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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reaccionó este martes 3 de junio a la orden de captura emitida en su contra por parte del Ministerio Público de Guatemala. Para la titular del ente investigador, la decisión del país centroamericano responde a una persecución en razón del trabajo que ella realizó durante al menos tres años cuando integró la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) entre 2014 y 2017, cuya labor derivó en la detención de varios funcionarios de ese país por delitos de corrupción e incluso fue fundamental para el arresto del expresidente de ese país, Otto Pérez Molina.
La fiscal Camargo recordó durante una rueda de prensa llevada a cabo en el búnker de la Fiscalía que, debido a su participación en la Cicig, goza de una inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa, pues así lo dicta el artículo 10 del acuerdo que creó que esa Comisión en 2006. “Incluye inmunidad de arresto o detención personal e inmunidad de toda acción judicial con respecto a actos realizados en el desempeño de la misión”, se puede leer en un comunicado que dio a conocer el ente investigador. En ese mismo documento, firmado por la propia fiscal Camargo, se señala que la determinación del Tribunal guatemalteco “desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos y carece de sustento jurídico”.
De acuerdo con la fiscal Camargo, la decisión de la justicia del país centroamericano tiene sus bases en interpretaciones erróneas del trabajo realizado por la Cicig en lo que refiere al escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht en ese país. Según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, Iván Velásquez habría liderado una “estructura criminal” que favoreció a empresarios de Odebrecht, haciendo que “el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales (equivalentes en Colombia a $1.618 millones)”. Según funcionarios judiciales de ese país, Luz Adriana Camargo había hecho parte de esa supuesta estructura.
Esa investigación fue adelantada por la Fiscalía contra la Impunidad de Guatemala, en cabeza de Juan Francisco Sandoval Alfaro, con apoyo de personal internacional y local de la Cicig, contando con la participación de Camargo Garzón. “En ese caso se construyó y desarrolló una metodología de investigación que permitió rastrear y documentar la ruta del dinero entregado como soborno por la constructora brasileña a altos funcionarios del Estado guatemalteco. El rigor y la solidez de esa investigación generaron la reacción de los corruptos involucrados que pretenden desprestigiarlo”, dice la funcionaria.
Y agrega: “Por eso, más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional que ayer se dio por tramitada sin estarlo y que no será emitida, teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público de ese país, me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político me atribuyen”.
Camargo sentenció que “la inmunidad no significa impunidad”, y que está claro que ella puede ser investigada, pero siempre y cuando se haga bajo las formas del debido proceso internacional. “Es más dañino difundir rumores y dejar un manto de duda sobre mi conducta, que ni en esa época ni ahora puede ser cuestionada”, agrega el documento.
La titular del búnker también confirmó que durante la mañana de este martes 3 de junio sostuvo conversaciones con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes, asegura, le dieron su apoyo ante la situación. De acuerdo con la funcionaria, una vez se conoció la información del país centroamericano, recibió varias llamadas de los togados, incluidos los del presidente del alto tribunal, Octavio Tejeiro.
En su defensa, la fiscal Camargo Garzón también recordó los resultados de la visita de la ONU a Guatemala, el pasado 23 de mayo, en los que se advierten “graves preocupaciones institucionales respecto al liderazgo de la oficina del fiscal general de ese país desde 2018, por el posible abuso del derecho disciplinario para sancionar a los jefes de unidades especializadas que conocían casos de corrupción, derechos humanos o justicia de transición, a veces en momentos clave de casos de alto perfil, o con respecto de fiscales encargados de investigaciones especialmente delicadas o con conexiones políticas, lo cual planeta preocupaciones sobre presiones o represalias por la labor desempeñada en estas materias”.
Y es que el nombre del fiscal José Rafael Curruchiche no es nuevo para las autoridades judiciales internacionales. En 2022 fue agregado a la lista Engel de Estados Unidos, que reúne las personalidades consideradas corruptas y antidemocráticas. Además, es señalado por ese país de obstruir investigaciones de corrupción y perseguir a miembros de la Cicig. Desde su nombramiento en 2021, ha sido señalado por perseguir a exfiscales, jueces, investigadores y periodistas críticos del gobierno de Alejandro Giammattei. Entre ellos destaca Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, quien investigaba presuntos casos de corrupción que involucraban al presidente y fue destituido antes de exiliarse en EE. UU. Desde entonces, Curruchiche ha promovido varias causas penales contra él, incluyendo una solicitud de extradición.
Ante los micrófonos de la prensa, la fiscal Camargo confirmó que la orden de la circular roja no ha sido ni será emitida, pues el gobierno guatemalteco rechazó la determinación. De acuerdo con la funcionaria, esa orden solo es válida en ese país, y su defensa allí es “compleja” porque no hay las suficientes garantías. Ahora, será determinación del gobierno de ese país de definir la inmunidad de la actual fiscal colombiana, mientras que Camargo también señaló que no se descarta que este caso sea “un ataque basado en la violencia de género”.
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