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El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, pidió formalmente a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, entregar a Colombia la identidad del llamado “funcionario colombiano 3″, mencionado dentro del proceso internacional relacionado con el escándalo Odebrecht y el cierre del caso contra Corficolombiana y el Grupo Aval en ese país.
La solicitud fue enviada en el marco de los mecanismos de cooperación judicial entre ambas naciones, al considerar que dicha información resulta clave para el avance de las investigaciones sobre “la ejecución del proyecto vial colombiano Ruta del Sol, ejecutado por el Concesionario Ruta del Sol, sociedad integrada mayoritariamente por Corficolombiana y Odebrecht”, uno de los mayores episodios de corrupción de los últimos años. Según explicó Idárraga, conocer el nombre del funcionario señalado por las autoridades estadounidenses es esencial para el esclarecimiento total del caso.
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“Para el Gobierno de Colombia, en términos de verdad y lucha contra la corrupción, resulta fundamental la individualización de la persona referida como ‘Funcionario Colombiano 3′, beneficiaria de pagos corruptos, máxime cuando en el texto del Acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América”, detalla la misiva remitida a Bondi.
De acuerdo con lo consignado en ese acuerdo judicial, el personaje identificado como “funcionario colombiano 3” habría ejercido un cargo de alto nivel en el Estado colombiano entre 2010 y 2018, y su identidad, asegura el ministro, sería de conocimiento directo de las agencias federales estadounidenses.
“Específicamente, en los hechos jurídicamente relevantes incorporados en el Acuerdo aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el ‘Funcionario Colombiano 3′, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018”, se lee en la comunicación.
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Idárraga solicitó a la fiscal Bondi y, en su defecto, al juez del caso, remitir el nombre del funcionario y los soportes documentales que permiten identificarlo, ya sea al Ministerio de Justicia o a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de avanzar las investigaciones en Colombia.
El caso Odebrecht en Colombia
El proyecto vial de la Ruta del Sol, concebido para conectar el centro y el norte del país atravesando Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Santander, Cesar, Córdoba y Atlántico, fue adjudicado a un consorcio encabezado por la brasileña Odebrecht junto con Corficolombiana. Sin embargo, lo que prometía ser una de las obras más relevantes del país se convirtió en el epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina.
A finales de 2016, Odebrecht fue señalada internacionalmente por pagar sobornos y financiar campañas electorales para asegurar contratos estratégicos en varios países, incluido Colombia. Tras la revelación del caso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió liquidar el contrato y reabrir una licitación para terminar la obra. En 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció la existencia de actos corruptos y ordenó una reparación estatal superior a los COP 800 mil millones, decisión que fue revocada por el Consejo de Estado en 2023.
Las investigaciones comprobaron que desde la cúpula de Odebrecht operaba una oficina encargada de distribuir sobornos en distintos países, entre ellos Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Guatemala y Panamá. Exdirectivos como Luiz Bueno, Eder Paolo Ferracuti y el abogado Yesid Arocha relataron cómo estos recursos habrían llegado a campañas presidenciales, como la de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, así como a funcionarios clave para adjudicar contratos.
Uno de los casos más avanzados es el del exgerente de la campaña de reelección de Santos a la presidencia en 2014, Roberto Prieto. En mayo de 2025, la Procuraduría confirmó su responsabilidad disciplinaria por entregar información falsa al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque en primera instancia fue sancionado con 12 años de inhabilidad y una multa de COP 50 millones en junio de 2023, la segunda instancia redujo la sanción a ocho años y disminuyó la multa a poco más de COP 30 millones, de acuerdo con la decisión firmada por la procuradora Luz Stella García Forero.
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La investigación concluyó que Prieto omitió en los informes de ingresos y gastos la existencia de una contribución en especie recibida por la campaña de parte de Odebrecht, la cual consistió en estudios de opinión electoral contratados por US 1 millón con la firma Paddington Ventures Limited Corp. Testimonios del representante de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, resultaron claves para demostrar el ocultamiento.
Otro capítulo relevante involucra al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. En agosto de 2024, un fiscal auxiliar ante la Corte Suprema lo acusó formalmente por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito, delitos que habrían ocurrido durante su campaña de 2014. La Fiscalía también imputó a su hijo y gerente de campaña, David Zuluaga Martínez, por fraude procesal.
Según el ente acusador, padre e hijo ocultaron aportes ilegales provenientes de Odebrecht, registrándolos como gastos legítimos ante las autoridades electorales. Esto permitió que la campaña recibiera reembolsos estatales por COP 25.291 millones, suma que el Estado no habría reconocido si se hubieran reportado los fondos ilegales.
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La Fiscalía sostiene que Zuluaga y algunos asesores mantuvieron reuniones con representantes de Odebrecht en Colombia y Brasil para acordar pagos por USD 1,6 millones destinados al reconocido publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, “Duda”, quien posteriormente reveló la operación. El ente investigador también asegura que dichos recursos no fueron reportados ante el CNE, a pesar de que Odebrecht habría financiado la campaña tanto en primera como en segunda vuelta, cuando Zuluaga obtuvo el 45% de los votos.
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