Un fiscal especializado en delitos ambientales está listo para llamar a juicio a 12 miembros de la comunidad menonita, con presencia en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016. Según el ente investigador, los integrantes de este grupo religioso habrían cometido varios delitos ambientales que afectaron gravemente ecosistemas en la vereda La Cristalina de ese municipio. En el escrito de acusación, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, la Fiscalía hizo un relato de los hechos, los cuales vincularían a los extranjeros con los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendios.
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En medio de esa investigación criminal, este diario pudo establecer que los acusados estarían interesados en negociar para evitar una condena. Así lo dio a conocer uno de los abogados de la comunidad, durante una audiencia la semana pasada. En esa misma diligencia, la Fiscalía tenía todo listo para leer la acusación en su contra. Según ese documento, entre 2017 y 2021, los menonitas habrían estado involucrados “con la remoción de cobertura vegetal y la tala mecanizada de numerosos árboles y de diferentes especies nativas de la región colombiana. Todo ello en un área de aproximadamente 110 hectáreas, con el fin de adecuar el área para el establecimiento de cultivos agrícolas”.
Esa área equivale a unas 65 canchas de fútbol. De acuerdo con el ente investigador, los menonitas no tenían los permisos de las autoridades para hacer esa tala masiva de bosque nativo, lo cual generó una erosión del suelo y la eliminación de corredores estratégicos o lugares de tránsito en la migración de aves y mamíferos, pero las acusaciones no paran ahí. La Fiscalía reveló que los menonitas construyeron cuatro puentes, que oscilan entre los siete y seis metros de ancho por 11 a 16 metros de largo. Los funcionarios del CTI que inspeccionaron las zonas encontraron que esas estructuras invaden el cauce o áreas de tres cuerpos hídricos: el humedal Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia.
La Fiscalía estableció que los menonitas “tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Significa que esto era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”. El ente investigador busca llevar a juicio por estos hechos a Jacob Lowen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friessen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen, Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekop Fehr.
El 5 de septiembre, cuando el fiscal del caso estaba listo para iniciar la acusación en su contra, los abogados de los menonitas pidieron suspender la audiencia, pues adelantan una negociación con la Fiscalía para concretar un principio de oportunidad. Se trata de una figura contemplada en la ley que les permitiría ejecutar una reparación del daño ambiental para evitar la eventual condena. Uno de los abogados de los menonitas expresó durante la audiencia: “Nuestro propósito no es dilatar las audiencias; por el contrario. Hemos sido nosotros los que quisimos iniciar el proceso para llegar a un principio de oportunidad. No queremos eludir responsabilidades, como se quiere hacer ver”.
El defensor agregó que sus clientes han asistido a todas las audiencias y que, incluso, fueron ellos los que aportaron el traductor para los 12 procesados, quienes entienden español, pero su principal lengua es el plautdietsch, dialecto alemán. El juez del caso reconoció que este tipo de “conflictos sociales” no siempre se pueden solucionar con condenas, pero advirtió que, en todo caso, la audiencia debía continuar. Entre otras razones, porque acogió uno de los argumentos que esgrimió la Procuraduría: la negociación entre la Fiscalía y los menonitas apenas está cogiendo forma. Durante la diligencia quedó claro que, en junio de 2025, los procesados enviaron un documento a Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, donde presentaron su plan para restaurar el daño ambiental generado en Puerto Gaitán.
Pero antes de que el fiscal leyera el escrito de acusación, de 42 páginas, el Ministerio de Ambiente y Cormacarena levantaron la mano para solicitarle al juez que los reconozca como víctimas en el proceso. Ante esa petición, el juez decidió suspender la audiencia, que se reactivará el 15 de enero de 2026. Otra demora más en un proceso que, al menos desde hace tres años, ya tenía las primeras evidencias listas para avanzar. Por ejemplo, en 2022, cuando este diario tuvo acceso al hackeo que sufrió la Fiscalía de Francisco Barbosa, El Espectador reveló los primeros pasos del ente investigador contra los menonitas y, desde entonces, ya se sabía de la presunta ocurrencia de varios delitos ambientales.
Además, se supo que la entidad tenía claro que esa comunidad está integrada por 300 personas que habitan tres megafincas que suman 30.000 hectáreas, las cuales son destinadas a la agroindustria. Un terreno similar al municipio de Soacha. Además, que otros predios bajo su poder fueron comprados a dos viejos conocidos del mundo criminal: Édgar Augusto Gutiérrez y Wilson Rodrigo Jiménez, ganaderos y narcotraficantes condenados en 2007 por la justicia francesa por intentar ingresar dos toneladas de cocaína en un avión del príncipe saudí Nayef Al-Shaalan; sin embargo, el primer movimiento para avanzar en la investigación penal se conoció en julio de 2024, cuando la Fiscalía llamó a imputación de cargos a los 12 menonitas.
La Cristalina, Víctor Carranza y el paramilitarismo
Durante los años 90 y principios de 2000, la vereda La Cristalina, en donde vive este grupo religioso, fue una zona en donde paramilitares se movieron a sus anchas. Por ejemplo, el zar esmeraldero Víctor Carranza, quien murió en 2013 con acusaciones de ser parte de ese grupo criminal, compró varias tierras en esta zona de Puerto Gaitán, a más de 25 kilómetros del casco urbano del municipio. Incluso, hoy su familia tiene el control de la empresa ganadera La Cristalina. Hace pocos años, esta sociedad ocupaba El Porvenir, otro extenso terreno solicitado por los indígenas sikuanis, quienes llevan casi una década esperando que les adjudiquen las tierras.
El cuestionado Víctor Carranza también compró en Puerto Gaitán otra megafinca llamada Brasil, la cual, señalaron exjefe paramilitares, fue lugar de paso de las Autodefensas Unidas de Colombia, días previos a cometer la masacre de Mapiripán, en julio de 1997. Varios exmiembros de ese grupo criminal les dijeron a fiscales de Justicia y Paz que esta finca fue su base y campo de entrenamiento. En esa época se sabía que el dueño de esas 13.000 hectáreas era Carranza. Sin embargo, en abril de 2007, el terreno fue dividido entre los hijos y la esposa del esmeraldero. Un mes después, esa tierra fue vendida a la empresa La Fazenda, conocida marca comercial de cárnicos de origen santandereano.
El proceso penal está lejos de acabar debido a las dos salidas que, por ahora, aparecen en su camino ante la justicia colombiana. El primero, el del principio de oportunidad, ni siquiera ha sido construido por la Fiscalía ni presentado ante un juez, que será el encargado de darle luz verde. El segundo, el de afrontar un juicio penal, el cual solo se reactivará en enero. A partir de allí, es incierto el tiempo que pueda pasar hasta que se emitan, al menos, las sentencias de primera y segunda instancia que resolverán si los menonitas son culpables de cometer delitos ambientales en Puerto Gaitán (Meta).
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
