En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo presentó el informe “Lideresas en riesgo”, un diagnóstico que evidencia la persistencia y el agravamiento de las violencias que enfrentan mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia, especialmente en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia.
El documento, elaborado a partir del seguimiento a 92 recomendaciones emitidas en 2022 en el marco del programa ProDefensoras, impulsado por ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría, revela un panorama crítico.
Durante 2024 fueron asesinadas 231 mujeres en esos cuatro departamentos, escenarios marcados por violencia estructural, presencia constante de grupos armados ilegales, economías ilícitas y una respuesta institucional insuficiente. Entre enero y agosto de 2025, la cifra ascendió a 638 homicidios, lo que representa un incremento del 176% (407 casos más).
“Cada mujer que alza la voz por la justicia y por la defensa de los derechos humanos requiere y tiene derecho a garantías plenas para ejercer su liderazgo sin miedo, sin estigmatización y con la libertad que demanda una sociedad donde la democracia pueda ser una realidad”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, al presentar los resultados del informe.
Escalada de violencia por departamento
Las cifras demuestran un deterioro acelerado. Cauca pasó de 67 mujeres asesinadas entre enero y agosto de 2024 a 112 en el mismo periodo de 2025. Nariño, de 38 a 119. En Antioquia, los homicidios aumentaron de 110 en 2024 a 379 este año. Aunque en Chocó los casos disminuyeron de 250 en 2024 a 224 entre enero y agosto de 2025, la entidad advirtió que el riesgo sigue siendo elevado.
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La Defensoría también advierte que estas violencias están relacionadas con la reconfiguración armada, el uso de violencias basadas en género como mecanismo de control, los impactos diferenciados sobre mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, jóvenes y mujeres lesbianas, bisexuales y trans, además de factores de pobreza, desigualdad, poca presencia estatal y debilitamiento de los liderazgos femeninos.
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Durante el evento, la Defensora recordó: “Esta fecha nos convoca para reconocer a aquellas mujeres que, con su palabra, pero, sobre todo, con su acción cotidiana, transforman realidades marcadas por la violencia, la desigualdad y la discriminación. Conmemoramos a quienes han sido silenciadas, a quienes no nos acompañan o han tenido que abandonar el camino del liderazgo porque la violencia les impidió seguir adelante”.
Recomendaciones sin avanzar
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la entidad: solo el 6% tiene una implementación total. El 42% permanece pendiente, el 38% registra avances parciales y el 14% no muestra progresos verificables.
El análisis también señala falencias estructurales en la respuesta estatal: Falta de articulación entre nación, departamentos y municipios; medidas de protección diseñadas para contextos urbanos, ajenas a las realidades rurales o étnicas; alta rotación de funcionarios y déficit presupuestal; respuestas reactivas y asistencialistas, en lugar de preventivas; y escasa comprensión del riesgo diferenciado para mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, migrantes y liderazgos LGBTIQ+.
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La Defensora insistió en que el Estado debe asumir un deber reforzado de protección: acciones sostenidas, articulación real entre entidades, enfoque de género e interseccionalidad, y participación directa de las lideresas en el diseño de medidas.
En el informe, Marín Ortiz señaló que “resulta urgente que las autoridades asuman con responsabilidad y compromiso el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo. Este informe no solo evidencia las brechas y desafíos institucionales, sino que ofrece rutas claras para la acción estatal a favor de las lideresas sociales y sus comunidades”.
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El ministerio del Interior y el de Igualdad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía fueron algunas de las entidades a las que se emitieron recomendaciones. En el caso de la entidad judicial, la Defensoría resaltó que “las investigaciones de delitos contra mujeres lideresas y defensoras continúan presentando altos niveles de impunidad, es urgente cualificar en competencias técnicas a los equipos que adelantan investigaciones por homicidios, feminicidios, amenazas, extorsiones y otras violencias contra mujeres lideresas”.
La Defensoría pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, crear un canal de interlocución constante que permita atender con rapidez las solicitudes de información y el seguimiento a las recomendaciones emitidas. Asimismo, planteó la necesidad de publicar un informe semestral que detalle los avances y brechas en su cumplimiento.
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