Megaproyecto de producción de etanol El Alcaraván fue un “fracaso”: Contraloría
La Contraloría acaba de imputar responsabilidad fiscal por más de $920 mil millones a siete gerentes y exdirectivos de Bioenergy, pues llevaron a cabo la construcción de una megaplanta de producción de etanol en Meta, a pesar de que las esperanzas de rentabilidad estaban en números negativos.
Un rotundo “fracaso”. Así definió la Contraloría los multimillonarios intentos de dos gerentes generales y cinco miembros de la junta directiva de Bioenergy por darle vida a El Alcaraván, un megaproyecto de producción de etanol (el más grande de Colombia) del cual se esperaba lograr 504 mil litros de ese tipo de alcohol al día, pero que se convirtió en un escándalo por presunta corrupción y detrimento patrimonial. Tal habría sido el costo por revivir unas obras de las que no se podría sacar fruto alguno, que la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $920.646 millones.
En contexto: Las irregularidades de Bioenergy, la planta de Ecopetrol en Puerto López, Meta
En síntesis, la Contraloría encontró que El Alcaraván, ubicado en Puerto López (Meta), es un proyecto que nunca debió haber continuado, a pesar de las inversiones iniciales, pues los estudios económicos no preveían una rentabilidad futura. En 2010, Bioenergy, filial de Ecopetrol, firmó un contrato con la empresa española Isolux y se esperaba que para 2012 fuera la planta de etanol más importante del país. No obstante, nada de eso sucedió y, en 2014, Bioenergy finalizó el acuerdo con los ibéricos y dejó el megaproyecto en manos del Consorcio Menegua.
Recién en 2017 El Alcaraván, montado en 25.500 hectáreas, dio luces de vida, no sin antes evidenciarse sobrecostos por casi el doble de los presupuestado: alrededor de US$778 millones, según la misma Contraloría. En octubre pasado, la Procuraduría aseguró que los españoles de Isolux no tenían la experiencia para alzar la obra, no obstante, en el reciente fallo de la Contraloría no fueron imputados. En contraste, fueron vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal los gerentes generales Jaime Leonardo Flórez (2009-2012) y Aleck Remberto Santamaría (2012-2015).
En contexto: Irregularidades en planta de etanol en Meta lleva a 12 directivos a juicio disciplinario
Además, fueron imputados los miembros de la junta directiva María Elena Velásquez, Juan Felipe Munera, María Cristina Cortés, Myung – Ho Lee y Claudia Castellanos. De acuerdo con el órgano de control, para 2014, momento en que se despidió a Isolux, la planta no estaba construida y la Tasa Interna de Retorno de la inversión era solo del 2,44%. Es decir, el porcentaje de beneficio estaba muy por debajo de lo esperado.
En junio de 2014, aprobado el Control de Cambios N° 2, el Valor Presente Neto (VPN) cayó de un índice de “-102″ a un índice de “-152″. El VPN es una herramienta económica que permite prever la viabilidad de una inversión o de un proyecto, cuyo resultado, entre otras variables, depende de la cantidad invertida inicialmente y los flujos que podrían entrar a los bolsillos a futuro. Como evidenció la Contraloría, la esperanza estaba en términos negativos.
Lea: Caso Reficar: nuevo proceso de responsabilidad fiscal contra expresidentes
“La justificación de la celebración de este control de cambios se dio, entre otras razones, por la contratación que Bioenergy debió ejecutar para finalizar el proyecto, aumentando de forma considerable los costos de contratos a precios unitarios, e implicando un control mayor con aumento de costos de interventoría y costos de personal en equipo de proyecto”, agregó la Contraloría.
Febrero de 2017, según el órgano de control, fue mortal para que Bioenergy fuera sostenible. La Tasa Interna de Retorno se ubicó en -1,2% y el VPN pasó de “-401″ a “-609″. “Período tras período, los estados financieros de la sociedad evidenciaban el deterioro de las inversiones, reflejado en el incremento en las pérdidas que iban consumiendo el patrimonio social, situación que era conocida incluso de manera mensual en las reuniones de la Junta Directiva, sin que se evidenciara pronunciamiento ni correctivo alguno, encaminado a revertir este deterioro”, agregó la institución.
Lea: Contraloría falla en caso Reficar: daños fiscales ascienden a $2,9 billones
De acuerdo con el fallo, los representantes de Bioenergy habrían confirmado las sospechas de la Contraloría, pues en enero de 2020 radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud para “reorganizarse”, lo cual terminó en que, en junio de ese año, entrara en liquidación. En cuanto al etanol, objetivo de Bioenergy, se conoció que el dinero fue invertido para lograr 504.000 litros al día, sin embargo, entre 2017 y 2019, solo se produjeron 131′209.887 litros de ese tipo de alcohol. Es decir, se habría trabajado según las expectativas solo 268 días, durante tres años.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Un rotundo “fracaso”. Así definió la Contraloría los multimillonarios intentos de dos gerentes generales y cinco miembros de la junta directiva de Bioenergy por darle vida a El Alcaraván, un megaproyecto de producción de etanol (el más grande de Colombia) del cual se esperaba lograr 504 mil litros de ese tipo de alcohol al día, pero que se convirtió en un escándalo por presunta corrupción y detrimento patrimonial. Tal habría sido el costo por revivir unas obras de las que no se podría sacar fruto alguno, que la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $920.646 millones.
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En síntesis, la Contraloría encontró que El Alcaraván, ubicado en Puerto López (Meta), es un proyecto que nunca debió haber continuado, a pesar de las inversiones iniciales, pues los estudios económicos no preveían una rentabilidad futura. En 2010, Bioenergy, filial de Ecopetrol, firmó un contrato con la empresa española Isolux y se esperaba que para 2012 fuera la planta de etanol más importante del país. No obstante, nada de eso sucedió y, en 2014, Bioenergy finalizó el acuerdo con los ibéricos y dejó el megaproyecto en manos del Consorcio Menegua.
Recién en 2017 El Alcaraván, montado en 25.500 hectáreas, dio luces de vida, no sin antes evidenciarse sobrecostos por casi el doble de los presupuestado: alrededor de US$778 millones, según la misma Contraloría. En octubre pasado, la Procuraduría aseguró que los españoles de Isolux no tenían la experiencia para alzar la obra, no obstante, en el reciente fallo de la Contraloría no fueron imputados. En contraste, fueron vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal los gerentes generales Jaime Leonardo Flórez (2009-2012) y Aleck Remberto Santamaría (2012-2015).
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Además, fueron imputados los miembros de la junta directiva María Elena Velásquez, Juan Felipe Munera, María Cristina Cortés, Myung – Ho Lee y Claudia Castellanos. De acuerdo con el órgano de control, para 2014, momento en que se despidió a Isolux, la planta no estaba construida y la Tasa Interna de Retorno de la inversión era solo del 2,44%. Es decir, el porcentaje de beneficio estaba muy por debajo de lo esperado.
En junio de 2014, aprobado el Control de Cambios N° 2, el Valor Presente Neto (VPN) cayó de un índice de “-102″ a un índice de “-152″. El VPN es una herramienta económica que permite prever la viabilidad de una inversión o de un proyecto, cuyo resultado, entre otras variables, depende de la cantidad invertida inicialmente y los flujos que podrían entrar a los bolsillos a futuro. Como evidenció la Contraloría, la esperanza estaba en términos negativos.
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“La justificación de la celebración de este control de cambios se dio, entre otras razones, por la contratación que Bioenergy debió ejecutar para finalizar el proyecto, aumentando de forma considerable los costos de contratos a precios unitarios, e implicando un control mayor con aumento de costos de interventoría y costos de personal en equipo de proyecto”, agregó la Contraloría.
Febrero de 2017, según el órgano de control, fue mortal para que Bioenergy fuera sostenible. La Tasa Interna de Retorno se ubicó en -1,2% y el VPN pasó de “-401″ a “-609″. “Período tras período, los estados financieros de la sociedad evidenciaban el deterioro de las inversiones, reflejado en el incremento en las pérdidas que iban consumiendo el patrimonio social, situación que era conocida incluso de manera mensual en las reuniones de la Junta Directiva, sin que se evidenciara pronunciamiento ni correctivo alguno, encaminado a revertir este deterioro”, agregó la institución.
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De acuerdo con el fallo, los representantes de Bioenergy habrían confirmado las sospechas de la Contraloría, pues en enero de 2020 radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud para “reorganizarse”, lo cual terminó en que, en junio de ese año, entrara en liquidación. En cuanto al etanol, objetivo de Bioenergy, se conoció que el dinero fue invertido para lograr 504.000 litros al día, sin embargo, entre 2017 y 2019, solo se produjeron 131′209.887 litros de ese tipo de alcohol. Es decir, se habría trabajado según las expectativas solo 268 días, durante tres años.
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