Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Sigue en aumento el delito de extorsión desde las cárceles, la Procuraduría estableció que han sido 3.130 víctimas en los últimos meses. Por ello, esta entidad instó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Mintic, Inpec y Gaula, entre otras entidades, a activar mecanismos que permitan reducir este delito. Para el órgano de control es necesario que las autoridades a reforzar el equipo técnico y humano para mayores controles en los penales.
Le puede interesar: Envían a prisión a seis policías por presuntos secuestros extorsivos en Bogotá
Durante una mesa de trabajo, en la que también participaron funcionarios de la Fiscalía, Agencia del Espectro, Comisión Nacional de Regulación, Policía Nacional, Mintic y gremios de la telefonía celular como Andesco, se amplió el panorama de la magnitud de lo que representa este flagelo. Por ejemplo, se supo que, según el comunicado del Ministerio Público, en la gran mayoría de los establecimientos carcelarios, los inhibidores de señales telefónicas están fuera de servicio, lo que abre la puerta al accionar de la criminalidad.
Y aunque se hacen algunos esfuerzos por parte de las autoridades por contrarrestar el delito de extorsión, la delincuencia se las sigue ingeniando para hacerlo desde los centros penitenciarios y de ello es que surge la cifra de 3.130 víctimas en los últimos meses. “Hemos conocido por información de los gobernadores, alcaldes y la ciudadanía que se han disparado estas llamadas extorsivas desde distintos centros penitenciarios”, explicó Javier Sarmiento, procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos.
Lea también: Envían a la cárcel a la pareja del “Negro Ober”, jefe de Los Rastrojos Costeños
De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones han dado con que los delincuentes innovan utilizando nuevas tecnologías como las tarjetas E-sim y las plataformas financieras digitales para el traslado de dinero producto de la extorsión.
“La situación empeora la cadena de criminalidad con el hacinamiento que se viene dando no solo en cárceles, sino también en las URI y estaciones de policía”, dijo el procurador delegado, quien instó a las autoridades a trabajar en “llave” para mitigar el problema. Asimismo, Sarmiento dijo que es urgente hacer un diagnóstico en las 126 cárceles del país para conocer el estado actual de los elementos tecnológicos de control de ingreso y establecer las necesidades de fortalecimiento en términos de seguridad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
