El plan piloto de aspersión sobre cultivos de uso ilícito y la presencia de la fuerza pública en las universidades públicas del país han sido dos recientes anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella que han generado polémica. El Ministerio de Justicia ya se pronunció sobre ambas decisiones y sentó su posición.
A través de un comunicado, la cartera en cabeza del ministro Iván Cancino, señaló que si bien es importante la autonomía universitaria como una garantía constitucional, esos espacios no deben estar por fuera de la ley o de las competencias de las autoridades.
"Frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos. Sin embargo, cuando se presenten hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, daños graves a bienes, las autoridades pueden ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico les reconoce", se lee en el documento.
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Y agrega: "La autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección, seguridad y preservación del orden público".
Asimismo, en un segundo comunicado, el Ministerio se refirió a la aspersión aérea con glufosinato de amonio sobre cultivos de uso ilícito en una etapa de exploración. Frente a este tema, la cartera resaltó que no es una amenaza, sino una herramienta del Estado para proteger a las comunidades y enfrentar una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales.
"La verdadera amenaza son los cultivos ilícitos cuando quedan bajo el control de estructuras armadas. El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema (…) Colombia necesita todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. Renunciar anticipadamente a una de ellas significa limitar la capacidad del Estado y fortalecer, en la práctica, a quienes controlan las economías ilegales. La obligación del Estado es proteger", señala.
Y concluye el comunicado: "Nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo".
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