La organización Red de Apoyo Regional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del Catatumbo aseguró, a través de un comunicado, que son cada vez más las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas menores de edad en el Catatumbo. Reclutamiento forzado, violación sexual, peligro de ataques con minas antipersonal y el constante irrespeto al principio de distinción de civiles, según la organización, son el pan de cada día.
La ONG también aseguró que, como consecuencia del conflicto armado, muchas comunidades se vieron obligadas a desplazarse y protegerse en algunas escuelas, hechos que, afectaron el cronograma estudiantil de los menores. “La labor de coordinación para promover espacios seguros e implementación de estrategias de educación en emergencia y formación en riesgo de minas para la población desplazada, es urgente a nivel local y nacional. Hay indicios de que el reclutamiento forzado de menores continúa”, añadió la organización en el comunicado.
(Los civiles padecen la guerra entre el Eln y el Epl en el Catatumbo)
La constante exposición a escenarios de fuego cruzado, hostigamientos, amenazas y reclutamiento forzado son algunas de las causas del llamado que la Red de Apoyo Regional hizo a los actores armados, primeramente, a los gobiernos locales, la sociedad civil y las Juntas de Acción Comunal de la zona. “Solo el esfuerzo conjunto promoverá la protección de una generación completa de niños, niñas y adolescentes que están siendo afectados de manera desproporcional en el Catatumbo”.
Los constantes enfrentamientos entre los grupos armados del Eln y el Epl por las rutas del narcotráfico y el dominio de algunas zonas que antes eran propiedad de la exguerrilla de las Farc, no han permitido que las comunidades en el Catatumbo puedan vivir tranquilos, dice la organización.
Incluso, el pasado 30 de julio se cometió una nueva masacre en el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en donde murieron nueve personas a plena luz del día en un establecimiento comercial. Tanto el Gobierno como la Defensoría del Pueblo manifestaron su rechazo contra los hechos y confirmaron que se creó un grupo élite para la identificación de los responsables. “Estos graves hechos de violencia deben ser investigados prontamente y de manera exhaustiva a fin de sancionar a los responsables y que no queden en la impunidad”, señaló el Relator para Colombia y para las personas defensoras de derechos humanos de la CIDH, Francisco Eguiguren.
(Lea:La CIDH condena la masacre del Tarra)
Los enfrentamientos entre el Eln y el Epl han dejado cientos de desplazados en la región del Catatumbo incluso desde la Secretaría de Educación de Norte de Santander han denunciado confrontaciones en zonas aledañas a escuelas rurales, así como siembra de minas alrededor de instituciones educativas.