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11 Jan 2022 - 5:54 p. m.

“Marquitos” Figueroa: 36 años de cárcel por crimen que destapó la “Ñeñepolítica”

Todo indica que una deuda del Ñeñe Hernández con un reconocido sastre de Barranquilla fue el origen de un homicidio, para el cual fue contratada la banda de Marquitos Figueroa. Conozca aquí el testimonio del sicario, quien echó al agua a “los patrones”.
Marcos de Jesús Figueroa fue extraditado a Colombia en 2016 y permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).
Marcos de Jesús Figueroa fue extraditado a Colombia en 2016 y permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Marcos de Jesús Figueroa García, conocido como Marquitos Figueroa o el terror de La Guajira, fue condenado a 36 años de prisión. Así lo determinó el Juzgado 7 de Circuito de Barranquilla, luego de que la Fiscalía lo acusara por ofrecer una banda de sicarios, al parecer contratados por el ganadero José Ñeñe Hernández, que terminaron asesinando a Óscar Rodríguez Pomar en 2011. Interceptaciones dentro del proceso dieron origen a la “Ñeñepolítica”.

Antecedentes: “Marquitos Figueroa”, condenado por homicidio que dio origen a la “Ñeñepolítica”

Óscar Rodríguez Pomar era el hijo del reconocido sastre de artistas vallenatos Carlos Eduardo Rodríguez Gómez, dueño de la empresa GQ. Según se describe en el expediente, el 18 de agosto de 2011, Rodríguez Pomar acudió al lugar para solucionar un problema con el aire acondicionado. La banda de Marquitos Figueroa ya había puesto en el lugar un dispositivo de sicarios, quienes tenían la misión de asesinar a su padre, el sastre. Sin embargo, los sicarios se confundieron y terminaron matando a Rodríguez Pomar, quien recibió los tiros mientras esperaba en un auto y, tras intentar escapar, fue rematado frente al negocio familiar.

Quien asesinó a sangre fría a Rodríguez Pomar fue Diego Armado Acuña Carvalajino, el cual colaboró con las autoridades, incluso firmando un preacuerdo para obtener una condena de 21 años de cárcel. “Da luces en torno a los orígenes de la orden de matar, señalando que provenía de La Guajira, de la organización de Marcos Figueroa García, motivada en una deuda de dinero relacionada con el señor Carlos Eduardo Rodríguez Gómez, que era en verdad el objeto de la orden”, se referencia en el documento en poder de El Espectador.

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Entre los testimonios contra Marquitos Figueroa está el de Alejandra Rodríguez*, una antigua secretaria de la sastrería GQ. También dijo que la víctima estaba ayudando a reconfigurar el aire acondicionado y que el sastre le había prestado dinero a personas como Omar Vanegas, Alberto Beto Zabaleta, José Ñeñe Hernández, Alberto López, Inés de Varón y Ana Escobar. Señaló que hubo problemas con el Ñeñe, por una deuda que ascendía a los $1.000 millones.

“Dice que una tarde, golpean fuertemente la puerta, pero no se le abre porque la compañera de trabajo vio armado a Hernández, y a otras dos personas. Pero el señor Carlos Rodríguez Gómez, dijo que le abrieran. Dice que no recuerda el tipo de armas, pero tenían. Dejando que se vieran las mismas, entraron dos con José Hernández, y este entró armado, y los dos que le acompañaban, también, y los dos que se quedaron afuera, también”, se lee en el documento.

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Diego Armando Acuña, el sicario, confesó días siguientes el crimen al propio sastre. En una reunión le pidió perdón y le dijo que él era el objetivo real del crimen. Ante la Fiscalía, el condenado referenció que Marquitos Figueroa era el “patrón” de alias El Enano, uno de los hombres que lo acompañó al momento de disparar. Cuando la Fiscalía le preguntó por el Ñeñe Hernández, Acuña respondió que El Enano hablaba de él y que era uno de los “patrones”. A Acuña Carvalajino lo contrataron por $100 millones.

Así las cosas, Marquitos Figueroa, quien fue captura en 2019, purgará una condena de 36 años por el delito de homicidio. También fue mencionado en el expediente el exalcalde de Tenerife (Magdalena), Omar Alejandro Vanegas. En medio de las averiguaciones, se conoció un registro de llamada del 3 de junio de 2018, cuando el Ñeñe Hernández hablaba con María Claudia Daza, una mujer muy cercana al Centro Democrático y antigua integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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En ese audio, el Ñeñe Hernández habla sobre “pasar plata por debajo de la mesa” para impulsar la campaña de Iván Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. “Se le estaban haciendo interceptaciones al Ñeñe para establecer su posible participación en el homicidio de Óscar Eduardo. Cuando la Fiscalía que adelanta este caso me dejó ver el material probatorio, como abogado de la víctima que soy, me di cuenta de que había un informe (…) que advertía que, en algunas de las grabaciones, se podría detectar la materialización de un fraude electoral”, le dijo el abogado Miguel Ángel Del Río a este diario en junio de 2020. Hoy logró la condena de Figueroa.

El pasado 28 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación contra el presidente Iván Duque por la presunta entrada irregular de recursos a su campaña. Para el tribunal electoral, no había elementos suficientes para continuar con el proceso. No obstante, el Centro Democrático sigue bajo investigación. Por otro lado, el pasado 2 de diciembre, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar pidió archivar las pesquisas contra el máximo mandatario por el episodio de la “Ñeñepolítica”.

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Funcionarios públicos involucrados en el escándalo están en problemas judiciales. Específicamente, los investigadores que escudriñaron en las comunicaciones del Ñeñe Hernández. El patrullero Wadith Velásquez y al mayor de la Policía, Jefferson Tocarruncho, están imputados por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, habrían interceptado irregularmente a un grupo de uniformados que se habrían quedado con el dinero de un allanamiento en Cali.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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