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Tras más de 20 años de que miles de personas fueran desplazadas del municipio de La Palma (Cundinamarca), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretenciones de las víctimas presentadas a través de una demanda de reparación colectiva. La sentencia dejó bien parado al Ministerio de Defensa que no deberá reparar a las víctimas luego de que el tribunal no pudiera probar el vínculo entre militares y miembros del Bloque Cundinamarca de los paramilitares.
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La demanda de reparación buscaba una indemnización para las familias que sufrieron desplazamientos por parte de enfrentamientos entre el Bloque Cundinamarca y miembros de las extintas Farc. La situación tuvo su momento más crudo el 15 de septiembre de 2002, cuando tras torturas, desapariciones, violaciones y secuestros, gran parte de los campesinos que se ubicaban en zona rural de La Palma debieron abandonar sus hogares.
La demanda afirmaba que miembros de las Fuerzas Militares tenían relación con Luis Eduardo Cifuentes, comandante del bloque de las Auc que hacía presencia en el territorio. Estas afirmaciones se basaban en varios testimonios entregados por exparamilitares durante audiencias de los tribunales de Justicia y Paz. Allí, un desmovilizado de las Auc afirmaba que miembros del Ejército simulaban ser miembros de los paramilitares para cometer crímenes donde las autodefensas no ejercían poder, demostrando la estrecha relación entre Fuerza Pública y las Auc.
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La situación de violencia que ocurrió en el municipio se extendió desde el año 2000 hasta el año 2017. Durante estos años, la comunidad de La Palma debió abandonar sus hogares, especialmente los habitantes de las veredas del municipio, como consecuencia del constante hostigamiento de los grupos armados que buscaban hacerse con el control del territorio. Los demandantes afirmaron que los crímenes cometidos contra la población no han sido reparados integralmente y que el Ejército es responsable tanto como actor armado como por su negligencia a la hora de protegerlos.
A pesar de esto, el Tribunal determinó que “no hay prueba de la participación de personal uniformado de las fuerzas militares en los delitos de desplazamiento forzado en dicho sector”, además afirmó que tampoco era posible afirmar que el Ministerio de Defensa debía responsabilizarse por una omisión en el servicio por parte de las Fuerzas Militares, ya que fue posible probar que personal uniformado ha hecho presencia permanente en el municipio de La Palma durante los años donde se presentaron los hechos de violencia.
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Al final, el Tribunal afirmó que no existían elementos para que prosperara la acción de grupo que buscaba condenar al Ministerio de Defensa por fallas en el servicio, porque no se le puede responsabilizar por el delito de desplazamiento forzado que fue cometido por varios grupos armados al margen de la ley, en este caso las extintas Farc y los paramilitares del Bloque Cundinamarca. Además, tampoco pudo probar la relación entre el Ejército y Luis Eduardo Cifuentes.
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