gobierno de Gustavo Petro. Lo que se pudo establecer es que todavía el documento no está listo y que esa gestoría “está bien cruda”, dijo una fuente del Ejecutivo que conoce estos temas.
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Paeres también le comentó a este diario que, si la gestoría de paz de Mancuso se concreta, este tendría que renunciar a un proceso administrativo que presentó a las autoridades de los Estados Unidos en 2020, cuando cumplió su condena por narcotráfico. El exjefe paramilitar estaba buscando no ser deportado a Colombia, sino enviado a Italia, ya que cuenta con esa ciudadanía. Esa movida ante las autoridades estadounidenses fue leída en su momento como un burdo escape de Mancuso a las condenas e investigaciones que tiene en Colombia. “Mancuso quiere volver al país y ayudar desde la gestoría de paz. Él le pidió a Uribe, Santos y ahora a Petro poder ayudar en la construcción de paz”, le dijo Paeres a este diario.
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La situación judicial de Salvatore Mancuso se ha tornado kafkiana desde 2020, pues ante la multiplicidad de procesos judiciales que hay en su contra, no es muy claro lo que pueda sucederle en un eventual retorno al país. Por ejemplo, en marzo de 2023, una jueza le dio libertad condicional, ya que cumplió la pena de ocho años de prisión y quedaría libre apenas ponga un pie en suelo colombiano. Sin embargo, en 2020, la Corte Suprema señaló que Mancuso tendría que llegar de Estados Unidos a rendir cuentas en un proceso de lavado de activos en el que también es procesada la condenada empresaria del chance, Enilce López, alias la Gata.
Fuentes cercanas a ese proceso judicial contra Mancuso y López señalan que ese caso está suspendido mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determina si los acepta o no. En abril pasado, también la Fiscalía le imputó cargos a Mancuso por su responsabilidad en 1.153 hechos delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Dentro de los hechos criminales se destacan 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados. El ente investigador resaltó que Mancuso, por ejemplo, tuvo que ver en las masacres de Tasajera y Pichilín, perpetradas en octubre y diciembre de 1996, respectivamente.
Y es que Mancuso no es un delincuente de poca monta. Fue una de las principales cabezas del paramilitarismo en Colombia en los años noventa junto a Carlos y Vicente Castaño. De esa sanguinaria máquina de terror también participaron alias Jorge 40, Cuco Vanoy, Don Berna, Macaco y otros jefes paramilitares que dejaron miles de víctimas en Colombia y que fueron extraditados a Estados Unidos en 2008, donde terminaron pagando condenas por narcotráfico. Mientras Mancuso pagaba esa condena en EE. UU., este aceptó su participación y fue condenado por la masacre de Mapiripán (julio de 1997), considerado como uno de los crímenes más emblemático de la guerra en Colombia y de la que aún hay capítulos sin esclarecer.
Lo que viene para Mancuso
Esta nueva imputación de abril de 2023, y en la que eventualmente Mancuso será condenado, no lo enviará de nuevo a la cárcel, pues este proceso avanza en el marco de la Ley de Justicia y Paz: el mecanismo de justicia transicional que adelantó el gobierno de Álvaro Uribe para enjuiciar a los paramilitares y que establece una pena máxima de ocho años para los miembros del grupo armado. Pena que, según la justicia, ya cumplió. Así las cosas, la JEP tendría un papel clave en el futuro de Mancuso, pues esta será la encargada de determinar si acepta su sometimiento, el cual depende de si sus recientes declaraciones en esa jurisdicción son consideradas como efectivas, suficientes y, sobre todo, novedosas.
En mayo pasado, Mancuso compareció de manera virtual desde su centro de detención a la JEP y repitió algunos de los hechos que ya le había narrado a los fiscales de Justicia y Paz hace casi dos décadas. Aunque en varios momentos señaló que aportaría en privado los nombres de los militares y empresarios que se aliaron con los paramilitares, públicamente no entregó información novedosa. Exceptuando un asunto: reveló que fue responsable en la desaparición de más de 200 personas en Juan Frío, corregimiento en Norte de Santander y frontera con Venezuela. Algunas de ellas, dijo Mancuso, enterradas en territorio venezolano o incineradas en hornos crematorios.
A partir de esa y otras afirmaciones sobre la posible ubicación de cuerpos de personas desaparecidas, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) se encuentra recopilando la información necesaria para inspeccionar ese territorio y poder encontrar a las personas, a la cual, el propio Mancuso se comprometió en apoyar personalmente la búsqueda. Incluso, pidió realizar un acuerdo binacional entre Colombia y Venezuela para hallar los cuerpos. Por ahora, el anuncio de Petro vuelve a poner los focos sobre Mancuso y si realmente está comprometido en volver a Colombia a ponerle la cara a las miles de víctimas del paramilitarismo en el país que claman en conocer la verdad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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