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La Fiscalía contrató como asesor al exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal Pulido. Si bien varios exintegrantes de las altas cortes están en el gabinete de asesores del fiscal Francisco Barbosa, el millonario contrato que recibió Bernal para este año llama la atención porque, además, desde el 1 de enero de este año el jurista y profesor entró a ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una corporación internacional que en el pasado ha sido muy crítica de las actuaciones del búnker en sonados expedientes del conflicto armado y de derechos fundamentales.
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El contrato es por $20 millones de pesos mensuales, se firmó el pasado 30 de diciembre y será ejecutado hasta el último día de 2022. Es decir, en total la Fiscalía le pagará $240 millones a Carlos Bernal por las asesorías, que desarrollará en paralelo a sus actividades como comisionado. En el documento se lee que el objetivo será: “prestar los servicios profesionales especializados como abogado para asesorar a la dirección de Asuntos Jurídicos y a la dirección ejecutiva de la Fiscalía en temáticas de especial trascendencia o complejidad para la entidad con énfasis en materia de derecho administrativo, contractual y penal”.
La negociación se estaba cocinando hace meses, pues Bernal ya venía desempeñándose como asesor de la Fiscalía durante 2021. Esto fue advertido por organizaciones de derechos humanos, que enviaron una extensa carta a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiéndole que no eligiera a Carlos Bernal como nuevo comisionado de la CIDH. En la misiva, expresaron que este contrato del año pasado, así como otras asesorías anteriores al Ejército colombiano, podrían poner en riesgo la imparcialidad de Bernal como comisionado.
Sin embargo, los estados miembros de la OEA eligieron a Bernal el 12 de noviembre de 2021, con 21 votos, junto al ya comisionado Joel Hernández García, de México, y Roberta Clarke, de Barbados. Al mes siguiente, Carlos Bernal le envió una carta a la directora ejecutiva y al director jurídico de la Fiscalía, “con el fin de presentarles una oferta de servicios profesionales especializados como abogado, para asesorar a las Direcciones de la Fiscalía General de la Nación”, según se lee en la misiva.
Esta es la carta de propuesta económica:
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Los miembros de la Comisión no están impedidos para tener otros trabajos, pues sus cargos no son de dedicación exclusiva. Además, no pueden pronunciarse sobre casos de sus países de origen. De hecho, Bernal tendrá a su cargo la relatoría sobre derechos humanos en Costa Rica, Granada y Honduras. Sin embargo, exmiembros de la CIDH y defensores de derechos humanos consultados expresaron su sorpresa, porque a todas luces es antiético. “No tiene impedimento legal, pero moral y éticamente eso es ruindad y un abuso”, dijo un jurista consultado por El Espectador.
Otro jurista que pidió no ser nombrado señaló que los miembros de la CIDH no solo deben ser imparciales, sino parecerlo. “Es cierto que la Fiscalía en Colombia es un órgano judicial y no del ejecutivo, pero dada la cercanía de la Fiscalía al Ejecutivo y que la entidad está bajo los ojos de la CIDH (por ejemplo en su acción frente a las agresiones contra líderes sociales), la independencia de Bernal se ve comprometida pues para cualquier observador razonable se ve alineado con el gobierno colombiano. Y eso puede ser incluso violatorio del Reglamento de la CIDH”, comentó la fuente.
En concreto, en el reglamento de la CIDH se lee: “El cargo de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pudieren afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la Comisión”. Si al menos cinco comisionados consideran que existe una incompatibilidad con el cargo le pueden presentar el caso a la Asamblea General de la OEA para que decida si saca al funcionario de la corporación.
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Este diario consultó al entrante comisionado Carlos Bernal sobre este contrato. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, el exmagistrado no contestó a los mensajes de este diario sobre si consideraba que esta asesoría que brindará a la Fiscalía es incompatible, o no, con su cargo de comisionado de la CIDH.
Bernal ha sido cuestionado desde que era magistrado de la Corte Constitucional por sus posiciones conservadoras. En un salvamento de voto a una sentencia en la que el alto tribunal ratificó su protección del derecho al aborto, Bernal escribió: “no existe un derecho fundamental a abortar”. En un artículo académico que publicó aun siendo magistrado aseguró que “la Biblia fundamenta el principio de separación de poderes” del Estado. Luego renunció sorpresivamente al alto tribunal, en julio de 2020, para aceptar un cargo como profesor en la Universidad de Ohio (Estados Unidos).
El panel de expertos independientes que calificaba a todos los candidatos a comisionado de la CIDH intentó increpar a Bernal Pulido por sus posiciones, pero el exmagistrado primero dijo que las preguntas lo incomodaban y, posteriormente, no asistió a la entrevista que sí rindieron todos los demás postulados. Fue elegido contra todo pronóstico, pues el comité evaluador de candidatos lo rajó y no era el de mayor trayectoria en derechos humanos, pero el colombiano recibió el respaldo del consejo permanente. Ahora resta saber si continuará asesorando a otras entidades que están bajo el ojo de la CIDH.
Este es el contrato completo:
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