“No me cansaré de pedir perdón por lo que hicimos”, decía "Ernesto Báez"

A sus 64 años, la semana pasada murió de un infarto en Medellín el exjefe paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, conocido en la guerra como Ernesto Báez. A pesar de que estuvo 11 años privado de la libertad desde el accidentado proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, nadie como él supo maniobrar ante el poder judicial para imponer su versión. Lo logró desde la perspectiva que trazó al llegar a prisión: adelantarse a contar la historia. Sin embargo, en él se resume la tragedia que vivió Colombia en las últimas décadas.

Nacido en mayo de 1955 en Aguadas (Caldas), desde sus años como estudiante de derecho en la Universidad de Caldas, sacó a relucir su condición política. A finales de los años 70, cuando los movimientos estudiantiles liderados por Bernardo Jaramillo Ossa les daban brega a los directivos del centro docente, Duque se inventó el Movimiento de Unidad para la Restauración Académica. Desde su postura institucional, logró conectarse con el ámbito laboral, de forma que se desempeñó en algunos cargos públicos y privados en Manizales.

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Además de profesor, jefe de control de calidad o inspector, fue alcalde del municipio de La Merced (Caldas). En esas vueltas conoció a Pablo Guarín Vera, político de La Dorada, con quien desde el primer día compartió la ideología de derecha. Guarín era también propietario del periódico quincenal Puerto Rojo que confrontaba el accionar de la guerrilla. En 1984 fue gestor de la proclamación de Puerto Boyacá como “primer fortín antisubversivo de Colombia”. Por esta conexión, Iván Roberto Duque se trasladó a ese municipio a finales de los años 80.

Con el respaldo de terratenientes de la región y el apoyo de oficiales de las Fuerzas Armadas, se constituyó en Puerto Boyacá la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), que se convirtió en una fachada del creciente paramilitarismo. Duque encajó en sus objetivos sin salirse de su órbita de asesor político. Fue en ese contexto en el que se convirtió en el líder del Movimiento de Restauración Nacional (Morena) que, sin control de las autoridades, surgió para defender la causa de las autodefensas.

No obstante, después del asesinato de Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, cambió la perspectiva del Estado respecto a Morena y el modelo de Puerto Boyacá y Acdegam quedó en la mira. En esa misma época, para la justicia ya era clara la conexión de esta organización con las masacres de campesinos en Urabá, Córdoba y el nordeste antioqueño, a través de un entramado criminal que involucraba a los capos de la droga, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Militares. Pero era tal su poder que hasta tuvo delegatario en la Asamblea Constituyente.

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El propio Duque contó, tiempo después, que él iba a ser el constituyente que el M-19 aceptó en su lista. Al final fue Augusto Ramírez Cardona, protagonista de un narcovideo que la justicia nunca quiso investigar a fondo. Lo cierto es que Iván Roberto Duque salió de esos enredos y terminó como secretario de Gobierno de Boyacá, donde lo alcanzó por primera vez el poder judicial. Señalado de nexos con el paramilitarismo, pasó algunos años en prisión. Pero salió libre justo en el momento en que Carlos Castaño le daba forma a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Cuando apareció en Córdoba en 1997, ya no llevaba su nombre de pila, sino que se hacía llamar Ernesto Báez de La Serna. Entonces, como otrora Morena, su idea era crear de forma paralela un partido político que se llamara Alianza por la Unidad Colombiana. Por algún tiempo, fue la sombra política de Carlos Castaño, pero tiempo después entraron en conflicto y Báez optó por cobijarse bajo la protección de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, jefes de la estructura llamada Bloque Central Bolívar.

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Hacia 2001, las AUC estaban convertidas en una máquina de barbarie y el ala narcotraficante le había ganado el pulso interno a Carlos Castaño. En ese contexto, presionada por la justicia norteamericana que empezó a pedir en extradición a sus líderes, la organización siguió maniobrando políticamente, con Ernesto Báez como uno de sus cerebros. Inicialmente, para cooptar el Estado a través de la política, ganando curules en el Congreso, las asambleas, concejos y alcaldías y, luego, a través de una negociación de paz con el gobierno Uribe.

La condición de Uribe era que la organización aceptara un cese de hostilidades y desmovilizara a sus frentes. A cambio, se diseñó un esquema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que tomó forma a través de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). A partir de ese momento, Iván Roberto Duque o Ernesto Báez se convirtió en el asesor de todos para maniobrar ante los fiscales. En lo personal, insistió en que lo suyo siempre fue ser ideólogo o comandante político, y que siempre se mantuvo ajeno a cualquier operación de carácter militar.

Esta postura le generó dilemas con la justicia, porque poco a poco sus víctimas lo fueron señalando de haber intervenido en al menos 20 homicidios y un secuestro. En particular, la Fiscalía lo sindicó del plagio de la excongresista Piedad Córdoba y del asesinato de la defensora Alma Rosa Jaramillo. Él se mantuvo siempre en su posición de seguir negando los cargos judiciales, atrincherándose a su condición de asesor político. No obstante, a través de Justicia y Paz, quedaron otras trazas de su recorrido paramilitar, incluso en su última etapa.

En concreto, sus incursiones en el Magdalena Medio hasta la toma de Barrancabermeja en 1998, donde, además, se dio a la tarea de imponer a los políticos de su alianza. De manera estratégica, dentro de los planes del Bloque Central Bolívar, fue determinante para la creación del Bloque Cacique Pipintá, que nunca se desmovilizó. Algunos dicen que no lo hizo por los planes mismos de Báez, pero sus lugartenientes en este frente paramilitar, al quedar descobijados de Justicia y Paz, emularon a Báez en sus manipulaciones a la justicia.

En 2008, se libró de ser extraditado a los Estados Unidos, cuando Uribe optó por enviar a cárceles de ese país a los 14 principales jefes del paramilitarismo. Dos años después, el Tribunal Superior de Bogotá pidió que fuera excluido de Justicia y Paz, pero tuvo el salvadidas de la Corte Suprema de Justicia porque se había convertido en testigo de cuanto proceso se abrió en la Fiscalía y necesitaba un declarante estrella. El caso más conocido fue su contribución al proceso penal que se abrió contra el general (r) Miguel Maza Márquez por el crimen de Luis Carlos Galán.

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Pero no fue el único. En 2007, el paramilitarismo le intentó hacer un montaje al magistrado investigador de la parapolítica, Iván Velásquez, a través de un sujeto conocido como Tasmania, y Báez resultó ser el hombre clave para develarlo. El exsenador Luis Alfredo Ramos Botero se vio enredado judicialmente, y fue el testimonio de Báez el que abrió el camino a la justicia para ese expediente, al testificar que Ramos se reunió con las autodefensas en la finca Bellanita, en Bello (Antioquia), en una cita planeada por Vicente Castaño. La idea era apoyar a Justicia y Paz.

También apareció testificando en el caso que se abrió contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, de quien aseguró tener una “estrecha relación” con Vicente Castaño. Gracias a sus declaraciones, se fortalecieron procesos contra los excongresistas Luis Alberto El Tuerto Gil y Luis Alfonso Riaño, pero quedó en deuda con la justicia frente a uno de los capítulos del que nunca se volvió a hablar: el surgimiento de la Asociación de Municipios Amigos de la Paz (Amipaz), que captó recursos de pueblos del Magdalena Medio para fortalecer la organización criminal.

A pesar de que conocía la letra menuda de las autodefensas, hasta que quedó libre en octubre de 2016, supo moverse estratégicamente y dedicarse a escribir libros ajenos a la guerra. Uno de ellos, sobre la colonización de Caldas en el siglo XIX. En su última época, tras la muerte sorpresiva de su hijo, se dedicó a participar en eventos de paz y contribuir a todo lo opuesto a lo que fue su vida. “Tenemos que reconocer el enorme daño que le causamos al país. No me cansaré nunca de pedir perdón a Colombia, a la historia y a Dios por lo que hicimos”.