
En el Catatumbo, las madres han preferido sacar a sus niños del territorio o mantenerlos encerrados en sus casas. No mandarlos al colegio y, si tienen que salir, lo hacen con ellos, por la preocupación de que sean reclutados por las disidencias de las Farc o el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Así lo manifestó Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, a El Espectador. El pasado 16 de noviembre, esta lideresa envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella en la que le pidió sostener caminos de diálogo e impulsar acuerdos humanitarios para enfrentar la violencia que golpea a los campesinos de la región, incluido el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados.
Desde 2019, las Madres del Catatumbo han luchado desde el territorio para evitar que más niños, niñas y adolescentes terminen en las filas de estructuras criminales de la región. De acuerdo con García, solo este año han logrado la recuperación de 40 menores, incluida la liberación de dos niñas esta semana. “Cuando ocurre un caso de reclutamiento, muchas familias ya conocen nuestra labor y nos llaman. Nosotros emitimos un comunicado pidiendo la liberación del menor y hacemos todo lo posible para gestionar una entrega humanitaria”, explicó la lideresa. La crisis es tal que, según sostuvo García, en el Catatumbo cada semana se registra el reclutamiento de entre cinco y siete menores. La mayoría no regresa a casa.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, solicitadas por este diario, entre el 7 de agosto y el 12 de noviembre de 2026, periodo que corresponde a los primeros meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella, el número de menores de edad reclutados aumentó un 118 % frente al mismo lapso de 2022, cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia. La entidad advirtió que las cifras suministradas están sujetas a variaciones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó que, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, se registraron 130 casos, mientras que Cauca fue el departamento con mayor número, con 37. Las disidencias al mando de alias “Iván Mordisco” lideran esta práctica ilegal, con el 27,7 %; la facción de alias “Calarcá”, con el 23,9 % y el Eln, con el 19,2 %.
Para María Mercedes Liévano, directora de Save the Children en Colombia, este panorama es una “señal extremadamente preocupante”. Sin embargo, aclara que no se puede atribuir a casi 100 días de Gobierno “un fenómeno que responde a problemas estructurales acumulados durante décadas y que venía mostrando una tendencia creciente”. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ya había advertido un aumento del 300 % en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes entre 2019 y 2024. “Más que un fenómeno nuevo históricamente subestimado, estamos frente a la agudización de una crisis que venía siendo advertida desde hace más de cuatro años, con el crecimiento y la fragmentación de grupos, y hoy resulta imposible ignorar”, advirtió Liévano.
Desde el territorio, Carmen García señala que este aumento responde al abandono del Estado en las regiones apartadas. “Nosotras ya habíamos alertado del aumento de los enfrentamientos entre estos dos actores y los gobiernos anteriores no prestaron atención. Al desbordarse una pelea entre dos grupos y al estar matándose entre ellos, necesitan más jóvenes para la guerra, para seguir enfrentándose entre ellos, y ahí incrementa el reclutamiento forzado”, explicó la lideresa. Asimismo, sostiene que la mayoría de los casos se dan en medio de retenes ilegales de los grupos a las afueras de las veredas: “Los niños salen a la escuela o a hacer un mandado y son retenidos por estos grupos y no vuelven a aparecer. También se los están llevando desde las canchas de fútbol o camino al colegio”.
Sin embargo, García no atribuye este aumento de casos únicamente a las confrontaciones entre los grupos armados, pues sostiene que la ofensiva militar también es un factor que debe tenerse en cuenta. “El Gobierno está llegando con bombas y ataques, pero no con escuelas y proyectos para que los niños tengan lugares seguros. Esto también deja a los jóvenes más expuestos al reclutamiento”. Sobre este punto coincidió Matthew Charles, director de la Fundación Mi Historia, que acompaña a jóvenes que han logrado salir de las filas de los grupos armados: “A través de investigaciones hemos identificado que, si hay más operativos militares o si hay una rivalidad muy grande con otro grupo, los casos aumentan. Al estar estos actores más amenazados, requieren más personas en sus filas”.
Frente a esta ofensiva militar, el experto sostiene que es más necesaria una respuesta integral del Estado para prevenir el reclutamiento. “La prevención es el gran desafío y como Estado vamos mejorando, pero falta mucho por hacer. Es necesario llegar a esas zonas mucho antes que los grupos armados para fortalecer la resiliencia de la comunidad y de los jóvenes”, explicó Charles. Asimismo, sostuvo que el principal reto es la articulación interinstitucional: “La coordinación es algo que necesitamos mejorar para asegurar que los recursos lleguen a las zonas donde más los necesitan y se priorice la atención de estos temas. En estos casos, como Estado, todos tenemos que compartir la responsabilidad”.
En esa línea, la directora de Save the Children coincidió en que “Colombia ha avanzado en su marco normativo y de políticas, pero la efectividad sigue limitada por la desarticulación institucional y una financiación insuficiente, concentrada principalmente en atender las consecuencias del reclutamiento y no en prevenirlo”. El estudio de costeo de la Política de Infancia y Adolescencia de Save the Children y la Universidad Javeriana evidencia que la mayor parte de los recursos de protección se orientan a la atención y el restablecimiento de derechos, incluidos los programas para niños desvinculados. Mientras tanto, “la prevención recibe recursos marginales”, con solo COP 20.000 millones, una cifra que, a juicio de la oenegé, resulta insuficiente frente a los 194 municipios clasificados con alto riesgo por esta práctica ilegal.
Sobre las fallas institucionales que deben ser atendidas con urgencia, Save the Children sostiene que es necesario fortalecer la presencia territorial del Estado y generar mayor confianza en la ciudadanía para denunciar. “En muchas comunidades bajo control armado, las familias temen represalias o no tienen certeza de que recibirán protección. Por eso se requieren canales de denuncia seguros y confidenciales, articulados con escuelas, organizaciones comunitarias y autoridades locales y étnicas”. Asimismo, la directora Liévano advierte que los programas de prevención deben llegar a “entornos educativos, familiares y digitales”, además de fortalecer la identificación de nuevas modalidades de captación mediante redes sociales y plataformas digitales.
Ante una respuesta institucional que resulta limitada, organizaciones como las Madres del Catatumbo hacen lo que está en sus manos para mantener a los niños fuera del conflicto. “La estrategia que hemos implementado nosotras es realizar partidos de fútbol para mantener a los jóvenes ocupados. En las escuelas, estar muy pendientes de cada uno de los muchachos para protegerlos. Pero lamentablemente es poco lo que podemos hacer en este momento. Por eso dirigimos una carta al presidente De la Espriella para que se busquen los mecanismos y se dé la oportunidad de diálogos en el territorio”.
Aunque Matthew Charles reconoce el valor de estas organizaciones para prevenir el reclutamiento de menores y resalta también las labores de las guardias campesinas e indígenas, advierte que esta no es una responsabilidad de los civiles. “Sacar a los jóvenes de los grupos armados es una responsabilidad del Estado y, aun así, estas organizaciones sociales lo hacen y asumen un riesgo muy grande. Por ejemplo, la guardia indígena negocia directamente con los grupos armados si hay un joven indígena que está en peligro. Eso es muy valiente, pero también muestra una falencia institucional. Por eso las operaciones militares no son suficientes y el Estado debe tomar mayor responsabilidad”, sostuvo el experto.
Save the Children sostuvo que esa responsabilidad no termina en el momento en que un menor logra salir de las filas: “Esto no significa que termine la violencia ni que desaparezcan los riesgos. Los testimonios de sobrevivientes recogidos por nuestra oenegé muestran que muchos enfrentan amenazas, estigmatización, dificultades para regresar a la escuela, traumas y enormes desafíos para recuperar la confianza de sus familias y comunidades”. Frente a esto, la directora Liévano señaló que la primera garantía es la seguridad, no solamente del niño o la niña, sino también de su familia. A ello deben sumarse la atención psicosocial especializada y sostenida, el acceso a la salud, la educación flexible, las oportunidades de formación y el acompañamiento para reconstruir su proyecto de vida.
El mensaje de las madres del Catatumbo es claro: “No parimos hijos para la guerra: los queremos vivos, libres y con futuro”. En diálogo con este diario, Carmen García reiteró su llamado al mandatario De la Espriella. “Lo que nosotros le pedimos al señor presidente es buscar la manera de darles oportunidades a los jóvenes de empleo y educación. Que apoyen y protejan a asociaciones como la nuestra. Estamos haciendo todo para resistir en el territorio y seguir protegiendo a nuestros niños y niñas”. Al igual que García, muchas otras mujeres del Catatumbo esperan una pronta respuesta del Estado para que, según sus cifras, los más de 100 jóvenes que siguen retenidos por los grupos puedan volver a casa con sus madres.
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