Nicolás Petro leyó un comunicado a las afuera del Palacio de Justicia donde anunciaba que declararía sobre las irregularidades y abusos de lo que él considera un patrón sistemático de conducta por parte del fiscal Mario Andrés Burgos en el manejo de su caso. El hijo del presidente se encontraba en camino a la Comisión de Disciplina Judicial, donde anunció que el fiscal será investigado por presuntamente haber violado la reserva sumarial, el derecho a la defensa y “los derechos humanos que debe proteger”.
Señaló también que la Fiscalía no ha sido leal con su derecho a la defensa, pues considera que ha sido la Corte Suprema de Justicia quien se ha tenido que encargar del debate jurídico. El hijo del presidente también rechazó “las amenazas” de sanción a sus abogados defensores por parte de la Fiscalía.
(En contexto: Caso Nicolás Petro debe adelantarse en Barranquilla: Corte Suprema)
“Mi defensa hará uso de todos los instrumentos y recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa” aseguró Nicolás Petro.
El pasado 28 de noviembre el juez de conocimiento de Barranquilla, Hugo Carbonó, quien deberá decidir en juicio el futuro judicial de Nicolás Petro, se negó a sancionar al fiscal Mario Burgos. Solicitud que había realizado la defensa del hijo del presidente, ante la filtración del interrogatorio en el que Nicolás Petro aseguró que hubo irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de su padre.
(En contexto: Juez del caso Nicolás Petro se negó a sancionar al fiscal Burgos por filtración)
De otro lado, el juez Carbonó también le negó a Nicolás Petro el permiso para salir de Barranquilla a una diligencia judicial en Bogotá. Esta es una medida restrictiva con la que cuenta desde hace unos meses, cuando un juez de control de Garantías definió que, como medida de aseguramiento, no podría participar en política, ni salir de Barranquilla.
El hijo del presidente Gustavo Petro es acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, presuntamente incrementó injustificadamente su patrimonio en un total de $1.053 911.056 millones, tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como diputado”. Los delitos habrían sido cometidos mientras era diputado de la Asamblea del Atlántico y era una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica; sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado que este dinero haya llegado a la Campaña presidencial del Presidente Gustavo Petro.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.