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Para Mauricio Parra, quien tiene tres investigaciones de grueso calibre en su contra, la tercera se volvió la vencida: un juez decretó su libertad por vencimiento de términos en el caso del asesinato del abogado Gerardo Ochoa en Pitalito (Huila). La diferencia es que, esta vez, Parra sí podrá salir libre. La primera vez que él escuchó esas palabras fue en mayo de 2019, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su libertad por la investigación en su contra como presunto testaferro de las Farc, pero rechazó su sometimiento por el asesinato de Jhonny Orjuela, socio mayoritario de la cadena Surtifruver.
En marzo de 2020, cuando la pandemia por el COVID-19 apenas comenzaba en el país y en el mundo entero, Parra por segunda vez recibió una orden de libertad. Otro funcionario judicial decretó su libertad por su presunta responsabilidad en el homicidio del máximo socio de la cadena Surtifruver, Jhonny Orjuela, cometido en octubre de 2016 en el norte de Bogotá. Entonces, de nuevo, se resaltó que la Fiscalía no había hecho lo debido para que comenzara el juicio en su contra y Parra sumó dos victorias.
Sin embargo, Parra no pudo dejar la prisión porque aún tenía sobre sus hombros otra medida de aseguramiento por el expediente del abogado Ochoa, quien fue asesinado el 6 de abril de 2017. De acuerdo con la Fiscalía, Parra lo habría atacado por defender a unos feligreses de una iglesia cristiana, que invirtieron en un proyecto de construcción del investigado en ese mismo municipio.
Así las cosas, Mauricio Parra Rodríguez podrá defenderse en libertad de todos los procesos que tiene en su contra. Por el expediente Ochoa, el juez consideró que gran parte de la culpa es de la Fiscalía, la cual no habría cumplido con su deber de enseñar el material probatorio a las partes y habría permitido que las audiencias se dilataran, a tal punto que no quedó de otra que dejar libre a Parra.
Antecedentes: Los cuestionados testimonios en el caso Surtifruver
“El despacho observa que efectivamente han transcurrido, desde el momento mismo en que el señor Mauricio Parra Rodríguez fuera puesto a consideración con medida de aseguramiento, dentro del proceso penal, 385 días. De esos 385, son atribuibles al conjunto de defensores 95, por dos aplazamientos. En consecuencia, desde el día 20 de marzo de 2020 hasta el día de hoy, 8 de abril de 2021, son 290 días atribuibles al Estado, que no ha sido eficiente”, concluyó el juez.
En total, entre la defensa de Parra y la Fiscalía, la cual habría tenido la mayor responsabilidad, hubo un desfase de 50 días para llevar al ciudadano a juicio, por el presunto homicidio del abogado en Pitalito. El juez del caso advirtió, además, que incluso la funcionaria judicial anterior, la jueza primera penal del circuito de Pitalito, la cual se hizo cargo de la fase de conocimiento, dejó constancia de que el ente investigador no se apropió de sus funciones y permitió que, vía administrativa, el investigado obtuviera su libertad.
Teoría del caso: Fernando Bahamón, de criminal a testigo estrella de la Fiscalía
“Se ha dado gota a gota, la señora fiscal me dirá que lo ha hecho todo, pero no me ha presentado ninguna evidencia. Y en este proceso, como en muchos, desafortunadamente, ha sido dilatorio el tiempo en que ha trascurrido y de manera especial esa audiencia preparatoria ¿Por qué? Porque no ha sido posible deducir, incluso por parte de la juez de conocimiento, en qué momento la Fiscalía cumplió con su papel de hacer el total descubrimiento de los elementos materiales probatorios”, concluyó el juez.
Aunque Mauricio Parra recobró su libertad, todavía seguirá bajo la lupa de las autoridades en ambos casos, en los cuales se ha declarado inocente. Por ejemplo, la Fiscalía ha intentado esclarecer el crimen contra el empresario Jhonny Alonso Orjuela, desde el 20 de octubre de 2016, cuando al parecer Parra, en compañía de un sicario, habría asesinado al empresario de entonces 46 años, en la autopista norte con calle 178 de Bogotá. El socio mayoritario de la cadena Surtifruver iba en su camioneta y, según las investigaciones, iba a cumplir una cita con unos socios.
Mauricio Parra fue mencionado por primera vez, en el caso, por el testigo Fernando Bahamón, un hombre que se sometió a la Ley de Justicia y Paz como antiguo guerrillero de las Farc, condenado por extorsión y abuso sexual. Bahamón, en mayo de 2017, dijo conocer a Parra desde el año 1995, indicando que supuestamente trabajaba llevando remesas y traficando combustible. Luego, un mes después, mencionó a Parra como presunto homicida de Jhonny Alonso Orjuela y como posible testaferro del bloque Sur de las extintas Farc.
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El investigado Mauricio Parra fue capturado el 2 de septiembre de 2017, un día después de denunciar a Fernando Bahamón por extorsión. Días después le imputaron cargos por el homicidio de Jhonny Orjuela y lo vincularon al asesinato del abogado Gerardo Ochoa. Durante las investigaciones preliminares la Fiscalía descubrió que Parra había sido socio comercial de Orjuela y que la relación no había acabado en buenos términos. Al profundizar en el historial, la Fiscalía encontró que el presunto homicida y Berta Cecilia Rueda, expareja del empresario, sostuvieron una relación sentimental.
Mauricio Parra, desde la cárcel La Picota, señaló a Berta Cecilia Rueda como la presunta orquestadora del crimen, pues “quería quedarse con su dinero”, como lo explicó la Fiscalía en audiencia de imputación, en noviembre de 2017. Rueda estuvo en prisión durante 10 meses en la cárcel El Buen Pastor (Bogotá) mientras se investigaba su posible responsabilidad, sin embargo, el 19 de septiembre de 2018 quedó libre, curiosamente, también por vencimiento de términos. Ha insistido en su inocencia. Al final, se sabe que la investigación sigue dilatada y no se tienen noticias desde hace más de un año.