“No podemos acostumbrarnos a que en los bombardeos mueran menores”: defensora

“No nos podemos acostumbrar a que en todos los bombardeos haya menores de edad muertos. Si eso se vuelve panorama, quiere decir que el Estado está asumiendo como un daño colateral la muerte de menores reclutados dentro de sus operaciones militares y ese no puede ser el mensaje”, afirmó Marín en entrevista con El Espectador.

La defensora coincidió con el Gobierno en que los grupos armados ilegales tienen la obligación de no reclutar menores ni involucrarlos en labores de combate. Recordó que el reclutamiento de niños y adolescentes es un crimen de guerra y señaló que sus responsables no pueden escudarse en los deberes estatales para eludir su propia responsabilidad.

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Sin embargo, aseguró que esa conducta criminal no libera a las autoridades de sus obligaciones. “El Estado es, por decirlo de alguna manera, el adulto responsable en esta situación”, explicó. Por ello, agregó, las Fuerzas Militares deben incorporar la posible presencia de menores en la planeación de cualquier operación desarrollada en zonas donde el reclutamiento es recurrente.

Foto: Archivo

Marín señaló que los niños y adolescentes reclutados no pierden automáticamente su condición de víctimas, incluso cuando hayan participado directamente en las hostilidades. También advirtió que no puede presumirse que eran combatientes por el único hecho de encontrarse dentro de un campamento o junto a integrantes de una estructura armada.

“El Estado no puede eximirse de su responsabilidad porque los grupos armados estén cometiendo el crimen de reclutamiento. Los menores de edad siguen siendo víctimas aun cuando pasaron a ser combatientes”, manifestó la defensora. Esa condición, añadió, obliga a adoptar medidas reforzadas para proteger su vida durante bombardeos y otras acciones hostiles.

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La funcionaria recordó que en departamentos como Guaviare, Cauca y la región del Catatumbo es previsible que varias estructuras ilegales tengan menores entre sus filas. Esa información, que —según dijo— conocen el Estado y la Fuerza Pública, debe utilizarse en la selección de objetivos, la evaluación de los riesgos y la definición de las precauciones necesarias antes de autorizar un ataque.

Para Marín, la obligación estatal no consiste solamente en establecer después de una operación si entre las víctimas había menores. Las autoridades deben tomar todas las precauciones posibles desde la etapa de planeación para evitar esas muertes. Si no lo hacen, advirtió, podría configurarse responsabilidad del Estado.

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La defensora también rechazó que sus cuestionamientos sean interpretados como una defensa de los grupos armados o una oposición política al Gobierno. Aseguró que sus pronunciamientos corresponden a una posición institucional de la Defensoría y pidió que sean debatidos sin estigmatizaciones ni descalificaciones.

“La decisión del Estado tiene que ser protegerlos”, concluyó Marín. Su llamado apunta a que el reclutamiento forzado no convierta a los menores en objetivos presuntos ni haga que sus muertes terminen aceptándose como un costo ordinario de las operaciones militares.

“Dejar de nombrar a las niñas es invisibilizarlas”

La defensora también cuestionó la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de dejar de utilizar específicamente la palabra “niñas”. Para Marín, no se trata de una discusión meramente lingüística, pues la forma en que las instituciones nombran a una población también determina cómo reconocen sus necesidades y diseñan políticas para protegerla.

“El lenguaje es un reflejo de la realidad. Cuando nombramos, es una representación del mundo”, explicó. Aunque la Real Academia Española considera que palabras como “niños” pueden comprender a niñas y niños, la defensora señaló que la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de visibilizar expresamente a mujeres y niñas.

Foto: Alejandra Ortiz Molano

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Según Marín, nombrarlas permite reconocer las desigualdades y violencias particulares que enfrentan. Recordó que las niñas y adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual, no solamente en el conflicto armado, sino también en entornos familiares, comunitarios y escolares. Por ello, advirtió que omitirlas del lenguaje puede dificultar la creación de respuestas diferenciadas.

“Si no pensamos y no expresamos la diferencia de necesidades de las niñas y las mujeres, no vamos a hacer políticas diferenciales”, afirmó. Para la defensora, dejar de emplear la palabra “niñas” supone invisibilizar a una población que todavía no recibe una respuesta suficiente del Estado.

“Creo que es un daño innecesario. Prohibir decir ‘niñas’ es generar una invisibilización para un grupo poblacional que ya está invisible. Es un mensaje muy perverso”, concluyó.

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