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La Fiscalía General de la Nación solicitó ante una juez de control de garantías de Bogotá que declare en contumacia al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto, tras no presentarse a la audiencia de imputación de cargos dentro del escándalo de corrupción relacionado con helicópteros MI-17 del Ejército. Según el ente acusador, aunque el exfuncionario allegó una excusa médica con vigencia hasta el próximo 24 de abril, no compareció ante el despacho judicial.
El proceso hace parte de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación para el mantenimiento de aeronaves del Ejército. Desde marzo se adelantan audiencias contra Suárez Soto, el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa Herbert Arnulfo Buitrago Galán y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.
De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro investigados habrían participado en un esquema que permitió direccionar de manera irregular un contrato cercano a los USD 32 millones, destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros de fabricación rusa.
En contexto: Fiscalía imputará a exviceministro por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará a los funcionarios, según su presunta responsabilidad, delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
Ante las ausencias del exviceministro Suárez Soto, el fiscal del caso señaló que la ley define que si un procesado, “habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada, no compareciera a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación”.
Y agregó que en el proceso, la Fiscalía considera que se cumple el “primer presupuesto de este artículo respecto a la inasistencia no justificada del indiciado Luis Edmundo Suárez Soto”.
En enero de este año, el Estado logró recuperar más de USD 20 millones tras el incumplimiento del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército. No obstante, pese a que el Ministerio de Defensa recuperó la totalidad de los recursos, el problema técnico y operativo que dio origen al contrato fallido persiste, lo que mantiene la incertidumbre sobre la disponibilidad de una de las capacidades aéreas más estratégicas de la institución.
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De acuerdo con Giovanni Arturo González Zapata, secretario general (e) del Ministerio de Defensa, los dineros recuperados no pueden ser reinvertidos de manera directa en la Aviación del Ejército ni en nuevos contratos de mantenimiento, ya que, conforme a las reglas fiscales, deben ingresar al Tesoro Nacional, lo que limita su uso inmediato para atender la situación de la flota.
El incumplimiento contractual impactó directamente la disponibilidad, el sostenimiento y la seguridad operacional de los MI-17. La interrupción del mantenimiento integral, sumada a la falta de repuestos, impidió ejecutar operaciones y cumplir con los programas establecidos, lo que, según explicó el funcionario, incrementó el riesgo técnico, afectó la continuidad logística y redujo la capacidad sostenida de operación de estas aeronaves.
El efecto se evidenció en al menos 11 helicópteros: tres de ellos, vinculados directamente al contrato, quedaron fuera de servicio al no recibir el mantenimiento requerido y alcanzar sus límites técnicos, mientras que otras ocho unidades vieron disminuida su operatividad por la escasez de repuestos. Este escenario ha afectado la capacidad de respuesta aérea en varias regiones del país. Entre tanto, y hasta que el Gobierno concrete un nuevo proveedor, el Ejército deberá mantener restringidas las operaciones de esta flota.
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