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2 Aug 2021 - 8:15 p. m.

Niegan nulidad del proceso a gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

La decisión es de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia luego de que se reanudó el proceso durante las audiencias preparatorias a juicio. El antioqueño es investigado por presunta irregularidad en contratación.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad del proceso que había solicitado el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad del proceso que había solicitado el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Foto: Archivo

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad del proceso que había solicitado el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, bajo el argumento que debía ser investigado a través de la ley 600 del 2000 y no la 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal. El antioqueño es investigado por presuntas irregularidades en contratación cuando fungió como gobernador del departamento durante 2004 y 2007.

La nulidad se registró durante la audiencia preparatoria a juicio que se adelantó este lunes tras reanudarse el proceso. La Sala en su decisión estimó que no hay ninguna irregularidad en el sistema procesal que eligió la Fiscalía General para llevarlo ante los estrados judiciales, pues con esa elección no se le ha vulnerado ninguna garantía. Su defensa debatió la decisión.

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De otro lado, la Corte decretó varias de las pruebas pedidas por la defensa para el juicio, pero le negó otras más. El proceso en su contra se empezó a mover luego de que la Fiscalía lo acusara por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Lo que expuso la Fiscalía en la acusación es que se habría registrado una irregularidad en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por un valor que supera los 40 mil millones de pesos, en el que se pactó inicialmente un anticipo del 25%, que luego se amplió al 29%. Para la Fiscalía está claro que el aumento en el anticipo “significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”.

Además, el anticipo fue pagado sin que se hubiera aprobado una garantía contractual para asegurar la destinación correcta de los dineros, lo que habría obligado al contratista a invertir más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos. La investigación, entre otras cosas, evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, sin atender los principios de la contratación pública. Una, por cuatro mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal y otra, cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador, para la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

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Esta última debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original. Su valor era de 16 mil millones de pesos. La investigación contra Gaviria se debe a que, como representante legal del departamento y ordenador del gasto, debió ejercer vigilancia sobre la contratación, aunque hubiera delegado esa función.

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