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Para la mañana de este jueves estaba programada la audiencia de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tras una extensa argumentación de jurisprudencia en donde la defensa solicitaba la nulidad de la imputación, que fue negada por el juez, finalmente la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente. El hijo del presidente no aceptó los delitos que le fueron señalados en su audiencia de imputación de cargos en agosto del año pasado.
El llamado a juicio se da luego de que fracasaran las negociaciones entre el acusado y la Fiscalía, que tuvieron acercamientos durante la audiencia de imputación (agosto de 2023), en la que Nicolás Petro señaló que contaría “la verdad”. El acusado renunció a la oportunidad de suscribir un acuerdo que le permitiese quedar en libertad, aportando información de interés de la Fiscalía, y ahora tendrá que presentar pruebas y testimonios que lo libren de toda culpa en un juicio penal.
La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en vincular a Nicolás Petro con un incremento patrimonial injustificado en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”.
Cero y van dos
En la audiencia, los abogados del acusado trataron de argumentar de manera extensa la nulidad de la imputación. Según Sebastián García Rincón, suplente del penalista Diego Henao, “los hechos jurídicamente relevantes carecen de un elemento objetivo en el delito de enriquecimiento ilícito, como es el nexo de causalidad”. Lo que quiere decir que para la defensa, el ente investigador no estableció un nexo entre el presunto ingreso injustificado y su condición de servidor público como diputado. La petición fue rechazada por la Fiscalía, quien la califico de “superflua”, pues debieron hacer esta solicitud al final de la audiencia que se llevó a cabo en noviembre.
Finalmente, el juez le dio la razón tanto a la Fiscalía como al Ministerio Público, pues consideró que “no hay violaciones a las garantías procesales (...) los hechos jurídicamente relevantes están claros, además de que se logró establecer un nexo de causalidad debido a la incrementación del patrimonio”. Si bien aclaró que esta no es rechazada por el momento en que se realizó la solicitud, pues este es un derecho que tiene el acusado en cualquier momento, considera que los argumentos presentados en la imputación fueron “claros, concretos y entendibles”. Por ello, puntualizó en que rechaza de plano la solicitud y continua con la audiencia para dar cumplimiento al principio de celeridad.
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Este caso ha dado varios giros, uno de ellos se dio cuando fracasaron las negociaciones entre Nicolás Petro y la Fiscalía, lo que desencadenó en que este renunciara a la oportunidad de suscribir un acuerdo que le permitiese quedar en libertad. Para acceder a este beneficio debía aportar información de interés de la Fiscalía, sin embargo, ahora debe presentar pruebas y testimonios que lo libren de toda culpa en un juicio penal.
Posteriormente, la defensa del hijo del presidente solicitó que la investigación fuera llevada a Bogotá por ser de carácter nacional. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, decidió que el proceso penal debía adelantarse en Barranquilla, en concreto en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad. La decisión la tomó el alto tribunal negando el conflicto de competencias. Cuando esta solicitud fue realizada, el juez del caso llamó a los abogados del implicado a no dilatar más el proceso.
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Petro Burgos fue capturado en Barranquilla el 29 de julio pasado, junto a su exesposa Day Vásquez, quien hoy es la principal testigo en su contra. El hijo del presidente es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se cree que presuntamente incrementó injustificadamente su patrimonio en un total de $1.053 911.056 millones, tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como diputado”. Los delitos habrían sido cometidos mientras era diputado de la Asamblea del Atlántico y era una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica; sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado que este dinero haya llegado a la Campaña presidencial del Presidente Gustavo Petro.
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