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La crisis de violencia que atraviesa la región del Catatumbo llevó al Gobierno Nacional a decretar el estado de conmoción interior el pasado 24 de enero, una medida excepcional que no se tomaba en Colombia desde 2012. Este martes, la Cámara de Representantes citó a varios ministros para que justificaran la decisión ante el Congreso, en una sesión en la que se abordaron las razones detrás del decreto y las acciones gubernamentales que se despliegan en la zona.
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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, fue una de las principales voces del Ejecutivo en la sesión. En su intervención, Buitrago enfatizó que la decisión de declarar la conmoción interior cumplió con todos los requisitos constitucionales y respondió a una crisis humanitaria sin precedentes. Asimismo, la funcionaria señalo que la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo en noviembre de 2024 sí advirtió sobre la creciente amenaza en varios municipios del Catatumbo, pero no previó la magnitud de los hechos que se desencadenaron desde mediados de enero.
“La alerta temprana de inminencia del 026 2024 era un alerta genérica en el ámbito geográfico de advertencia de algunos de los municipios”, declaró la ministra ante el senado, lo que desató una serie de murmullos y alegatos entre los asistentes y obligando al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, solicitar silencio para continuar la intervención de MinJusticia.
Al justificar el porqué el anuncio fue tomado como una alerta genérica, Buitrago procedió a leer un parte del documento de la Defensoría en el que se mencionaba que estas advertencias correspondían al riesgo que “se cierne para diferentes sectores poblacionales de municipios que conforman la subregión del Catatumbo, en el ámbito geográfico.” La alerta de Defensoría incluía únicamente a Río de Oro y González (César) y los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Abrego y La Playa de Belén (Norte de Santander).
“Esto implica”, precisó la funcionaria, “que en este caso en particular se hablaba de una confrontación que venía sucediendo en el territorio del Catatumbo y que a raíz de esa alerta actúan tanto el ejército como la policía”. Buitrago enfatizó que aunque la alerta fue emitida solo para ocho municipios, “la declaratoria del estado de conmoción la pudimos verificar en 13 municipios, y también los reguardos indígenas como Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Obviamente, hay un diferencia sustancial entre la alerta temprana y los municipios declarados en el estado de conmoción”.
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Una crisis de violencia sin precedentes
Continuando con su intervención, la ministra de Justicia explicó que la situación en el Catatumbo se deterioró de manera abrupta desde el pasado 16 de enero, cuando grupos armados ilegales iniciaron una ofensiva violenta contra excombatientes de las Farc que habían firmado el acuerdo de paz de 2016. Según la ministra, los ataques fueron sistemáticos, con incursiones casa por casa y listas en mano para asesinar a los firmantes.
Buitrago declaró que el asesinato selectivo por parte del ELN a excombatientes y miembros de la Unión Patriótica (UP) no solo puso en riesgo la seguridad de la población civil, sino que también “significó un hecho que ni siquiera había sido posible advertir, ni por la Defensoría ni por ninguna otra organismo en la función que venían desarrollando”.
“La expectativa razonable dentro de un contexto de negociaciones de paz era que enero del 2025 volverían a la mesa de diálogo el grupo del ELN y no que atacaría con la ferocidad que atacó”, puntualizó Buitrago, quien detalló que hasta el 21 de enero se registraron 38 homicidios, incluidos cinco firmantes del acuerdo de paz, y el desplazamiento de más de 36.000 personas.
Otro de los factores clave en la declaratoria del estado de conmoción interior, según Buitrago, es la afectación al sistema judicial en la región del Catatumbo. Desde el 16 de enero, el Gobierno ha recibido reportes de amenazas contra notarios, jueces y otros funcionarios judiciales en los municipios afectados. Buitrago expuso recibir varias “comunicaciones de amenazas contra los notarios en las regiones en donde hemos decretado el estado de conmoción interior. La amenaza de prestación del servicio de justicia es una realidad.”
MinJusticia mencionó que es una “absoluta necesidad devolver las condiciones para prestar el servicio de justicia en esos territorios. Desde ahí podemos decir que se ha desplazado el fenómeno a todos los demás municipios que hemos declarado dentro del estado de conmoción. Cúcuta y sus cinco municipios permanentes no eran parte de la alerta. Nosotros declaramos sobre 13 municipios los cuales no habían sido considerados dentro de este contexto”.
Además, señaló que los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, que habían avanzado durante 2024 en la región, quedaron interrumpidos debido a la escalada del conflicto. La Corte Constitucional ha prohibido el uso de mecanismos químicos para la erradicación de cultivos, y de acuerdo con la funcionaria, la medida hace aún más difícil la implementación de estrategias alternativas en el territorio.
La justificación legal del decreto
Buitrago explicó que la decisión del Gobierno de declarar la conmoción interior se tomó en estricto cumplimiento de la Constitución y con base en precedentes jurídicos establecidos por la Corte Constitucional. Citó la sentencia SU-026 de 2022, que establece los requisitos para la declaratoria de este estado de excepción y aclaró que el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete cumple con todos los criterios exigidos.
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La ministra declaró que “la crisis humanitaria es desproporcionada, no solamente se afectaron los municipios que estaban declarados en la alerta, sino que hoy no hay vivienda, ni comida suficiente, ni manejo de extracción de la fuerza pública que sea posible asumir con las medidas ordinarias”. Buitrago dio cierre a intervención asegurando que “el estado de conmoción no solamente es necesario, sino vital para una población superior a 40.000 personas que están clamando por todas las medidas que deben estar surgiendo de manera extraordinaria en este contexto”.
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