El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, aseguró este miércoles que la decisión de solicitar a la Fiscalía la reapertura de las investigaciones en contra de Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, dentro del expediente de corrupción de Odebrech, no se trata de ninguna persecución y, por el contrario, contiene elementos que la sustentan. Lo hizo al responderle, por medio de un comunicado, al abogado Jaime Lombana, defensor del empresario, quien había dicho que esa solicitud exige la presentación de pruebas nuevas.
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La solicitud de desarchivo fue presentada este martes por el propio secretario de Transparencia en un documento de nueve páginas en las que explicó por qué considera que las indagaciones deben reactivarse. En primer lugar, citó un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que la propia Corficolombia aceptó haber participado en el esquema de sobornos que le permitió a Odebrecht y a la empresa colombiana quedarse con el contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2.
El segundo asunto tiene que ver con la entrevista que dio el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, para la revista Cambio, en la que el exejecutivo, condenado por estos hechos, señaló que los Sarmiento participaron de la licitación del contrato para la Ruta del Sol 2 y el tercero, la presunta confesión del exsenador Otto Bula, otro condenado en este expediente, que al parecer ya le había dicho a la Fiscalía que los Sarmiento estuvieron involucrados “con los hechos objeto de esta investigación”.
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En ese contexto, el abogado Lombana en un artículo del periódico El Tiempo dijo que la solicitud de desarchivo exige de la presentación de pruebas nuevas y no existe en el acuerdo en el que fue condenado Corficolombiana, un solo elemento que no haya sido valorado por la fiscalía colombiana antes del archivo proferido a Sarmiento Gutiérrez el 26 de febrero de 2021. Dijo además que el Grupo Aval no fue mencionado siquiera en el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es el único que tiene índole penal, y concluyó que la sentencia no menciona ni al Grupo Aval ni a Corficolombiana, como conocedores de esos actos de corrupción.
Esas declaraciones ocasionaron la respuesta del secretario de transparencia, quien por medio de un comunicado dice que el abogado defensor se equivoca al decir que el Grupo Aval no fue mencionado en el acuerdo con las autoridades americanas. “El documento revela cómo el perdón a Corficolombiana se concedió por ser una empresa controlada por un sujeto obligado a cumplir con la ley de disposiciones contra el soborno y sobre libros y registros de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, esto es, el GRUPO AVAL, con ocasión de las operaciones que realiza en ese país. De no existir esa obligación ante las autoridades estadounidenses no le sería aplicable la justicia americana”, se lee en el comunicado.
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En este sentido, el secretario de transparencia, agrega que el acuerdo firmado es en esencia penal porque corresponden a hechos de soborno y concluye que el acuerdo hace expresa mención a un soborno no conocido en el país, es decir, que a un tercer funcionario público en Colombia le pagaron 3.4 millones de dólares. Por todo lo anterior, el funcionario del Gobierno Petro aclaró que esto nada tiene que ver con actos de persecución de ninguna naturaleza, sino con el propósito de que se aclaren los hechos.
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