Nueve organizaciones denuncian sistematicidad en asesinatos de líderes sociales
Nueve organizaciones sociales presentaron un informe sobre el asesinato contra líderes sociales en el Pacífico y sur de Córdoba desde 2016 (año en que se firmó el Acuerdo de Paz) hasta 2020. Encontraron que se perpetraron 255 homicidios, hay persecución contra el movimiento Marcha Patriótica y la Fiscalía, denuncian, incurriría en “malas prácticas” a la hora de publicar las cifras.
Un reciente informe de nueve organizaciones sociales nacionales e internacionales revelaría que el asesinato contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, lejos de representar hechos aislados, estarían precedidos por patrones de sistematicidad. El estudio se enfocó en las regiones del norte del Cauca, Urabá antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato chocoano y sur de Córdoba, entre noviembre de 2016 (un mes antes de que se firmara el Acuerdo de Paz con las Farc) y junio de 2020.
En contexto: Entre 2016 y 2020 han asesinado 753 líderes: Defensoría a Fiscalía.
La investigación fue elaborada por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam y Diakonia. Indica que en ese periodo, en los lugares abordados, 255 personas fueron asesinadas, de las cuales 213 eran defensores y líderes sociales, y 42 eran excombatientes de las Farc que le habían apostado a la paz, luego de firmar el Acuerdo Final. Según las organizaciones, en todos los casos se repite el mismo hecho violatorio de derechos humanos, eslos crímenes.
Asimismo, otra de las características que permitiría vincular los crímenes con una posible sistematicidad es que las víctimas tienen una conexión entre sí, como el liderazgo para una comunidad en las Juntas de Acción Comunal, en resguardos indígenas, en movimientos campesinos o en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son espacios con los cuales se busca transformar las regiones más afectados por la violencia, pobreza, economías ilícitas y la debilidad institucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha alertado sobre la situación en 2019: “frente a la situación de violencia que afecta a las personas defensoras, preocupa a la CIDH la falta de estadísticas oficiales y de un registro detallado, desagregado y unificado de las agresiones contra este grupo, así como los altos niveles de impunidad en relación con las investigaciones por los delitos cometidos contra estos colectivos. La impunidad constituye un factor que aumenta el riesgo de las y los defensores, pues los deja en una situación de indefensión y desprotección que favorece la repetición de estos delitos”.
De acuerdo con el informe conocido por El Espectador, el 90% de los asesinatos contra defensores y líderes sociales ocurrieron en zonas altamente afectadas por el conflicto armado y la falta de presencia estatal, donde incluso se desplegaron PDET. Por otro lado, el 80% de los crímenes se presentaron en zonas con presencia de cultivos ilícitos desde 2016. “Casi en su totalidad, los municipios seleccionados tuvieron tasas de homicidio por encima de 10 por cada 100 mil habitantes durante los 5 años estudiados, que la OMS considera el umbral de ‘violencia endémica’”, agregan las organizaciones.
Norte del Cauca, un conflicto por la tierra
“La conflictividad en este territorio presenta una primera característica relacionada con reclamos históricos de las comunidades indígenas sobre tierras hoy ocupadas por agroindustrias de caña de azúcar. Estos enfrentamientos fueron el escenario del asesinato de siete líderes -tres en Caloto y cuatro en Corinto- que participaban en protestas y labores de liberación de la madre tierra, reprimidas por efectivos del Ejército, la Policía y el ESMAD, así como por acción de la guardia privada de un ingenio, en uno de los casos”, explican las organizaciones.
Antecedentes: En 2021 han asesinado a un líder social cada dos días, según registros de Indepaz.
En el Norte del Cauca, se registró en el informe, las disidencias de las Farc toman represalias contra las comunidades indígenas que se oponen a la siembra de cultivos ilícitos y al uso del territorio como autopista de droga para las demás regiones. Líderes sociales de la zona denuncian que, si bien hay una fuerte presencia del Ejército, los mismos agentes militares enfocarían sus operaciones en fincas ganaderas. En el Norte del Cauca se registró el asesinato de 133 defensores y líderes sociales, de los cuales 120 eran hombres. Habría una persecución al movimiento político Marcha Patriótica, pues 25 de sus miembros fueron asesinados.
Urabá Antioqueño y Bajo Atrato Chocoano, trabas en procesos de restitución
La conflictividad en esa región del Pacífico se debe a una serie de conflictos por la tierra entre comunidades étnicas y campesinas, frente a empresarios agroindustriales, situación heredada de los desplazamientos y despojos sufridos a finales de a década del 90′. “Los procesos de retorno y restitución han encontrado la oposición de terratenientes y empresarios, a quienes la población señala de ser los presuntos autores de algunos asesinatos”, denuncian las organizaciones. Por otro lado, el Clan del Golfo se habría apoderado de las zonas de selva espesa y de las principales rutas de narcotráfico hacía Panamá.
En el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato Chocoano se registró el asesinato de 21 defensores y líderes sociales, siendo los liderazgos comunales, excombatientes Farc, afrodescendientes y líderes que buscan la restitución de tierras para las personas más vulnerables. Los municipios más atacados son Riosucio, Turbo y Apartadó. Tales han sido las trabas para acceder a la restitución, que el 11 de abril de 2018, una patrulla de la Policía fue atacada con explosivos cuando acompañaba una delegación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en la vía que condice a la vereda El Tomate en Urabá. Ocho agentes murieron.
Sur de Córdoba, el pulso entre Los Caparros y el Clan del Golfo
Según el informe conocido por este diario, grupos armados organizados como Los Caparros y el Clan del Golfo controlan las comunidades del sur de Córdoba mediante vigilancia permanente e imposición de normas de conducta. “Líderes entrevistados señalan la fuerte presencia de las fuerzas armadas, pero, al mismo tiempo, la poca confianza en ellas, pues los casos denunciados son rápidamente conocidos por los grupos armados que hacen presencia en la zona, siendo los denunciantes, víctimas de amenazas e intimidaciones”, explican en el documento.
Lea también: Líderes sociales asesinados en 2020 fueron 66, dice el Gobierno, en contraste con otras cifras.
En el sur de Córdoba fueron asesinados 31 líderes sociales y defensores de DD.HH. De esas víctimas, diez participaban del programa de sustitución de cultivos ilícitos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), a corte de 2019 hay 2.877 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos en la región. Los municipios más golpeados por homicidios y amenazas se presentaron en Tierralta y San José de Uré.
Crítica a la Fiscalía
La Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam y Diakonia firmaron que durante el proceso de investigación encontraron dificultades para acceder a información sobre los crímenes y el posterior juzgamiento de los mismos asesinatos. Aseguran que es escasa la información que se puede encontrar en el portal de la Rama Judicial y en los comunicados de prensa de la Fiscalía. Según la denuncia, de los 255 casos, solo se encontró actividad judicial de 52.
Lea también: Los cuestionamientos a la Fiscalía sobre los asesinatos de defensores de DDHH.
Las organizaciones incluso dijeron que la Fiscalía presentaría de forma regular sus cifras: “Dentro de esas malas prácticas se encuentra el abordar categoría de esclarecimiento, en relación con fases de la investigación que no reportan datos sobre los móviles, los responsables, los determinadores, los autores materiales y las estructuras o alianzas que han posibilitado o agenciado esta serie de crímenes. Otra mala práctica se identifica al no incluir los casos documentados por la Defensoría ni por fuentes de las organizaciones de la sociedad civil”, concluyen en el documento.
Un reciente informe de nueve organizaciones sociales nacionales e internacionales revelaría que el asesinato contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, lejos de representar hechos aislados, estarían precedidos por patrones de sistematicidad. El estudio se enfocó en las regiones del norte del Cauca, Urabá antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato chocoano y sur de Córdoba, entre noviembre de 2016 (un mes antes de que se firmara el Acuerdo de Paz con las Farc) y junio de 2020.
En contexto: Entre 2016 y 2020 han asesinado 753 líderes: Defensoría a Fiscalía.
La investigación fue elaborada por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam y Diakonia. Indica que en ese periodo, en los lugares abordados, 255 personas fueron asesinadas, de las cuales 213 eran defensores y líderes sociales, y 42 eran excombatientes de las Farc que le habían apostado a la paz, luego de firmar el Acuerdo Final. Según las organizaciones, en todos los casos se repite el mismo hecho violatorio de derechos humanos, eslos crímenes.
Asimismo, otra de las características que permitiría vincular los crímenes con una posible sistematicidad es que las víctimas tienen una conexión entre sí, como el liderazgo para una comunidad en las Juntas de Acción Comunal, en resguardos indígenas, en movimientos campesinos o en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son espacios con los cuales se busca transformar las regiones más afectados por la violencia, pobreza, economías ilícitas y la debilidad institucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha alertado sobre la situación en 2019: “frente a la situación de violencia que afecta a las personas defensoras, preocupa a la CIDH la falta de estadísticas oficiales y de un registro detallado, desagregado y unificado de las agresiones contra este grupo, así como los altos niveles de impunidad en relación con las investigaciones por los delitos cometidos contra estos colectivos. La impunidad constituye un factor que aumenta el riesgo de las y los defensores, pues los deja en una situación de indefensión y desprotección que favorece la repetición de estos delitos”.
De acuerdo con el informe conocido por El Espectador, el 90% de los asesinatos contra defensores y líderes sociales ocurrieron en zonas altamente afectadas por el conflicto armado y la falta de presencia estatal, donde incluso se desplegaron PDET. Por otro lado, el 80% de los crímenes se presentaron en zonas con presencia de cultivos ilícitos desde 2016. “Casi en su totalidad, los municipios seleccionados tuvieron tasas de homicidio por encima de 10 por cada 100 mil habitantes durante los 5 años estudiados, que la OMS considera el umbral de ‘violencia endémica’”, agregan las organizaciones.
Norte del Cauca, un conflicto por la tierra
“La conflictividad en este territorio presenta una primera característica relacionada con reclamos históricos de las comunidades indígenas sobre tierras hoy ocupadas por agroindustrias de caña de azúcar. Estos enfrentamientos fueron el escenario del asesinato de siete líderes -tres en Caloto y cuatro en Corinto- que participaban en protestas y labores de liberación de la madre tierra, reprimidas por efectivos del Ejército, la Policía y el ESMAD, así como por acción de la guardia privada de un ingenio, en uno de los casos”, explican las organizaciones.
Antecedentes: En 2021 han asesinado a un líder social cada dos días, según registros de Indepaz.
En el Norte del Cauca, se registró en el informe, las disidencias de las Farc toman represalias contra las comunidades indígenas que se oponen a la siembra de cultivos ilícitos y al uso del territorio como autopista de droga para las demás regiones. Líderes sociales de la zona denuncian que, si bien hay una fuerte presencia del Ejército, los mismos agentes militares enfocarían sus operaciones en fincas ganaderas. En el Norte del Cauca se registró el asesinato de 133 defensores y líderes sociales, de los cuales 120 eran hombres. Habría una persecución al movimiento político Marcha Patriótica, pues 25 de sus miembros fueron asesinados.
Urabá Antioqueño y Bajo Atrato Chocoano, trabas en procesos de restitución
La conflictividad en esa región del Pacífico se debe a una serie de conflictos por la tierra entre comunidades étnicas y campesinas, frente a empresarios agroindustriales, situación heredada de los desplazamientos y despojos sufridos a finales de a década del 90′. “Los procesos de retorno y restitución han encontrado la oposición de terratenientes y empresarios, a quienes la población señala de ser los presuntos autores de algunos asesinatos”, denuncian las organizaciones. Por otro lado, el Clan del Golfo se habría apoderado de las zonas de selva espesa y de las principales rutas de narcotráfico hacía Panamá.
En el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato Chocoano se registró el asesinato de 21 defensores y líderes sociales, siendo los liderazgos comunales, excombatientes Farc, afrodescendientes y líderes que buscan la restitución de tierras para las personas más vulnerables. Los municipios más atacados son Riosucio, Turbo y Apartadó. Tales han sido las trabas para acceder a la restitución, que el 11 de abril de 2018, una patrulla de la Policía fue atacada con explosivos cuando acompañaba una delegación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en la vía que condice a la vereda El Tomate en Urabá. Ocho agentes murieron.
Sur de Córdoba, el pulso entre Los Caparros y el Clan del Golfo
Según el informe conocido por este diario, grupos armados organizados como Los Caparros y el Clan del Golfo controlan las comunidades del sur de Córdoba mediante vigilancia permanente e imposición de normas de conducta. “Líderes entrevistados señalan la fuerte presencia de las fuerzas armadas, pero, al mismo tiempo, la poca confianza en ellas, pues los casos denunciados son rápidamente conocidos por los grupos armados que hacen presencia en la zona, siendo los denunciantes, víctimas de amenazas e intimidaciones”, explican en el documento.
Lea también: Líderes sociales asesinados en 2020 fueron 66, dice el Gobierno, en contraste con otras cifras.
En el sur de Córdoba fueron asesinados 31 líderes sociales y defensores de DD.HH. De esas víctimas, diez participaban del programa de sustitución de cultivos ilícitos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), a corte de 2019 hay 2.877 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos en la región. Los municipios más golpeados por homicidios y amenazas se presentaron en Tierralta y San José de Uré.
Crítica a la Fiscalía
La Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam y Diakonia firmaron que durante el proceso de investigación encontraron dificultades para acceder a información sobre los crímenes y el posterior juzgamiento de los mismos asesinatos. Aseguran que es escasa la información que se puede encontrar en el portal de la Rama Judicial y en los comunicados de prensa de la Fiscalía. Según la denuncia, de los 255 casos, solo se encontró actividad judicial de 52.
Lea también: Los cuestionamientos a la Fiscalía sobre los asesinatos de defensores de DDHH.
Las organizaciones incluso dijeron que la Fiscalía presentaría de forma regular sus cifras: “Dentro de esas malas prácticas se encuentra el abordar categoría de esclarecimiento, en relación con fases de la investigación que no reportan datos sobre los móviles, los responsables, los determinadores, los autores materiales y las estructuras o alianzas que han posibilitado o agenciado esta serie de crímenes. Otra mala práctica se identifica al no incluir los casos documentados por la Defensoría ni por fuentes de las organizaciones de la sociedad civil”, concluyen en el documento.