Qué manejo darle a la atención de la salud sexual es un reto que hoy enfrentan prácticamente todos los países del mundo y Colombia, por supuesto, no ha sido la excepción. Ante la emergencia por COVID-19 que tiene en jaque los sistemas de salud de todo el mundo, algunos gobiernos han optado por limitar el acceso a la atención de este tipo de servicios. En Colombia varias organizaciones han detectado nuevas barreras para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.
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El ministerio de Salud ya se pronunció al respecto. Por medio de un comunicado, esta cartera recordó que “durante las medidas preventivas adoptadas por la pandemia de covid-19 los colombianos pueden seguir contando con la atención y orientación en cuanto a asesoría y suministro de métodos anticonceptivos”. Por su parte, el coordinador del grupo de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud, Ricardo Luque, aseguró que las EPS deben seguir prestando la orientación necesaria para prevenir embarazos no deseados.
El servicio que se ha visto más afectado por la pandemia es el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde el pasado 23 de marzo, algunos gobiernos locales en Estados Unidos como Ohio y Texas decidieron tomar cartas en el asunto detenido las operaciones en las clínicas de aborto, tras considerar estos procedimientos “no esenciales” en contraste con la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, el Gobierno colombiano trata de que el derecho a interrumpir el embarazo —bajo tres causales específicas, reconocidas por la Corte Constitucional desde 2006— no sucumba ante la emergencia.
El Ministerio señaló que “los procedimientos e intervenciones necesarias para la atención de la IVE hacen parte del Plan de Beneficios en Salud para todos los regímenes de afiliación y que, sin excepción, todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben informar a su población afiliada sobre la red de prestadores disponibles donde se proporcionan los servicios”.
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Pero las cosas no se quedan allí. En Colombia, la coyuntura del COVID-19 ha profundizado barreras que las mujeres enfrentan para acceder al aborto y otros servicios. De nada sirve la autorización de una EPS si no existe manera de llegar al centro asistencial o recursos para lograrlo. Sobre todo, cuando deben desplazarse a otras ciudades. Al respecto, el Ministerio también hizo un llamado a las entidades territoriales para que también garanticen el acceso a estos servicios.
Así mismo, respondiendo al llamado de varias organizaciones, las entidades territoriales deberán impulsar campañas informativas “dirigidas a identificar, prevenir, y actuar frente la violencia física y sexual, garantizando el acceso a los servicios dispuestos para su atención, reducir los embarazos no deseados y suministrar preservativos a poblaciones vulnerables”.
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Por Redacción Judicial
