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El Consejo de Estado negó la medida cautelar que solicitaba el exmiembro de las Farc, Pastor Alape sobre una norma del Gobierno que establecía que los exmilitantes de las Farc no solo debían entregar el inventario de los bienes en su poder, sino, además, tener la custodia de estos hasta su posterior entrega a la víctimas como un acto de reparación. La decisión que salió del despacho del magistrado de la Sección Primera, Roberto Serrato no es definitiva, la norma queda vigente hasta tanto se lleve a cabo una audiencia que será programada durante los próximos días en donde se escuchará nuevamente la pretensión de Alape y a los vinculados en el tema para un determinación final que será emitida por la Sección en pleno.
El Consejo de Estado llegó a tal determinación porque consideró que las normas demandas no fueron expedidas fuera de las competencias del Gobierno, en la medida en que el presidente fue facultado, para expedir los reglamentos necesarios para materializar el Acuerdo Final de Paz. Además, consideró que los deberes impuestos a los desmovilizados para garantizar la entrega material de los bienes y ocuparse de su cuidado son necesarios para atender la obligación de las normas transitorias constitucionales producto del pacto firmado en la Habana. La decisión reseñó, además, que la norma está encaminada a permitir la entrega de los bienes e incluirlos en un Patrimonio Autónomo, encargado de la administración de estos.
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La puja en este caso empezó cuando Alape le reprochó al Gobierno que los exmilitantes de las Farc no pueden tener la custodia de los bienes porque estarían incumpliendo lo pactado en Cuba. Además, cuestionó que no se haya creado el Patrimonio Autónomo, lugar a donde se acordó irían los bienes. En el documento que presentó el exguerrillero en abril del año pasado reposa su intención de dejar sin efectos el artículo 4 del Decreto 1407 de 2017, que tuvo dos modificaciones durante 2020. Su pretensión inicial era que se accediera a una medida cautelar que dejaba sin piso provisionalmente la norma. No obstante, el exjefe guerrillero no recibió ese espaldarazo.
Aunque, por el momento, Alape no se ha referido al tema tras la reciente decisión, tendrá la oportunidad de hacerlo en medio de la audiencia que citó el magistrado Serrato. No obstante, el exguerrillero ya ha dejado de presente su postura en este caso. En el documento que fue conocido meses atrás por este diario, el exguerrillero consignó que el compromiso de los exmilitantes de las Farc era informar sobre la cantidad y ubicación de bienes, y la del Gobierno era garantizar la transferencia de estos al Patrimonio Autónomo que, a su juicio, no ha sido creado.
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“El Gobierno en múltiples oportunidades ha manifestado la imposibilidad jurídica de recibir bienes inmuebles incluidos en el inventario, a pesar de existir la información e intención de hacerlo por parte de las Farc. Debido a la falta de capacidad y herramientas que brindó el Gobierno a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la inadecuada implementación normativa sobre la materia, dicha Sociedad se encuentra bastante limitada para realizar la recepción de los bienes”, reclama la demanda que aún está en estudio.
Para el exjefe guerrillero, la negativa del Estado al no crear el Patrimonio Autónomo y no tener la responsabilidad de los bienes es un “despropósito jurídico”. Sin embargo, según dice la demanda, los exmiembros de la estructura y la SAE realizan labores con el fin de agilizar el proceso de entrega que estaba programado para diciembre de 2020. “A pesar de las diversas dificultades, las Farc están en total disposición de contribuir en el proceso en lo que respecta a su capacidad humana, que es lo relativo a la identificación de los bienes y la facilitación de información para el despliegue de la labor del Estado como titular de la obligación de reparación a las víctimas del conflicto”, dice la demanda.
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El documento que aún es analizado por el magistrado Serrato resalta que esta no es la única irregularidad que se ha presentado durante el proceso de entrega. Las diversas situaciones de orden público en algunos lugares donde se ubican los bienes tampoco han permitido que se puedan adelantar las jornadas de recepción de estos, al punto que incluso ha fomentado, a su juicio, una pérdida que llevó a denunciar ante la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que solicitó medidas cautelares de “protección urgente de aseguramiento” de los bienes.