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Las evidencias de que un funcionario activo del Ejército y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) le habrían entregado información secreta a las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, es el más reciente escándalo del gobierno de Gustavo Petro.
Las graves denuncias, publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, llevaron a que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciara una investigación para aclarar qué funcionarios públicos estarían atrás de esa alianza criminal.
He tomado atenta nota del delicado informe presentado por @NoticiasCaracol y quiero reiterar, en primer lugar, que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la…
— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 24, 2025
“Como Ministerio de Defensa no dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones. Quiero ser enfático: ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”, aseveró el jefe de cartera.
La información fue hallada tras el análisis a los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá y a sus hombres luego de su captura el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia). Sin embargo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos, al señalar que eran gestores de paz. Los documentos incautados llevarían más de un año en manos de la Fiscalía sin avances judiciales.
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En los chats, cartas, fotos, correos y documentos internos y confidenciales de la Fuerza Pública que fueron encontrados, aparece una misiva del general (r) Juan Manuel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal. En ellos propone a las disidencias crear una empresa de seguridad, aparentemente legal, que permitiría al grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permiso.
La carta, fechada el pasado 8 de febrero de 2024, menciona: “El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque ha llegado el momento en que todos estos procesos fallen y quedamos con hombres legales”.
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Otro de los nombres mencionados es el de Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según el informe, aparece junto al general Huertas en la propuesta para montar la empresa de seguridad fachada. Por el momento, el presidente Gustavo Petro sigue sin pronunciarse.
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