En la tarde de este 28 de enero el ministro de Defensa, Iván Velásquez, asistió a una sesión especial de la Cámara de Representantes sobre el decreto de conmoción interior con el que el Gobierno Nacional busca salidas a la escalada violenta que vive la región del Catatumbo (Norte de Santander), desde hace dos semanas.
El jefe de la cartera de Defensa tribuyó la crisis de seguridad y orden público a una débil presencia del Estado durante años y a falencias en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.
“La situación del Catatumbo es realmente crítica. Sus orígenes son consecuencia de un abandono estatal que por décadas ha sufrido esta región del país, un debilitamiento institucional en conjunto del Estado y también la no implementación efectiva del Acuerdo de Paz del 2016″, señaló Velásquez.
A su intervención ante la plenaria de la Cámara de Representantes, el ministro Velásquez asistió junto a la cúpula militar y de la Policía Nacional. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, también intervinieron durante la sesión.
El ministro aseguró que en los últimos quince años hubo una disminución de la capacidad operativa en el país. En 2010 el Ejército tenía más de 228.000 uniformados, cifra que en 2022 se redujo a 166.571 y que disminuye la capacidad de acción de las Fuerzas Militares en todos los territorios del país.
Por esa razón, el Gobierno Nacional decidió fortalecer el Plan 16.000 de fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Una iniciativa que le cuesta $1.1 billones a la nación, de los cuales $11.000 millones se invertirán en la incorporación de soldados profesionales.
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En el caso específico de la región del Catatumbo, en el marco de ese plan, en 2024 se asignaron 25 nuevos pelotones de las Fuerzas Militares para reforzar las condiciones de seguridad allí.
Agregó que entre 2012 y 2017 la Armada Nacional “tuvo un elemento de operaciones liviano” en el Catatumbo, específicamente en La Gabarra, que luego fue eliminado. El Gobierno dio la orden de que retorne esa unidad, conformada por cuatro botes, incluido uno de apoyo fluvial, para controlar el tráfico fluvial en la región.
Velásquez también habló sobre la presencia de grupos armados en la región, especialmente del antiguo pacto de coexistencia que tenían el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del ELN. Mismo que se rompió por el interés en controlar las rentas ilícitas de la región, como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y la extorsión en ese corredor estratégico del crimen transfronterizo.
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“Durante el anterior gobierno el ELN creció en Norte de Santander en un 27.98%, pasando de 1.583 integrantes a 2.026″. El aumento durante el gobierno Petro ha sido del 5.6%, que corresponde a 115 nuevos hombres en las filas de esa guerrilla, desde agosto de 2022 y hasta el cierre de 2024.
El ministro calificó la última escalada de violencia como excepcional, extraordinaria e imprevisible, incluso a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados en la región y los llamados de las autoridades regionales a atender los conflictos alimentados por el negocio de la hoja de coca y el fracaso de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
A renglón seguido, justificó la decisión del Gobierno Nacional de declarar el estado de conmoción interior. “Estas dinámicas de conflicto regional y la reciente escalada violenta del ELN están afectando desproporcionadamente a la población civil y obligan al Gobierno a tomar medidas extraordinarias”, señaló Velásquez.
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Agregó que el impacto de la disputa por el control territorial y las rentas ilícitas justificó también la decisión de incluir dentro de la medida al área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en jurisdicción del departamento del Cesar.
Velásquez cerró su intervención con un balance general de las cifras que ha dejado hasta el momento la oleada de violencia en el Catatumbo. Dijo que de las 50 personas muertas, según la cifra acreditada por el Ministerio de Defensa, cinco eran firmantes del Acuerdo de Paz, dos líderes sociales y cuatro menores de edad.
A esto se suma que la cifra de desplazados ya alcanza las 49.021 y otras 28.000, aproximadamente, están confinadas en la región. De los 91 integrantes de ambas guerrillas que se han entregado a las autoridades en medio de las operaciones militares, 20 son menores de edad que habían sido reclutados.
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“La voluntad inquebrantable de paz de este Gobierno no se debe confundir de ninguna manera con debilidad de su Fuerza Pública, el sector Defensa continuará con el deber de combatir a cabecillas integrantes del ELN y demás grupos armados ilegales que pretendan seguir amenazando y poniendo en riesgo a la población del Catatumbo”, concluyó el ministro Velásquez.
Esta tarde el jefe de la cartera de Defensa también asistirá a una sesión plenaria del Senado de la República en la que, igual que en la Cámara de Representantes, hablará sobre las razones del Gobierno Nacional para declarar el estado de conmoción interior y los avances en la retoma del control sobre el territorio.
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