La marcha convocada este viernes 17 de octubre en Bogotá, en el marco de la movilización nacional ‘Aquí en la Lucha’, terminó en graves disturbios en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, algunos manifestantes —entre ellos encapuchados— atacaron con lanzas, flechas y artefactos incendiarios a los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), dejando cuatro policías heridos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los hechos a través de sus redes sociales: “Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado. Los responsables materiales e intelectuales de estos delitos serán capturados”.
Antes de los enfrentamientos, Sánchez se había también pronunciado sobre actos vandálicos contra la estación de Transmilenio de Corferias, luego de la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá en la calle 26. El personal y los usuarios fueron evacuados ante el riesgo generado por los vidrios rotos y la situación de alteración del orden.
“La protesta social es un derecho que honra la democracia. Acompañamos y garantizamos que los colombianos puedan expresarse libre y pacíficamente. Pero nada justifica que esa expresión se transforme en violencia. Pero nada justifica que esa expresión se transforme en violencia. Cada piedra lanzada, agresión, se aleja del propósito legítimo de la protesta social y pone en riesgo a inocentes”, señaló el ministro, quien reiteró que la Fuerza Pública continuará actuando con “control, humanidad y respeto por los derechos de todos”.
Por su parte, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, confirmó que el grupo agresor portaba “artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada”, lo que puso en riesgo tanto a quienes se encontraban dentro del edificio diplomático como a los residentes del sector. Además, las autoridades investigan la presencia de posibles artefactos explosivos en los alrededores de la Universidad Nacional, donde permanecieron algunos manifestantes en los últimos días.
Las protestas, que completan una semana, fueron convocadas por el Congreso de los Pueblos y diversas organizaciones campesinas e indígenas para exigir transformaciones sociales y políticas al Gobierno Nacional. Según Marcela Cruz, vocera del Congreso de los Pueblos y dirigente de la Coordinación Nacional Agraria del Centro Oriente, el objetivo es visibilizar las causas estructurales de la desigualdad y promover los cambios que requiere el país.
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Las organizaciones mantienen presencia en al menos siete puntos de la capital, entre ellos la Universidad Nacional, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas. Aunque han sostenido conversaciones con la Defensoría del Pueblo, aseguran que su propósito no es establecer una mesa de negociación, sino hacer públicas sus demandas sociales.
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