Minvivienda revisa informes de la firma de Natalia Springer

El 25 de octubre de 2013 Natalia Springer, representante legal de la firma Springer Von Schwarzenberg, firmó un contrato con la Fiduciaria Bogotá S. A., vocera del fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, que le pertenece al Ministerio de Vivienda. Un mes antes, la firma Springer había sido contratada por la Fiscalía para investigar crímenes de las Farc, como reclutamiento y secuestro, en un contrato directo por $895 millones. El contrato con la Fiduciaria Bogotá S. A., sin embargo, abordaba un área completamente distinta: hacer un diagnóstico sobre “convivencia y empoderamiento de los beneficiarios de las viviendas (gratuitas), educación, salud, alimentación y control ambiental, el manejo de basuras…”.

El contrato fue divulgado ayer por la revista Semana, ampliando así lo que este diario había divulgado en un artículo del pasado 13 de septiembre: que la firma de Springer había hecho un trabajo para el Ministerio de Vivienda que se consolidó en un documento llamado “Barrios con oportunidades. Lineamientos de corto y mediano plazo para la estabilización y el acompañamiento del proyecto de viviendas gratuitas”, el cual da a conocer hoy este diario. Un trabajo que, según se lee en el contrato con Fiduciaria Bogotá S. A., exigía un coordinador que fuera abogado, sociólogo o politólogo (Natalia Springer es politóloga), con doctorado y/o maestría en Derecho Internacional Humanitario (que son las normas tendientes a aminorar el impacto de las guerras, especialmente en la población civil) o Derechos Humanos (maestría que tiene Natalia Springer), y con 10 años de experiencia en proyectos para el manejo de situaciones complejas.

Desde agosto pasado, El Espectador le preguntó en por lo menos dos ocasiones al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), entidad encargada de designar un supervisor para este contrato, por el trabajo con la firma Springer Von Schwarzenberg, pero ninguna respuesta se refirió al contrato de la Fiduciaria Bogotá S. A. La Dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó que la firma Springer había trabajado en un proyecto piloto de acompañamiento social a la vivienda gratuita con base en el convenio interadministrativo No. 026 de 2013, pactado entre Fonvivienda y el DPS y facilitado por Fonvivienda, que hablaba de la necesidad de contar con un diagnóstico la oferta del Programa de Vivienda Gratuita. Se firmó el 8 de octubre de 2013, aunque la Fiduciaria Bogotá S. A. había invitado a tres entidades a participar en el proyecto desde 13 días antes, desde el 25 de septiembre. Así fue como la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, la Cámara Colombiana de la Construcción y la firma Springer resultaron en la misma convocatoria.

“El tema no era si Natalia Springer sabía o no hacer vivienda, sino un acompañamiento social. Era para estudiar cómo se acoplaban las familias a su nuevo entorno, cómo se generaba el hábitat. Las personas que más nos interesaban eran las de su equipo, como Roberto Angulo, que ha trabajado en el Departamento de Prosperidad Social; en Planeación Nacional, ha sido consultor del Banco Mundial para el tema de pobreza, ayudó a montar la línea base del Sisbén”, le dijo a este diario el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.

Del contrato llama también la atención el plazo que dio la Fiduciaria Bogotá S. A. para proponer una estrategia para la sostenibilidad del programa de viviendas gratuitas -que sólo la firma Springer presentó-: cuatro días. “El Ministerio no participó en la convocatoria, no puedo calificarlo porque fui totalmente ajeno. Ese tema ya se mira con el ente contractual (la Fiduciaria)”, indicó el ministro.

El alto funcionario señaló, además, que para el Ministerio de Vivienda el trabajo de la firma Springer ha sido útil. “El Departamento de Prosperidad Social y nosotros debemos hacer acompañamiento social, no podemos limitarnos a entregar viviendas. Los datos de ese estudio nos llevaron a tomar decisiones en la línea base: cómo intervenir una determinada comunidad identificando sus falencias; qué temas desarrollar para que esas personas no retrocedieran en la superación de la pobreza”. El ministro, sin embargo, señaló también: a raíz de la información que han divulgado los medios sobre el trabajo de la firma Springer, desde hace dos meses pidió que se revisaran todos sus productos entregados al Ministerio. “El tema mediático me generó inquietud”, afirmó.

El contrato entre la Fiduciaria Bogotá S. A. y la firma Springer, para el proyecto de viviendas gratuitas, finalmente se firmó por $1.399 millones con el fin de que se realizara un plan operativo, un diagnóstico, una plataforma de evaluación y seguimiento, políticas públicas y estrategias. El mismo valor que tenía el contrato 522 del 19 de junio de 2015 entre esa empresa consultora y la Alcaldía de Valledupar, que se pactó para “brindar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado” en la creación del Laboratorio de Paz del Caribe y la Escuela Vallenata de Paz. Por el de Valledupar, la Procuraduría anunció que iniciaría una investigación preliminar en agosto pasado. Ese contrato ha sido, quizás, el que la propia Natalia Springer más ha defendido a capa y espada, al menos públicamente desde su cuenta de Twitter. En 2014 también había divulgado este diario en septiembre pasado que una ciudadana llamada Carmen Bedoya le había enviado un “derecho de petición -denuncia” a la Contraloría-, en el cual le solicitó indagar por “presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda y la firma representada por la señora Natalia Springer, quien sin tener la experiencia ha celebrado contratos con estas entidades”.

El 15 de diciembre de 2014, la Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Infraestructura respondió que después de revisar las bases de datos de los contratos del Ministerio de Vivienda de 2011 a 2014, y de recibir una certificación del coordinador del grupo de contratos de esa cartera, en esos mismos años, se concluía que tales contratos no existían.

Hoy se viene a entender que esa información era cierta, aunque ubicada en una delgada línea. En efecto, ni el Ministerio de Vivienda ni Fonvivienda celebraron un contrato directo con la firma Springer. Por eso el contrato no aparece en el portal de contratación del Estado ni en el Portal de Transparencia Económica, donde sí aparecen, por ejemplo, los tres contratos directos que la firma Springer ha firmado con la Fiscalía para investigar graves crímenes de las Farc, el Eln y algunas bandas criminales, por más de $4.200 millones.

Pero la Fiduciaria Bogotá S. A., que actúa según disponga el Programa de Vivienda Gratuita, sí firmó un contrato con la firma Springer Von Schwarzenberg. Que se haya recurrido a esa figura de patrimonio autónomo o fiducia no quiere decir tampoco que esos recursos hayan dejado de ser públicos: el contrato con la firma Springer puede ser auditado como cualquier otro.

El 25 de octubre de 2013 Natalia Springer, representante legal de la firma Springer Von Schwarzenberg, firmó un contrato con la Fiduciaria Bogotá S. A., vocera del fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, que le pertenece al Ministerio de Vivienda. Un mes antes, la firma Springer había sido contratada por la Fiscalía para investigar crímenes de las Farc, como reclutamiento y secuestro, en un contrato directo por $895 millones. El contrato con la Fiduciaria Bogotá S. A., sin embargo, abordaba un área completamente distinta: hacer un diagnóstico sobre “convivencia y empoderamiento de los beneficiarios de las viviendas (gratuitas), educación, salud, alimentación y control ambiental, el manejo de basuras…”.

El contrato fue divulgado ayer por la revista Semana, ampliando así lo que este diario había divulgado en un artículo del pasado 13 de septiembre: que la firma de Springer había hecho un trabajo para el Ministerio de Vivienda que se consolidó en un documento llamado “Barrios con oportunidades. Lineamientos de corto y mediano plazo para la estabilización y el acompañamiento del proyecto de viviendas gratuitas”, el cual da a conocer hoy este diario. Un trabajo que, según se lee en el contrato con Fiduciaria Bogotá S. A., exigía un coordinador que fuera abogado, sociólogo o politólogo (Natalia Springer es politóloga), con doctorado y/o maestría en Derecho Internacional Humanitario (que son las normas tendientes a aminorar el impacto de las guerras, especialmente en la población civil) o Derechos Humanos (maestría que tiene Natalia Springer), y con 10 años de experiencia en proyectos para el manejo de situaciones complejas.

Desde agosto pasado, El Espectador le preguntó en por lo menos dos ocasiones al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), entidad encargada de designar un supervisor para este contrato, por el trabajo con la firma Springer Von Schwarzenberg, pero ninguna respuesta se refirió al contrato de la Fiduciaria Bogotá S. A. La Dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó que la firma Springer había trabajado en un proyecto piloto de acompañamiento social a la vivienda gratuita con base en el convenio interadministrativo No. 026 de 2013, pactado entre Fonvivienda y el DPS y facilitado por Fonvivienda, que hablaba de la necesidad de contar con un diagnóstico la oferta del Programa de Vivienda Gratuita. Se firmó el 8 de octubre de 2013, aunque la Fiduciaria Bogotá S. A. había invitado a tres entidades a participar en el proyecto desde 13 días antes, desde el 25 de septiembre. Así fue como la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, la Cámara Colombiana de la Construcción y la firma Springer resultaron en la misma convocatoria.

“El tema no era si Natalia Springer sabía o no hacer vivienda, sino un acompañamiento social. Era para estudiar cómo se acoplaban las familias a su nuevo entorno, cómo se generaba el hábitat. Las personas que más nos interesaban eran las de su equipo, como Roberto Angulo, que ha trabajado en el Departamento de Prosperidad Social; en Planeación Nacional, ha sido consultor del Banco Mundial para el tema de pobreza, ayudó a montar la línea base del Sisbén”, le dijo a este diario el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.

Del contrato llama también la atención el plazo que dio la Fiduciaria Bogotá S. A. para proponer una estrategia para la sostenibilidad del programa de viviendas gratuitas -que sólo la firma Springer presentó-: cuatro días. “El Ministerio no participó en la convocatoria, no puedo calificarlo porque fui totalmente ajeno. Ese tema ya se mira con el ente contractual (la Fiduciaria)”, indicó el ministro.

El alto funcionario señaló, además, que para el Ministerio de Vivienda el trabajo de la firma Springer ha sido útil. “El Departamento de Prosperidad Social y nosotros debemos hacer acompañamiento social, no podemos limitarnos a entregar viviendas. Los datos de ese estudio nos llevaron a tomar decisiones en la línea base: cómo intervenir una determinada comunidad identificando sus falencias; qué temas desarrollar para que esas personas no retrocedieran en la superación de la pobreza”. El ministro, sin embargo, señaló también: a raíz de la información que han divulgado los medios sobre el trabajo de la firma Springer, desde hace dos meses pidió que se revisaran todos sus productos entregados al Ministerio. “El tema mediático me generó inquietud”, afirmó.

El contrato entre la Fiduciaria Bogotá S. A. y la firma Springer, para el proyecto de viviendas gratuitas, finalmente se firmó por $1.399 millones con el fin de que se realizara un plan operativo, un diagnóstico, una plataforma de evaluación y seguimiento, políticas públicas y estrategias. El mismo valor que tenía el contrato 522 del 19 de junio de 2015 entre esa empresa consultora y la Alcaldía de Valledupar, que se pactó para “brindar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado” en la creación del Laboratorio de Paz del Caribe y la Escuela Vallenata de Paz. Por el de Valledupar, la Procuraduría anunció que iniciaría una investigación preliminar en agosto pasado. Ese contrato ha sido, quizás, el que la propia Natalia Springer más ha defendido a capa y espada, al menos públicamente desde su cuenta de Twitter. En 2014 también había divulgado este diario en septiembre pasado que una ciudadana llamada Carmen Bedoya le había enviado un “derecho de petición -denuncia” a la Contraloría-, en el cual le solicitó indagar por “presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda y la firma representada por la señora Natalia Springer, quien sin tener la experiencia ha celebrado contratos con estas entidades”.

El 15 de diciembre de 2014, la Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Infraestructura respondió que después de revisar las bases de datos de los contratos del Ministerio de Vivienda de 2011 a 2014, y de recibir una certificación del coordinador del grupo de contratos de esa cartera, en esos mismos años, se concluía que tales contratos no existían.

Hoy se viene a entender que esa información era cierta, aunque ubicada en una delgada línea. En efecto, ni el Ministerio de Vivienda ni Fonvivienda celebraron un contrato directo con la firma Springer. Por eso el contrato no aparece en el portal de contratación del Estado ni en el Portal de Transparencia Económica, donde sí aparecen, por ejemplo, los tres contratos directos que la firma Springer ha firmado con la Fiscalía para investigar graves crímenes de las Farc, el Eln y algunas bandas criminales, por más de $4.200 millones.

Pero la Fiduciaria Bogotá S. A., que actúa según disponga el Programa de Vivienda Gratuita, sí firmó un contrato con la firma Springer Von Schwarzenberg. Que se haya recurrido a esa figura de patrimonio autónomo o fiducia no quiere decir tampoco que esos recursos hayan dejado de ser públicos: el contrato con la firma Springer puede ser auditado como cualquier otro.