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El teniente coronel (r) Orlando Espinosa Beltrán cree que los hechos por los cuales fue investigado, juzgado y condenado en la justicia ordinaria ya prescribieron. Privado de su libertad por permitir la muerte de ocho personas, entre ellas cuatro niños en San José de Apartadó, solicitó reincorporarse en sociedad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la entidad no solo le negó la petición, elevó el expediente a crimen de lesa humanidad, por lo cual el Estado está en la obligación de investigar tales crímenes para siempre.
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En febrero de 2005, la Brigada VXII del Ejército expidió la misión táctica Fénix para “proteger” a las comunidades de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Espinosa Beltrán ordenó a cuatro pelotones patrullar la zona. Sin embargo, terminaron aliándose con paramilitares del bloque Héroes de Tolová con el fin de localizar supuestos campamentos subversivos. Ocurrió todo lo contrario. Asesinaron con machete a Luis Eduardo Guerra, a su hijo de 11 años y a su esposa. Fueron retenidos, interrogados y torturados cerca del río Mulatos.
“Sobre el medio día del 21 de febrero de 2005, los paramilitares se encontraron con una casa que creyeron ocupada por guerrilleros y la atacaron con armas de fuego. En esa acción murieron Alejandro Pérez y Sandra Milena Muñoz. Después del ataque, revisaron la residencia y hallaron con vida a dos niños Natalia (cinco años) y Santiago (dos años) Tuberquia Muñoz. El padre de los niños, Alfonso Tuberquia hizo presencia minutos después e intentó proteger la vida de sus hijos, pero los paramilitares desatendieron sus llamados y lo ejecutaron junto a su hija e hijo con el uso de armas cortantes”, agregó la JEP.
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Los militares, quienes eran entre 35 y 40, no reportaron la muerte de los civiles. Continuaron con su patrullaje. Espinosa Beltrán fue declarado inocente el agosto de 2010 por un juzgado de Antioquia, decisión que confirmó dos años después el Tribunal Superior del mismo departamento. Sin embargo, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2019, despacho judicial que condenó al militar por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Consideró que Espinosa brindó apoyo para tal siniestro episodio del conflicto.
El teniente coronel en retiro llevó su caso a la JEP en 2019. Le fue sustituida la prisión en cárcel por una reclusión en unidad militar. A principios del año pasado, hizo cuentas sobre las reglas contempladas en el Código Penal y consideró que, como ya pasaron 10 años desde que lo acusaron, podría quedar en libertad por prescripción de la acción penal. Si embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó la petición. A la misma conclusión acaba de llegar la Sección de Apelación, la cual elevó los delitos investigados a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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“La dignidad humana, la vida, la integridad y la sociabilidad pacífica fueron gravemente ultrajados por motivos políticos que anularon la condición humana de las víctimas. Por ello, constituyen una muestra del mal radical que lesionó a la humanidad representada en la población en San José de Apartadó en 2005. Bajo ese marco interpretativo, las conductas imputadas al señor Espinosa Beltrán deben ser declaradas crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles”, señaló la Sección de la JEP.
Para tomar su decisión, la JEP encontró que la comunidad en San José de Apartadó ha sido históricamente vulnerada por las fuerzas de seguridad del Estado. Para 2000, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó al menos 47 asesinatos en las mismas condiciones de la masacre de 2005. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en 2012, estableció que hubo una “línea de conducta”, tras diversos eventos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.
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“En sentencia de 7 de julio de 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Antioquia determinó la responsabilidad del Bloque Héroes de Tolová en la masacre de San José de Apartadó sucedida en febrero de 2005. En la providencia, la Sala de Justicia y Paz hizo énfasis en la existencia de alianzas entre los miembros del grupo paramilitar y miembros del Ejército, con base en los testimonios de los paramilitares que participaron en la masacre”, se relacionó también.
En conclusión, para la JEP no hay cuenta que valga para otorgar la libertad por prescripción en el caso de San José de Apartadó. Tal fue la masacre y la omisión por parte de agentes del Ejército, que el mismo Estado está en la obligación de garantizar una investigación a perpetuidad. Con esa decisión se busca que atrocidades de esas características no queden en la impunidad por el transcurso del tiempo y la lentitud de los procesos judiciales. Fue, en conclusión, un ejemplo de la degradación humana.
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